132 millones al año. Es el coste que la Comisión Europea estima para hacer oficiales el catalán, el euskera y el gallego en la UE. Un gasto –44 millones por cada idioma, según el informe de la Comisión Europea que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso elDiario.es– que asumiría España, tal y como se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez, a cambio de que los 27 aceptaran la propuesta, inédita dado que en las instituciones oficiales hay actualmente 24 lenguas oficiales y todas ellas tienen carácter estatal. Pero ese fue uno de los compromisos que el PSOE adoptó con las fuerzas independentistas en el marco de la negociación de la investidura y, aprovechando su posición como presidencia rotatoria del Consejo de la UE, la llevó a discusión con el resto de gobiernos en tiempo récord. Socios europeos, como Suecia, Letonia, Lituania o Finlandia, entre otros, expresaron reservas y la decisión fue encargar un informe a la Comisión Europea sobre las implicaciones jurídicas y económicas de esa medida.
La presidencia española ha vuelto a incluir el debate sobre la modificación del reglamento del régimen lingüístico de la UE en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales que se celebra el próximo martes. Algunos estados miembros han mostrado, en privado, su sorpresa por la inclusión de nuevo de ese punto en el orden del día dado que esta jueves aún no habían recibido siquiera el informe que se le había encargado a la Comisión Europea por lo que no se espera que se tome una decisión al respecto. El informe de la Comisión Europea está fechado el 6 de diciembre.
La cifra de 132 millones de euros sale de la estimación financiera que hizo la Comisión Europea para la inclusión del gaélico en el régimen de lenguas oficiales en la UE en 2015. En aquel momento, calculó 37 millones de euros para una lengua, pero la cifra aumenta a 44 millones por la indexación de un 2% de los precios en la actualidad. No obstante, el informe de Bruselas deja claro que se trata de una estimación preliminar y que, una vez que el Consejo de la UE aceptara la propuesta formalmente, tendrían que elaborar una propuesta en firme, que tardaría unos seis meses.
“Los costes de añadir una lengua oficial dependen de la facilidad de contratación de personal para traducción, interpretación, revisión jurídica y publicaciones para las instituciones y organismos de la UE, incluidos los organismos de la UE y las agencias descentralizadas legalmente obligadas a aplicar el Reglamento nº 1/58, y los costes de organización de los procedimientos de oposición y selección. En función de la reserva disponible de de traductores e intérpretes cualificados, que puede variar en función de la lengua, habrá que determinar y organizar con las autoridades españolas una formación específica”, expresa el texto de la Secretaría General de la Comisión Europea.
Más allá de los motivos económicos, que el Gobierno español trató de aplacar rápidamente prometiendo al resto de países que correría con los gastos, algunos socios europeos tienen reticencias hacia la propuesta por si eso puede abrir una espita para otras lenguas regionales o minoritarias. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, trató de establecer la 'especificidad española' al plantear la oficialidad de las lenguas bajo algunas premisas como el hecho de que se hablan en el Parlamento español, que están reconocidas en la Constitución y que ya cuentan con un régimen de semi-oficialidad en la UE.
En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo administrativo para que catalán, euskera y gallego pudieran utilizarse en algunas situaciones. Así, prevé que haya interpretación pasiva (aquella en la que el intérprete comprende la lengua y la traslada a otra lengua) en las reuniones ministeriales del Consejo de la UE y en las plenarias del Comité de las Regiones si previamente se realiza una solicitud “con antelación suficiente”.
Por el momento, ese acuerdo para usar las lenguas cooficiales en las instituciones ha supuesto sólo 60.000 euros para la administración central en siete años. En el caso del Consejo, las interpretaciones a las lenguas cooficiales no ha repercutido en ningún coste a la administración española dado que están “están siendo realizadas por los propios servicios de interpretación de la UE”, según explica el director general de Integración y Coordinación de Asuntos generales de la UE, Salvador Rueda Rabanal, en una respuesta canalizada a elDiario.es a través del Portal de Transparencia.
“El único coste directo, y que da lugar a facturas que son cubiertas por los presupuestos del Estado español, son las interpretaciones pasivas a las lenguas cooficiales distintas del castellano realizadas en las reuniones plenarias del Comité de las Regiones”, señala la resolución. Entre 2016 y 2022, el gasto ha ascendido a 59.429 euros. Cada año oscila los 10.000 euros –el mínimo, 8.964 euros, en 2019, y el máximo, 10.995 euros, en 2017–, a excepción de 2020 en el que no hubo ningún coste debido a la pandemia.
El acuerdo suscrito también permite que los ciudadanos se dirijan en catalán, euskera y gallego al resto de instituciones (Comisión Europea, el Comité· Económico y Social, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y reciban la respuesta en la misma lengua. “Dichas traducciones no generan un coste directo para la administración central, ya que las solicitudes de traducción son remitidas a cada uno de los organismos designados en las comunidades autónomas donde existe una lengua co-oficial distinta del castellano, y son estos organismos los encargados de realizar las traducciones con sus propios medíos”, señala el ministerio en su resolución.
El informe también apunta a la necesidad de un “periodo de introducción gradual” para la implementación de esas lenguas, que en el caso del gaélico fue de cinco años.
El Gobierno dijo que priorizaría la oficialidad del catalán sobre el euskera y el gallego. “Hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y luego con las siguientes lenguas”, afirmó Albares en un paso que aplaudió Junts, pero que revolvió al PNV.