Después de casi 11 millones de contagios en la UE y 270.000 fallecidos, el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros y el presupuesto para 2021-2027 de 1,074 billones se encuentran en el alambre por el chantaje de Hungría (gobernado por el Fidesz/PPE) y Polonia (PiS/ECR, el grupo de Vox en la Eurocámara), que han tomado de rehén el fondo de recuperación para intentar seguir saltándose el Estado de Derecho. Los gobiernos iliberales y nacionalistas de Budapest y Varsovia están bloqueando todo el paquete pactado por los jefes de Estado y de Gobierno en julio y negociado posteriormente con el Parlamento Europeo en protesta por el mecanismo que vincula el cumplimiento del Estado de Derecho con la gestión de los fondos europeos para recibir el dinero comunitario. Unos fondos que deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
El presidente del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, ha reaccionado con dureza al veto.
“Quien esté en contra del principio del Estado de Derecho, está en contra de Europa. Espero una posición clara al respecto de todos los partidos del PPE. Los oponentes de nuestros valores fundamentales ya no deberían ser protegidos por nadie”, dijo Tusk el lunes por la tarde. Pues bien, el presidente del PP español, Pablo Casado, ya ha reaccionado, pero de una manera diferente a la del presidente de su familia política europea.
Tras casi 24 horas de silencio y cuatro semanas después de su supuesto viaje al centro tras el duro discurso contra Vox en la moción de censura de Santiago Abascal –quien agitó uno de los fantasmas favoritos de Orbán: George Soros–, Casado ha evitado este martes criticar a ambos países. Es más, durante una entrevista en Telecinco, el líder del PP ha parecido justificar a los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki.
A juicio del líder del PP, “Polonia y Hungría están diciendo: 'No nos riñan a nosotros cuando el Gobierno socialista de Sánchez ha nombrado a la fiscal general del Estado a dedo, siendo una diputada socialista”. “Me parece mal lo de Sánchez y lo de Polonia”, ha sentenciado Casado, que se ha mostrado molesto porque se haya forzado al PP a tomar posición en el asunto. “¿Por qué no podemos tener como modelo lo que hace Alemania o Francia, por qué tenemos que estar viendo lo que hace Polonia, que es un Gobierno extremista de derechas como el de Sánchez es extremista de izquierdas?”, se ha preguntado.
A renglón seguido, Casado ha sentenciado que “Podemos es igual de radical en la izquierda que el Gobierno de Polonia es radical en la derecha”.
Y eso que días antes el eurodiputado del PP y vicepresidente del grupo popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, decía que habría que sancionar incluso a España ante violaciones del Estado de Derecho.
La actitud de Casado tampoco es como la del presidente del grupo popular en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber: “Nuestros valores comunes, como la independencia del poder judicial y los medios de comunicación, no son negociables. A Hungría y Polonia, que han bloqueado la financiación de la peor crisis en décadas, les decimos claramente: el Parlamento Europeo no dará su consentimiento a un presupuesto de la UE sin un mecanismo vinculante para el cumplimiento del Estado de Derecho”.
No obstante, fuentes del PP aseguran que “todavía no se ha discutido en el grupo” del Parlamento Europeo la posibilidad de expulsar a Fidesz de la bancada presidida por el propio Weber. “Si eso sirviera para desbloquear el asunto... pero Orbán bloquearía aunque ingresara en la GUE [el grupo de la Izquierda Unitaria]”, explican otras fuentes del grupo: “Esto no va de fuerzas políticas, esto va de que el Consejo [los Gobiernos] lleva muchos años ignorando un problema político entre ellos y los jefes de Gobierno se han convertido en una sociedad de socorros mutuos. Y como son ellos la que lo tienen que cambiar, vuelven al mínimo común denominador. El Consejo protege a sus miembros entre ellos”.
El propio Gobierno alemán, presidente de turno de la UE, también ha sido duro este martes con Polonia y Hungría. “No es momento de vetos, nuestros pueblos pagarán un precio muy alto por un bloqueo”, ha dicho el ministro de Asuntos Europeos, Michael Roth (SPD): “El estado de derecho es una piedra angular de nuestra Unión”.
José Manuel García-Margallo, ex ministro de Exteriores, eurodiputado y verso suelto del PP, sí ha mostrado una oposición sin medias tintas a los vetos de Hungría y Polonia: “Es la consecuencia perversa de haber apostado por la unanimidad y no por el modelo federal, la mayoría. Es perverso porque se está cuestionando la vigencia del Estado de Derecho, es un torpedo en la línea de flotación de una unión como la nuestra”.
Pero la posición de Casado comparando Hungría y Polonia con España no es nueva. Y tampoco única. Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha mantenido discursos similares.
Cuando el Gobierno anunció la reforma –criticada por la Comisión Europea y ahora congelada– del sistema de elección del Poder Judicial, Casado y su portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, enviaron una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para expresarle su “profunda preocupación en relación al estado de derecho respecto a la propuesta de ley de reforma del CGPJ”. Casado y Montserrat le pedían al comisario que mantenga “en revisión la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial español, sin perjuicio de la activación por parte del Partido Popular Europeo de los mecanismos parlamentarios adecuados para salvaguardar el respeto de los valores democráticos y el Estado de derecho, tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea”.
