“Ha sido una campaña en positivo, en la que se ha visto a un PP que está en el centro, en el centro de la sociedad catalana”, aseguraba este viernes el presidente del PP, Pablo Casado, durante el acto de cierre de la campaña de su formación para las elecciones catalanas del domingo. Detrás de ese discurso oficial, que trata de presentar a un PP propositivo, moderado y con opciones de gobierno en Catalunya –una de sus plazas más complicadas desde hace más de una década–, se esconde la realidad de una campaña que ha resultado ser la más complicada para Casado desde su triunfo en las primarias de 2018.
Los populares se han enfrentado a la amenaza de Vox, que pisa los talones al PP en las encuestas, a las últimas revelaciones de Luis Bárcenas sobre el pasado corrupto del partido del que fue tesorero y al inicio, el pasado lunes, del juicio sobre la financiación ilegal –la llamada caja B– de la formación conservadora. Todo ello responde, según Casado, a una estrategia premeditada de la izquierda. A su juicio, el PP ha sido víctima durante la campaña de “todo el juego sucio que solo sabe hacer la izquierda”. “Han intentado por tierra, mar y aire boicotear el proyecto que defiende Alejandro Fernández”, aseguraba el presidente de los populares este viernes en Barcelona.
La mayoría de los sondeos ven viable una de las peores pesadillas de los populares: el sorpaso de Vox. La formación de extrema derecha cuyos votos permiten al PP gobernar en comunidades y ayuntamientos se ha convertido también en su principal amenaza electoral, al pelear ambas formaciones por el mismo nicho de votantes conservadores. Esta afrenta ha provocado que en las dos últimas semanas Casado haya tenido que moverse entre la moderación que ha tratado de defender en todos los actos electorales con el fin de atraer al electorado de su otro rival y a la vez socio, Ciudadanos –al inicio de la campaña Génova 13 llegó a especular con la posibilidad de lograr más votos que el partido de Inés Arrimadas, un escenario que no ha sido avalado por ninguna encuesta y que ya no contempla la dirección popular–, y la escenificación del PP más radical para competir con Vox.
En la campaña catalana, el líder popular dejó esta última tarea de 'poli malo' en manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha viajado a Catalunya en dos ocasiones, desplegando allí un discurso incendiario –“El sueño de la independencia es una pesadilla y hay que sacar a Catalunya de esta delincuencia”, dijo el miércoles– y hasta de una de sus rivales internas, la exportavoz de los populares en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, que por primera vez tras su destitución en agosto por parte del propio Casado reapareció la semana pasada en un acto de partido acompañando al candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández, y junto a uno de los fundadores de Vox, el exeurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras.
“Aquí estábamos cuando otros no existían”, sostenía el líder de los populares este viernes en el cierre de campaña, poniendo en valor la trayectoria “de cuatro décadas” de su partido en Catalunya frente a la inexperiencia de Vox, que hasta ahora no se había presentado a unas elecciones al Parlament, pero que podría entrar con fuerza en el hemiciclo autonómico, con entre 4 y 7 representantes según las distintas encuestas. Algunas de ellas sitúan a la extrema derecha por delante del PP en intención de voto.
Obligado a responder sobre la corrupción
La puntilla a la campaña de Casado la puso, sin embargo, la publicación del escrito del extesorero del PP Luis Bárcenas detallando la contabilidad irregular del que fue su partido. El texto, que se conoció cuando apenas habían transcurrido cinco días de campaña, supuso otro duro mazazo para el líder de los populares que, volcado en Catalunya, trataba de presentar a su fuerza política como una “apuesta de futuro” y “regeneradora” de las instituciones catalanas hasta ahora en manos del independentismo. Bárcenas aportó nuevos datos sobre la financiación ilegal y el cobro de sobresueldos por parte de dirigentes populares –incluidos dos senadores, Pío García Escudero y Javier Arenas, ambos en ejercicio– durante décadas.
El extesorero también ha tratado de involucrar a la dirección de Casado en una presunta negociación extrajudicial con su abogado, negada una y otra vez por Génova 13, al asegurar que el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y máximo responsable de Justicia del PP, Enrique López, mientras era juez de la Audiencia Nacional, puso en contacto a un empresario amigo de Bárcenas, Agustín de Diego, con el abogado del PP, Jesús Santos. López ha reconocido ese contacto y Santos, el letrado del partido, primero emitió un comunicado recalcando que la dirección de Casado nunca le ha autorizado para negociar con el extesorero y después matizó que sí había informado a su cliente de las citadas reuniones al ser advertido por la Cadena SER de que podía estar infringiendo el código deontológico.
