El Ejecutivo búlgaro ha retirado hoy el proyecto de ley para ratificar el convenio europeo contra la violencia machista y que ha estado a punto de causar una crisis de Gobierno debido a la oposición de uno de los partidos de la coalición.
“El motivo de la retirada es que el 8 de febrero 75 diputados pidieron al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre si el convenio encaja en Constitución, antes de su ratificación. Hasta el momento el Tribunal Constitucional no emitido una su resolución”, justificó el Gobierno en un comunicado.
El pasado 15 de febrero, el primer ministro búlgaro, el populista conservador Boiko Borisov, anunció que el documento no sería sometido a la ratificación del Parlamento hasta que no hubiera suficiente consenso en la sociedad al respecto.
Borisov explicó entonces que su formación, la populista GERB, retiraría el documento porque no cuenta con el apoyo de su socio de Gobierno, el ultranacionalista y xenófobo Patriotas Unidos, ni del Partido Socialista, el principal de la oposición, que condicionó su apoyo a que se celebrara un referéndum sobre el tema.
Hoy mismo, el Parlamento rechazó una propuesta socialista para celebrar esa consulta.
Tanto Patriotas Unidos como la Iglesia alertaron de que la ratificación del documento fomentará el matrimonio homosexual y permitirá la aceptación de un tercer género.
El partido ultra amenazó con romper la coalición de Gobierno si el GERB llevaba la ratificación al Parlamento.
Por su parte, el jefe del Estado, el prorruso Rumen Radev, argumentó que partes del convenio van contra el sistema de valores de la sociedad búlgara.
Bulgaria firmó ya en 2016 su adhesión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, pero su Parlamento aún tenía que ratificarlo.
El Convenio de Estambul es el primer instrumento vinculante para enfrentar la violencia contra las mujeres y obliga a los Gobiernos a establecer medidas de prevención del maltrato, protección de las víctimas y persecución de los agresores.
Ha sido firmado por 45 de los 47 socios del Consejo de Europa, todos menos Azerbaiyán y Rusia, y entró en vigor en 2014.