El policía Andrés Gómez Gordo ha jurado este jueves como comisario mientras aguarda la decisión de la Audiencia Nacional sobre su posible imputación en el caso Villarejo. El policía de cabecera de María Dolores de Cospedal alcanza el segundo rango más alto en el Cuerpo once días después de que eldiario.es revelara que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Diego de Egea que lo cite a declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas y su familia con fondos reservados.
Gómez Gordo integra el medio centenar de agentes que ha protagonizado la jura y entrega de actas de la XVIII promoción de comisarios del Cuerpo Nacional de Policía en el complejo policial de Carabanchel, donde se ha desarrollado el curso de ascenso. El acceso a ese curso supone en la práctica el ascenso posterior a comisario y a él llegó Gómez Gordo por una decisión de la última cúpula policial del PP, después de haber suspendido la anterior convocatoria.
En el tribunal que examinó y aprobó a Gómez Gordo estaba uno de los dos máximos responsables operativos de la Policía en tiempos de Juan Ignacio Zoido, el jefe de la Brigada Central de Información e Investigación Juan Carlos Ortiz. Este comisario principal fue antiguo jefe superior de Castilla-La Mancha y es otro policía próximo a María Dolores de Cospedal.
Además de a Gómez Gordo, Anticorrupción ha solicitado la imputación de otros cuatro mandos y del policía Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas durante la Operación Kitchen. Andrés Gómez Gordo habría sido el encargado de contactar con el chófer, al que conocía de su paso por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
A la jura solo han tenido acceso los mandos policiales y las familias y amigos de los nuevos comisarios. El acto ha estado presidido por el actual director del Cuerpo, Francisco Pardo, quien ha conminado a los nuevos comisarios a mantener “un elevado sentido de la ética”. “La Policía Nacional es sobre todo Ley. Para los ciudadanos representa la aplicación de la Ley, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Ley. Por tanto, reaccionad frente a los vicios y torpezas de unos cuantos para que sus acciones no empañen el nombre de nuestra institución”, ha dicho el director de la Policía.
El juez De Egea espera a tener en su poder el dosier del Ministerio del Interior sobre la Operación Kitchen para decidir sobre las solicitudes de imputación de Gómez Gordo y el resto de policías que le presentó la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes jurídicas, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido este mismo jueves a la Audiencia Nacional la documentación que le solicitó el magistrado, después de que el Consejo de Ministras accediera el pasado 7 de diciembre a levantar el secreto de una operación sufragada con fondos reservad
Los plazos apuntan a que podría ser el próximo instructor, Manuel García Castellón, quien decida sobre la imputación de Andrés Gómez Gordo y de los también comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, y el antiguo director adjunto operativo de la Policía en el Gobierno del PP, Eugenio Pino. El juez De Egea ha renunciado a la posibilidad de seguir en comisión de servicios que le mantenía en la Audiencia Nacional desde el verano de 2017 y que finaliza el próximo 31 de diciembre. De Egea ya ha citado como imputado al policía Sergio Ríos, pero el exchófer de Bárcenas se negó a declarar el pasado 12 de diciembre.
El chófer de la familia Bárcenas cobró 2.000 euros mensuales -una cantidad desmesurada para un confidente- durante dos años. A cambio, entregó documentación y reveló información a sus superiores sobre los movimientos de Rosalía Iglesias mientras Bárcenas estaba en la cárcel. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.
Gómez Gordo estaba en ese momento fuera de la Policía con una excedencia. Era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando captó en 2013 a Sergio Ríos Esgueva para esa labor de espionaje de la brigada política. En realidad, Gómez Gordo era el jefe de escolta de Cospedal y el hombre para todo de la presidenta autonómica. Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo.
Gómez Gordo coincidió con el chófer durante la etapa en la que ejerció de asesor del exvicepresiente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, imputado por graves delitos en la Operación Púnica. Ríos era el chófer de Granados en su etapa de consejero de Justicia.
El anterior trabajo de Gómez Gordo también había sido fuera de la Policía. El entonces inspector jefe se había empleado en la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia con un sueldo mensual de 6.000 euros. La oposición madrileña calcula que el faraónico proyecto del PP en Madrid supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar.
El inspector jefe volvió a Madrid semanas antes de que la entonces secretaria general del PP perdiera el Gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía. Sin embargo, el entonces inspector jefe compaginó durante meses su puesto en la UDEF con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016. En ese periodo, y a los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio equivalente al 10% de su salario mensual.
Interior ha decidido que el primer destino de Gómez Gordo como comisario sea el de jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la provincia de Alicante, han informado a eldiario.es fuentes policiales. En el caso de que fuera imputado, la Dirección de la Policía debería abrir un expediente disciplinario que quedaría paralizado hasta que hubiera sentencia firme. Previsiblemente, el comisario seguiría entre tanto destinado en su puesto.