Todas las informaciones sobre el supuesto pasado corrupto del PP impidieron a los populares hacer llegar a la sociedad catalana sus propuestas –como la bajada masiva de impuestos o la lucha contra la ocupación de viviendas– ya que Casado se vio obligado a responder, en cada declaración y entrevista, a las acusaciones de Bárcenas, que ocuparon informativos y titulares. La enésima reaparición del fantasma de la corrupción durante el mandato de Casado se agravó además el pasado lunes, con el inicio en la Audiencia Nacional del juicio sobre la caja B, un escándalo que viene de la época de José María Aznar y que se mantuvo bajo la presidencia de Mariano Rajoy.
En ese contexto y viendo además lo que se avecina en la comisión de investigación de la Operación Kitchen en el Congreso –un escándalo mucho más reciente que ha puesto de manifiesto las cloacas en el Ministerio del Interior con el último Gobierno del PP, que supuestamente ordenó espiar a Bárcenas para borrar cualquier prueba que pudiera incriminar al partido–, la estrategia de Casado en la campaña catalana ha sido intentar sacudirse cualquier vinculación con quienes fueron sus mentores en diferentes épocas dentro del PP.
Casado reniega ahora de su pasado político más reciente tras 15 años ocupando distintos cargos orgánicos, durante más de una década bajo el mando de Rajoy, de quien llegó a ser el principal portavoz como vicesecretario de Comunicación –entre 2015 y 2018–, y también de Aznar, su padrino político que, además, le colocó como jefe de Gabinete en la Fundación FAES, un think tank ultraliberal que el jefe de los populares ha vuelto a situar como la fundación de referencia del partido.
La ruptura con el pasado
“Ese PP ya no existe”, afirma Casado una y otra vez. El lunes llegó a asegurar que no le temblará “el pulso” si se demuestra la vinculación de alguno de ellos, Aznar o Rajoy, a las prácticas corruptas. “Hay unos estatutos y será suspendido o será expulsado, y lo quiero dejar muy claro”, aseguró, en una entrevista en la Cope. “Si yo soy presidente del PP es para limpiar toda esa época”, aseguraba este miércoles a última hora, en una entrevista en Teve.cat. Casado quiere “pasar página” y obviar lo ocurrido en los últimos lustros bajo las siglas que ahora lidera, a pesar de que él mismo formó parte de ese pasado con distintos cargos en el PP. Lo que se defiende desde la dirección del PP es que en ninguno de esos puestos Casado ejerció labores ejecutivas que puedan vincularle a los asuntos que se están investigando en los tribunales.
Siendo ya presidente del PP Casado sí realizó sin embargo nombramientos de dirigentes populares que, después, se vieron salpicados por casos de corrupción y tuvieron que dejar sus puestos de responsabilidad. Entre ellos, María Dolores de Cospedal –apoyo fundamental de Casado para ganar las primarias, y a la que la Fiscalía pide imputar en la Operación Kitchen–, Ignacio Cosidó, Jorge Fernández Díaz –implicados en la misma causa y que ocuparon cargos en la primera dirección del actual líder del PP– o Alfredo Prada, exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que, en marzo de 2019, fue imputado en la causa sobre el fallido proyecto de Campus de la Justicia de la región apenas unos meses después de que Casado lo nombrara presidente de la Oficina del Cargo Popular, un organismo interno del PP para garantizar la honradez de todos sus dirigentes.
En su afán por romper con su pasado e impedir el sorpaso de Vox en las elecciones del domingo, Casado y su entorno han llegado a defender que el líder del PP tampoco estuvo de acuerdo con la gestión realizada por sus entonces jefes en el referéndum de 2017. El miércoles, cuando apenas quedaban cuatro días para la votación, Casado aprovechó una entrevista en Rac1, la emisora líder en Catalunya, para dejar claro su desmarque de la gestión de Rajoy del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, durante el cual el Gobierno del PP desplegó un enorme dispositivo policial que recurrió a la fuerza –considerada “excesiva” por organismos internacionales como Amnistía Internacional– para reprimir a quienes intentaban participar en el plebiscito declarado ilegal por los tribunales.
A diferencia de la teoría defendida entonces por el Gobierno de Rajoy, su jefe en el PP, que negó que la votación se estuviera produciendo, el actual líder de la oposición aseguró que él no compareció ese 1 de octubre ante los medios por lo siguiente: “Ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando”. “Lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado”, añadió Casado, refiriéndose a las cargas policiales. Estas palabras no sentaron nada bien a sectores del PP vinculados a la etapa de Rajoy y uno de ellos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo –el contrapeso interno del líder nacional del PP, al que se ubica en un discurso más moderado–, discutió el jueves la postura de Casado y defendió las actuaciones policiales del 1-O.
En realidad, no existe ninguna evidencia de que Casado manifestara esas discrepancias a Rajoy o a ningún otro dirigente de entonces en el PP. Es más, aunque Casado no salió el 1 de octubre en rueda de prensa sí lo hizo dos días más tarde, el 3 de octubre, en una entrevista en TVE. Allí no se vio ni sombra de estas críticas contra Rajoy que ahora desliza. Casado le dio todo su respaldo al Gobierno del PP por su gestión –“Estamos en buenas manos, el Gobierno sabe lo que tiene que hacer”– y a la Policía por sus cargas, de las que responsabilizó a los Mossos –“Espero que paguen por ello los que pusieron en riesgo a la Policía y Guardias Civiles por su inacción–.