El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que coloca en la misma foto a Sánchez y a los primeros ministros de Hungría y Polonia, por su parte, afirmó que la reforma podía “poner en peligro los 140.000 millones de fondos de la UE”.
La eurodiputada de UPyD con Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, planteó una pregunta a la Comisión Europea sobre el asunto. “¿Va a pedir información al Gobierno de España sobre estos cambios en la legislación de la judicatura destinados a facilitar los nombramientos por parte del gobierno que pueden afectar por tanto a la independencia del máximo órgano de gobierno judicial? ¿Lo tendrá en cuenta en el próximo informe sobre el Estado de Derecho?”.
No es la primera vez que el PP intenta hacer oposición desde la UE. El propio Casado ya ha intentado erosionar al Gobierno ante los socios de la UE con sospechas sobre la gestión de los fondos europeos. La campaña del PP con los socios comunitarios está sincronizada entre Madrid y Bruselas y van de la mano. Si en España el PP pide usar las cifras de los muertos contra el Gobierno en sus argumentarios; en Bruselas la jefa de la delegación, Dolors Montserrat, envía un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestiona el Estado de derecho en España y acusa al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”. Y todo esto mientras España está pendiente de un fondo de recuperación clave para reactivar al país tras la pandemia. O mientras está pendiente de tramitarse un suplicatorio para los líderes independentistas en la Eurocámara, y hay quien en Bruselas piensa que sembrar estas sospechas sobre el Estado de Derecho en España termina abonando las tesis de la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Este jueves el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá usaba un discurso de la líder de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo sobre Hungría y Polonia para retratar la situación en España.
Vox, por su parte, de la misma familia que el partido gobernante de Polonia y afín al discurso de Orbán –en relación con la migración, George Soros y el feminismo, por ejemplo–, se ha puesto del lado de Budapest y Varsovia ante el veto que amenaza 140.000 millones de euros para España en fondos de recuperación. Su portavoz en la Eurocámara, Jorge Buxadé, afirma que los “antieuropeos” son los que exigen el cumplimiento del Estado de Derecho.
Similar argumento al empleado por el Gobierno húngaro. “Esta condicionalidad está diseñada para 'matar de hambre' y 'causar dolor' a algunos Estados miembros. Es una forma conveniente de adoptar sanciones sobre una base ideológica o de ejercer presión política”, ha dicho su ministra de Justicia, Judit Varga, tras una reunión de ministros de Asuntos Europeos de la UE en la que Hungría y Polonia se han reafirmado en el veto decretado este lunes.
Plan de desinformación
PP y Ciudadanos también usaron el plan contra la desinformación del Gobierno para cuestionar el Estado de Derecho en España. A pesar de que la orden ministerial española se enmarca en un plan europeo contra la desinformación lanzado a finales de 2018, y de que a lo único que habilita es a hacer meros informes, el Partido Popular y Ciudadanos han agitado el fantasma de la pérdida de los 140.000 millones del fondo de recuperación por una supuesta vulneración del Estado de Derecho penalizable.
La tesis de PP y Ciudadanos obvia que la iniciativa del Gobierno cuenta con el visto bueno de quien tiene la llave del dinero, la Comisión Europea. Y, además, no tiene en cuenta que el mecanismo de respeto del Estado de Derecho recién acordado entre la Eurocámara, la presidencia del Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea se limita a “reforzar la protección del presupuesto de la UE cuando las infracciones de los principios del Estado de Derecho den lugar a un mal uso de los fondos”. Es decir, es un mecanismo diseñado para vigilar el uso de los fondos. Por lo que un miembro del PP europeo, como Viktor Orbán, quien está vetando todo el paquete en protesta por el mecanismo, podrá seguir persiguiendo migrantes en Hungría sin con eso arriesgar el dinero europeo.
Casado tuiteaba un titular que se hacía eco de la primera respuesta del Ejecutivo comunitario, en la que por error vinculaba la iniciativa del Gobierno con el estado de alarma, y decía: “El portavoz de la UE advierte al Gobierno por su intento de control a los medios y redes sociales. Sánchez pone en riesgo los fondos europeos al atacar la libertad de expresión y prensa. En España hay millones de Winston Smith frente al Gran Hermano de Moncloa. No lo permitiremos”. Casado atribuía a un portavoz de la Comisión Europea el título de “portavoz de la UE”, cosa que no existe, y aseguraba que se estaban poniendo en riesgo “los fondos europeos”.
Por su parte, el jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, consideró que se trata de un “ministerio de la verdad que constituye una forma de censura y un mazazo a la democracia”.
Así, el grupo europeo de Ciudadanos dirigió a la Comisión Europa mediante preguntas por escrito: “¿Considera la Comisión Europea oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos? ¿Considera que el control del contenido de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea?”
