El Gobierno francés ha establecido el 21 de diciembre del 2016 como fecha límite para desmantelar el polémico campamento de Calais, donde malviven varios miles de inmigrantes mientras aguardan para cruzar clandestinamente al Reino Unido o regularizar su situación en Francia.
“Todavía no hemos establecido una fecha para iniciar el desmantelamiento (...). Lo único que podemos indicar es que este deberá ocurrir antes del invierno, es decir, antes del 21 de diciembre”, precisaron a EFE fuentes oficiales.
Estas fuentes indicaron que están trabajando en la movilización de 9.000 nuevos plazas en los conocidos Centros de Acogida y Orientación (CAO) para poder recolocar a los evacuados en puntos repartidos por toda Francia.
“Todos los inmigrantes serán entonces acogidos en los CAO situados por todo el país. Allí encontrarán un lugar digno donde se les podrá acompañar en el proceso de asilo”, señalaron.
No obstante, esta reubicación se enfrenta a la oposición de numerosos alcaldes y dirigentes regionales del centro-derecha y de la extrema derecha francesa, que alertan del riesgo de que proliferen situaciones como la que se dan en Calais.
Miles de inmigrantes -muchos de ellos demandantes de asilo originarios de países pobres e inestables como Sudán, Afganistán o Eritrea- están hacinados en un precario e insalubre campamento a las afueras de Calais, sin saneamiento básico y repleto de tiendas de campaña y chabolas.
Según los cálculos del Gobierno, el número de habitantes de este emplazamiento han crecido de los 400 contabilizados en abril de 2014 hasta los 6.900 registrados en el último recuento de este verano (las ONG estiman que la población llega hasta los 12.000).
Esta cifra oficial de 6.900, la más alta de los últimos años, incluye a 861 menores de edad, en línea con los cálculos de las ONG.
El contingente de fuerzas policiales desplegadas en Calais y en los alrededores ascienden a 2.100, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por EFE, que insistieron en que el Gobierno galo está comprometido a luchar contra los traficantes que ofrece sus servicios a los inmigrantes para cruzar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido.
“El Gobierno lucha contra las redes de traficantes con la ayuda de una brigada específica compuesta por un centenar de policías”, hicieron notar las fuentes.
La conflictividad ha sido otra nota común en los últimos meses en Calais.
Son comunes las cargas policiales en el campo de inmigrantes, que, muchas veces, suceden en respuesta a los grupos de chavales que intentan bloquear la autopista anexa para detener a los camiones con destino al Reino Unido y aprovechar para meterse en sus bajos.
Otra fuente de violencia, de acuerdo con el Ejecutivo, han sido algunas manifestaciones.
Ayer mismo, la prefectura (delegación del Gobierno) anunció la prohibición de una manifestación de un colectivo pro-inmigrantes en Calais, prevista para el sábado, por el riesgo de “problemas de orden público”, como sucedió en protestas anteriores.
Los convocantes de la protesta, la “Coalición Internacional de los Sin Papeles y Migrantes (CISPM)”, condenó la decisión de la prefectura y anunció que harán uso de “todos los medios” disponibles para que se pueda celebrar la manifestación.