El PP se conforma con ser la “llave” de la gobernabilidad
Casado aspiraba a obtener un buen resultado en Catalunya tras el batacazo sufrido en 2017 –cuando tocó suelo al lograr solo 4 diputados de los 135 que componen el Parlament–, y comenzó la campaña poniéndose como meta lograr más votos y escaños que sus socios autonómicos pero rivales electorales Vox y Ciudadanos, un escenario que, sin embargo, no ha sido refrendado por ninguna de las encuestas publicadas, tampoco las que se realizaron antes de que arreciasen de nuevo los titulares sobre la contabilidad en negro del partido.
Pero la sombra de la corrupción supuso un serio revés para las pretensiones del máximo jefe de los populares que, ante ese escenario, en los últimos días se ha limitado ya a pedir el voto para que su partido pueda por lo menos ser “la llave” de la gobernabilidad, de forma que sus diputados –Génova 13 espera mantener los cuatro logrados en 2017– puedan ser decisivos para la formación de un Ejecutivo “constitucionalista” que en la dirección nacional del PP ya han asumido que no podrá liderar su candidato, Alejandro Fernández.
Pese al contexto adverso, en las dos últimas semanas Casado no ha dudado en vincular su propio futuro al resultado de las catalanas. Al igual que en todas las campañas electorales que han tenido lugar desde su triunfo en las primarias de 2018 –empezando por las andaluzas de ese año, las generales, autonómicas y locales de 2019 y las vascas y gallegas de 2020–, el líder del PP ha vuelto a mostrar su perfil más hiperactivo, viajando a Catalunya prácticamente a diario y acaparando la atención mediática cada jornada con entrevistas en radios y televisiones.
“Solo el Partido Popular puede garantizar el cambio y somos los únicos que ahora podemos producirlo”, aseguraba este viernes. Durante la campaña, Casado ha ensalzado al PP de Catalunya como un “partido valiente, que muchas veces se ha sacrificado por un bien mayor” y, tratando de diferenciarse de Vox, el líder popular ha rechazado proyectos “que dividen y de ingeniería social”. Aunque el miércoles se cumplieron dos años de la conocida como foto de Colón que reunió en una misma concentración a los líderes de PP, Vox y Ciudadanos –que después pactaron gobiernos autonómicos y municipales–, Casado reconoce que de esa imagen de unidad de acción solo quedan esos pactos de gobierno porque, según ha dicho, “nunca más” situará a su partido dentro de un “bloque”. “Nos gusta la España autonómica, la concordia, y el seny tan catalán y tan español”. “Nosotros no tenemos que sobreactuar”, ha remachado.
El bulo sobre la supuesta vacunación de Illa
Como el resto de partidos catalanes, el PP también ha situado en el centro de la diana de sus ataques de campaña al candidato del PSC, Salvador Illa, al que Alejandro Fernández no apoyará en ningún caso para ser president porque, según los populares, “el PSC y ERC son lo mismo”. Pero la dirección de Casado quiso en los últimos días ir un paso más allá, lanzando sin pruebas la sospecha de que el exministro se había vacunado contra la COVID saltándose los protocolos por su negativa a realizarse una prueba del coronavirus antes del debate del miércoles en TV3, como sí hicieron el resto de contrincantes. El jueves, el penúltimo día de campaña, Casado llegó a pedir una investigación de la Fiscalía sobre esa supuesta vacunación de Illa, desmentida por Sanidad esa misma tarde con un documento oficial sobre el historial clínico del dirigente socialista adelantado por elDiario.es.
“Tenemos un plan de rescate para la restauración, el ocio, el turismo, la cultura y el deporte. Frenaremos a los okupas y garantizaremos la libertad educativa. [El candidato] Alejandro Fernández es la voz de la sensatez y la convivencia, y la llave de una Catalunya mejor”, concluyen en Génova 13, donde ya se preparan para una nueva noche electoral adversa, de la que culparán a la “polarización” y a la “pinza” de los “extremismos” en los que los populares sitúan, al mismo nivel, a Vox, PSC, Unidas Podemos, ERC, Junts o EH Bildu.
Si el resultado no permite al PP mantener los cuatro diputados de hace cuatro años, el liderazgo de Casado previsiblemente volverá a estar en cuestión. Como hicieron con debacles anteriores, es de esperar que barones como el propio Feijóo –que puede presumir de ser el único presidente autonómico del partido que gobierna con mayoría absoluta, la cuarta consecutiva, tras reforzarla en las elecciones de julio–, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, hagan valer su poder institucional y vuelvan a pedir explicaciones al líder nacional de su partido y le reclamen un reajuste en su estrategia o un cambio de rumbo.