“Estamos en una situación de desmantelamiento del Estado. Me parece gravísimo y lo digo de verdad, lo único que nos queda es Europa y espero que Europa haga su trabajo”, afirmó Garicano el viernes en una entrevista en Canal Sur. El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo recalcó que “están en juego los fondos europeos de recuperación tras la pandemia”.
Bruselas: “El caso de España no es el mismo problema sistémico de Hungría y Polonia”
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, marcaba distancias entre Polonia, Hungría y España en una entrevista en El País: “Durante la pandemia hemos visto un traspaso de competencias de los parlamentos a los gobiernos. Y es lógico cuando hay que tomar decisiones rápidas. En algunos países había un control del Parlamento, que podía negarse, e incluso de los tribunales. En otros, hemos expresado preocupaciones. En el caso de Hungría, el estado de emergencia no tenía límite temporal y tuvimos problemas con algunas disposiciones penales adoptadas para castigar presuntas desinformaciones. En Polonia hubo la intención de celebrar elecciones presidenciales sin que hubiera una campaña real”.
“No se puede decir que no sean democracias porque hay un proceso democrático”, continuaba Reynders en El País: “En algunos Estados miembros tenemos preocupaciones, pero en otros más que eso. Se trata de un problema sistémico más amplio. En Polonia se trata de la independencia judicial y de la discriminación, por ejemplo, a personas transgénero o al colectivo LGTBI+. Las preocupaciones son más importantes porque tenemos la certeza de que hay un riesgo sistémico”. ¿Y en el caso de España, en el que Bruselas ha mostrado preocupación tanto por la no renovación del Poder Judicial por el bloqueo del PP como por la reforma anunciada por el Gobierno y posteriormente paralizada? “Entiendo que es complicado alcanzar un acuerdo entre los principales partidos políticos sobre la renovación, pero llevamos desde 2018. Hemos expresado una preocupación mayor sobre esa situación en otros países miembros. Eso significa que si eso persiste, cuando se debata sobre la situación de Hungría o Polonia los gobiernos de esos países podrán escudarse en que ese asunto en España aún no se ha solucionado. Y en el caso de España no es el mismo problema sistémico, sino que es muy puntual”.
En efecto, en el primer informe sobre la situación del Estado de Derecho en los 27 países de la UE, mientras que las críticas a España se limitaban a la forma de elección de la Fiscalía General –que Bruselas considera demasiado dependiente del Ejecutivo– y la no renovación del Poder Judicial –en funciones desde 2018 por el bloqueo del PP–, en los casos de Polonia y Hungría se trata de dos países que tienen activado el artículo 7 de los tratados de la UE, lo que permitiría, en un último caso que parece que nunca llega, suspender el derecho a voto en el Consejo de la UE por violar los valores fundamentales del proyecto europeo. El PP de Casado no apoyó en el Parlamento Europeo esta censura al Gobierno húngaro.
En el caso de Hungría, se critica el cambio de criterio para elegir a los jueces, el aumento opaco y discrecional de sus sueldos, la corrupción –muy ligada también a la gestión de los fondos europeos– y la presión del Ejecutivo y sus medios de comunicación afines sobre ellos.
En el caso de Polonia, Bruselas también critica una reforma judicial que Bruselas considera que pone en riesgo la independencia judicial y la legitimidad del Tribunal Constitucional, que acaba de considerar ilegal el aborto por malformación del feto.
“Lo de España es una modificación puntual. La división de poderes está garantizada con el buen funcionamiento del Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales. Lo de Polonia es un asalto continuo a la independencia de los jueces”, aseguraba a El País Adam Krzywon, profesor de derecho constitucional de la universidad de Varsovia. “Creo que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una mala decisión, pero no se puede comparar con el desmontaje integral que ha sufrido la justicia polaca y que ya no garantiza la división de poderes”.
En todo caso, a Hungría y Polonia les sirve este debate del que participan PP y Ciudadanos en torno a España para denunciar un supuesto doble rasero. El secretario de Estado del Ministerio de Justicia en Varsovia, Sebastian Kalet, afirmó: “La reforma española está formulada de forma similar a la polaca (jueces elegidos por mayoría de 3/5 por el parlamento). Durante muchos meses, la falta de mayoría ha impedido el nombramiento de escaños, entonces, ¿qué proponen los socialistas desde Pedro Sánchez? Pasar a una mayoría simple. Permítanme recordarles que el Consejo Nacional de la Judicatura de Polonia es la principal fuente de ataques contra Polonia. La Comisión Europea y Alemania crean mecanismos para forzar la obediencia, mientras que el actual modelo español no les molesta en absoluto”.
Mientras en Polonia se restringe el derecho al aborto y el de las personas LGTBI; mientras en Hungría se cierra el Parlamento a cal y canto durante la primera ola de la pandemia; mientras ambos países están sujetos a procesos de infracción por las instituciones europeas y mientras vetan el fondo europeo de recuperación y los presupuestos de la UE para 2021-2027 para evitar que se vincule el dinero comunitario con el cumplimiento del Estado de Derecho, el presidente del PP, Pablo Casado, evita criticar a Budapest y Varsovia como sí han hecho los jefes de su familia política y sigue comparando el Gobierno de Pedro Sánchez con los de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki.