El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reúne este lunes a su Comité de Dirección, la cúpula de la formación conservadora que aúna a los dirigentes de su máxima confianza. El encuentro tratará de buscar una salida a la profunda guerra interna abierta el pasado miércoles a raíz de las primeras filtraciones sobre el supuesto espionaje de su equipo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presunta corrupción de esta por las comisiones cobradas por su hermano por mediar a favor de adjudicaciones realizadas por el Gobierno madrileño.
La reunión se produce tras un durísimo fin de semana que ha vivido el líder del principal partido de la oposición. A las presiones de los principales barones para que ataje esta crisis sin precedentes cuanto antes se han sumado las movilizaciones de parte de su electorado para exigir su dimisión, una postura que también comparten algunos de los medios cercanos a la derecha, como El Mundo y ABC, que este domingo publicó un contundente editorial pidiendo su salida.
Vinculado a todo ello, este lunes se ha conocido que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quiere dejar de ser portavoz nacional del PP para poder concentrarse en su labor como regidor de la capital, pero buscará que su cambio en el organigrama del partido sea pactado, según han informado a Efe fuentes de su entorno. Martínez-Almeida tenía intención de dejar este puesto, que le obliga a tener un doble papel -institucional y de partido- desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso.
Las competencias del órgano más cercano al líder del PP que se reúne este lunes son, en realidad, limitadas. Según los estatutos, al Comité de Dirección le corresponde únicamente “impulsar la actividad política del partido”, desarrollar “las labores de gestión y de coordinación de las áreas, departamentos y organizaciones territoriales”, velar “por el adecuado desarrollo de las actividades” del PP y “elevar propuestas al Comité Ejecutivo Nacional o a la Junta Directiva Nacional”, que son los principales órganos ejecutivos de la formación de Casado.
Para poder convocar un Congreso Extraordinario como el que tratan de forzar algunos de los barones con más peso interno, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, las normas exigen la celebración de la Junta Directiva, que está compuesta por unas 500 personas entre miembros de la dirección, diputados, senadores, dirigentes autonómicos y alcaldes de las principales ciudades, entre otros cargos. “En casos de excepcional urgencia”, como el que podría suponer la apertura en canal que vive el partido en estos momentos, los estatutos establecen que el congreso puede ser convocado “con tan solo treinta días de antelación” siempre que lo respalden dos tercios de los miembros de la Junta Directiva.
La cronología de un fin de semana aciago
Génova 13 trata de evitar ese congreso que distintos dirigentes del PP ven ya como ineludible, porque podría suponer el relevo de Casado al frente del partido, tres años y medio después de su llegada a la Presidencia de los populares. Pero no dejan de crecer las presiones para que el líder del PP adopte decisiones contundentes, como la del cese de su mano derecha, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, al que muchos dentro del partido culpan de la guerra que ha abierto en canal a la fuerza conservadora.
El sábado fue una jornada aciaga para Casado. Primero se conoció que el viernes, ya de noche, mantuvo en Génova 13 una reunión con Ayuso tan solo unas horas después de acusarla, durante una entrevista en la Cope, de “prácticas corruptas” y de un posible “tráfico de influencias”. Todo por la comisión que se llevó el hermano de la presidenta madrileña en la adjudicación de una compra de mascarillas en abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, por parte de la Consejería de Sanidad de su gobierno.
El líder del PP dijo en esa entrevista que la comisión ascendió a casi 300.000 euros y realizó la siguiente reflexión: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”.
Minutos después, sin embargo, la propia Ayuso emitió un comunicado en el que aseguró que la comisión de su hermano por el contrato a dedo de su Gobierno a Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la presidenta, ascendió a 55.850 euros más IVA (67.785 euros). “La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto”, apuntó. Y añadió: “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, sostiene la presidenta madrileña. Ayuso también admitió que hubo otros tres pagos de la empresa a su hermano pero no los quiso detallar.
Ya el sábado, horas después de la reunión secreta que mantuvieron ambos dirigentes en Génova 13, el equipo de la presidenta madrileña aseguró que ese encuentro había sido “infructuoso”. Sin embargo, la misma dirección de Casado que el viernes vertió las citadas acusaciones gravísimas contra Ayuso, decidió por sorpresa cerrar en falso el expediente informativo abierto contra la dirigente madrileña solo dos días antes, el jueves. “El comunicado hecho público [por el equipo de Ayuso] aportando la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia se incorporará al expediente informativo abierto por el PP para concluirlo satisfactoriamente”, señalaron fuentes de la dirección nacional del PP.
“Con Ayuso ganamos y con Casado la cagamos”
Esta decisión no frenó el enfado de parte del electorado conservador con el equipo de Casado. Este domingo, varios miles de personas –más de 3.000, según la Delegación del Gobierno en la capital– se concentraban en la calle Génova de Madrid y en sus aledaños, a las puertas de la sede nacional del PP, para mostrar su apoyo a Ayuso, pese a las comisiones que su gobierno pagó a su propio hermano. Estos simpatizantes populares se posicionaron así con la dirigente madrileña en la guerra interna que ha partido en dos a la formación conservadora, y pidieron abiertamente la dimisión de Casado.
La concentración –que se reprodujo en distintas ciudades españolas– había sido convocada a través de las redes sociales el pasado jueves, tras salir a la luz el presunto caso de corrupción vinculado al hermano de Ayuso y el supuesto espionaje puesto en marcha por Génova 13 para investigar a la dirigente madrileña. Durante la protesta se escucharon gritos como “Casado traidor, Ayuso es la mejor”, y se alternaban cánticos con el nombre de la presidenta, “Isabel, Isabel”, y “Casado dimisión”. En una pancarta el mensaje era claro: “Con Ayuso ganamos y con Casado la cagamos”.
García Egea, era, junto a Casado, el blanco de todas las críticas. “Tiene que dimitir”, coincidían con fórmulas más o menos duras todas las personas con las que habló este diario. Unas palabras que secundaban cánticos como “Teodoro, Casado, sois el pasado”, “Egea dimisión” o “Egea, al Mar Menor”. El líder del PP intenta sin embargo mantener en el cargo a su 'número dos', que paradójicamente es el principal encargado orgánico de mantener la cohesión interna del partido, si bien muchos dirigentes, incluidos algunos de los principales barones, le culpan directamente de ser el responsable de haber roto esa unidad. Ningún dirigente territorial salió este domingo a criticar esa concentración.
En este contexto, Casado afronta una de las semanas más complejas desde que asumió el cargo, en julio de 2018. La guerra interna del PP marcará todos sus pasos y volverá a desdibujar, previsiblemente, la labor de oposición al Gobierno tanto en el Parlamento –el miércoles el líder del PP tenía pensado preguntar al presidente del Gobierno en la habitual sesión de control al Ejecutivo en el Congreso– como en cada uno de los actos programados. A todo ello se sumarán los pasos que se den en la justicia a raíz de las denuncias presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción tanto por los contratos a dedo concedidos por la Comunidad de Madrid a empresas vinculadas con la familia de Ayuso, como por el supuesto espionaje a la presidenta urdido por la dirección nacional del PP.