Pablo Casado está dispuesto a todo para mantener la reforma laboral que decretó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 sin diálogo social y sin acuerdos parlamentarios. El presidente del PP ha respondido este lunes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien reiteró el sábado su compromiso por poner en marcha un nuevo marco de relaciones laborales que, entre otras cosas, derogue los “aspectos más lesivos” de la actual legislación. “Llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga”, ha anunciado Casado durante una intervención en el XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
Casado ha asegurado ante la organización empresarial que su objetivo es “mantener reforma laboral” que, ha dicho, fue “clave para crear tres millones empleos” y, durante la pandemia, “para los ERTE”. Un mecanismo que este lunes ha defendido como imprescindible para que los trabajadores y las empresas mantengan su relación, pese a que cada miércoles desde el PP acusan a la también ministra de Trabajo de maquillar el dato real del paro al no sumar a demandantes de empleo con las personas en ERTE. Y pese a que, tal y como ha explicado la propia Yolanda Díaz en los últimos meses, el Gobierno de coalición reformuló los ERTE en diálogo con los empresarios y los sindicatos al principio de la pandemia.
Casado también ha obviado que, según el FMI, la reforma laboral aumentó la pobreza entre los trabajadores.
“Voy a responder con la misma contundencia y firmeza”, ha dicho Casado. “Más allá de las presiones y de lo que se diga, llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga”, ha reiterado. El líder del PP ha asegurado que dicha reforma es “esencial” y que “el condicionante para la recepción de los fondos europeos deja claro que las modificaciones se tienen que hacer de acuerdo al diálogo social y dirigidas a la flexibilidad”. “Es lo contrario de lo que está haciendo [el Gobierno], subiendo costes sin consenso, y diciendo el presidente y la vicepresidenta que se va a derogar, diga lo que siga su propio jefe”.
Casado ha utilizado en repetidas veces el argumento de que las respuestas a las “fichas” remitidas desde la Comisión Europea al Gobierno impiden al Ejecutivo cumplir con su promesa electoral, recogida en el acuerdo de coalición, de recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.
Pero este mismo fin de semana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, decía en El País que su intención es “evaluar” una vez que se haya legislado “cómo se equilibrará la seguridad laboral con la flexibilidad”. Un elemento, el de “seguridad laboral”, que Casado siempre obvia en sus intervenciones. Gentiloni, con quien se reunirá Díaz esta misma tarde, reitera en otro momento su deseo de que “la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico”.
Gentiloni, en su entrevista con el diario de Prisa, también dejó dicho sobre el diálogo social: “El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. Pero esto no supone que las negociaciones estén abiertas sine die. Pasado un tiempo el Gobierno debe decidir”.
En abril, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, transmitió a Díaz buenas sensaciones en torno a las propuestas laborales. En su nota definitiva, Bruselas destacó que “el plan incluye medidas para reducir la alta proporción de contratos temporales y reforzar las políticas activas del mercado laboral que se espera mejoren el funcionamiento del mercado laboral. Se espera que el plan ayude a abordar la fragmentación existente de la protección por desempleo, la provisión de habilidades y calificaciones relevantes para el mercado laboral que deberían acompañar la transición verde y digital del país”.
Lejos de querer parar la derogación de la reforma laboral, Casado ha planteado profundizar en ella, aumentando la “flexibilidad laboral” e imponiendo la “mochila austriaca”, que ya figuraba en 2016 en el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Alberto Rivera. Una propuesta, ha dicho. que “redunda en el sistema público de prestación de desempleo y pensiones” y cuyo coste, que ha cifrado en 10.000 millones, provendría de los fondos europeos.
Casado también ha planteado en su discurso “modificar el teletrabajo”. Y ha reconocido que España cuenta “con la ayuda de Europa” y que en ningún caso habrá peticiones de ajustes como las que llegaron en 2012. “Por primera vez Europa nos deja acceder a ayudas con una condicionalidad a medio plazo y más laxa”.