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Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Calvo insiste en que la ley de 1986 recoge “muchísimos instrumentos” para “reaccionar” tras el estado de alarma

JFMR/PAU

MADRID —

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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este miércoles que la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública ya recoge “muchísimos instrumentos” para “reaccionar de muchas maneras” una vez finalice el actual estado de alarma el próximo 9 de mayo.

En declaraciones a los medios antes de participar en la jornada sobre 'La Segunda República Española, 90 años después, 1931-2021', en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-CEPC, Calvo ha recordado que el estado de alarma es una “situación muy excepcional que hay que mantener el tiempo que se necesite, pero no más”.

“La ley de 1986 tiene muchísimo instrumentos. Las comunidades autónomas lo saben. Este país tiene una legislación sanitaria que le permite reaccionar de muchas maneras”, ha explicado Calvo.

En este contexto, la número 'dos' del Ejecutivo ha acusado al PP de intentar “aminorar garantías judiciales de los derechos y de las libertades de este país”, algo que, a su juicio, “no casa bien con lo que dicen” los 'populares' en Europa.

Así, ha recalcado que desde la formación presidida por Pablo Casado se han intentado “aflojar garantías judiciales”, en referencia a la resolución del Tribunal Supremo que tumbó el adelanto a las 20.00 horas del toque de queda en Castilla y León y por la modificación de la ley de Salud de Galicia, por la que el Ejecutivo presentó un recurso de inconstitucionalidad.

En opinión de Calvo, en Castilla y León el Supremo “le tuvo que decir” al gobierno autonómico “que estaba incumpliendo el decreto del estado de alarma”. “Y en Galicia ha pretendido vulnerar derechos fundamentales y hemos tenido que ir al TC. El mundo al revés. El partido que intenta aflojar garantías judiciales es el PP con esto que propone”, ha dicho en referencia a la propuesta de los 'populares' del 'plan b' jurídico tras decaer el estado de alarma.