El espionaje de la 'gestapillo' a políticos en Madrid puede estallar al Partido Popular en plena campaña tras las grabaciones que ha publicado El Mundo, que no solo involucran a Francisco Granados sino que señalan directamente a Salvador Victoria, número dos de Ignacio González en el Gobierno regional. Estas revelaciones pueden dar un vuelco a la causa judicial, que dormita en un juzgado desde hace seis años, después de que la jueza que instruye el caso lo haya archivado dos veces contra el criterio de la Audiencia Provincial, que le obligó a abrirlo en las dos ocasiones.
Ahora está en manos de la jueza Carmen Valcarce, el fiscal o el PSOE -que ejerce como acusación popular en la causa- solicitar que se incorporen las nuevas pruebas que apuntan a Granados, en prisión por la Operación Púnica. Los principales afectados por el espionaje, el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el exvicepresidente autonómico, Alfredo Prada, se apartaron como acusación del caso después de que se lo pidiera María Dolores de Cospedal.
La número dos del PP les exigió que retiraran el recurso que habían presentado contra la decisión de la jueza de archivar el caso en 2010. Lo hicieron por lealtad con el partido, pese a que la dirección había llegado a suspender de militancia a Cobo por criticar a Aguirre en una entrevista. El vicealcalde llegó a decir que tenía “miedo” ante lo que pudieran hacer quienes habían ordenado el espionaje. La diputada Carmen Rodríguez Flores desistió años después al ver que la causa no avanzaba.
Cobo y Prada esperan que el fiscal actúe de oficio tras las revelaciones que confirman que Granados era el encargado de ordenar los seguimientos. Fuentes de la acusación socialista han informado a eldiario.es de que pretenden hacer movimientos pero que deben esperar a que el fiscal se pronuncie definitivamente sobre el sobreseimiento que solicitó. El PSOE se opuso a esa medida y la Fiscalía tiene que resolver el recurso.
En el PP de Madrid hay sumergido un nuevo enfrentamiento después de que El Mundo publicara las grabaciones en las que revela que un miembro del Gobierno regional intentó sobornar a uno de los imputados por el espionaje a cambio de su silencio. La conversación apunta a Salvador Victoria, el hombre de confianza del presidente de la Comunidad: “¿Tú crees que si lo llama Salvador Victoria lo puede parar?”, le dijo el actual director general de Justicia al abogado de uno de los implicados en la trama.
Ignacio González señala a Esperanza Aguirre como responsable última del espionaje al recordar que se produjo en su etapa como presidenta regional. Las grabaciones dejan claro que fue Granados, entonces consejero de Interior y Justicia del Gobierno de Aguirre, el que encargó los seguimientos a sus adversarios políticos. “El tema judicial no va a ningún sitio mientras que no llegue Sergio Gamón y diga: a mí me lo ordenó Francisco Granados”, expresó el exdirigente del PP en una conversación con los exguardias civiles que se encargaron de espiar a Cobo y Prada.
Gamón, que entonces era director de Seguridad, era un hombre de la máxima confianza de la presidenta. Fuentes del partido señalan que es imposible que Aguirre desconociera el espionaje si él lo llevaba a cabo por mucho que Granados fuera el que lo encargara directamente.
La sombra de la sospecha sobrevuela a los dos líderes madrileños en plena puja por encabezar las listas del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Los pasos que den la jueza y la Fiscalía pueden ser determinantes para el futuro de Aguirre y González y, en el caso de que se amplíe la investigación, puede estallar al PP en plena campaña electoral.
Espionaje en plena batalla por el poder
El País reveló en enero de 2009 que el Gobierno madrileño tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Entre ellos se encargó de hacer seguimientos a Prada y Cobo, que fueron los principales adversarios de Aguirre en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008.
La derecha mediática comenzó en ese momento a impulsar a Aguirre como sucesora de Rajoy en Génova. La presidenta madrileña también se movió para intentar arrebatar el cargo al presidente del partido en el congreso de julio de ese año. Cobo, que era el número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de la capital, aseguró que Aguirre no se presentaría finalmente porque no tenía apoyos. Esas declaraciones las hizo en abril de 2008. En esa misma fecha hay partes de seguimientos efectuados por los agentes de contravigilancia próximos a Granados en los que apuntaron los movimientos de Cobo y los diputados Alfredo Prada y Carmen Rodríguez.
Al conocerse el contenido de los partes, los hombres próximos a Gallardón presentaron sendas denuncias al considerar que se habían malversado fondos públicos para espiar a los rivales de Aguirre. Los escritos recayeron en el juzgado número 5 de instrucción. La titular de ese juzgado, a quien fuentes próximas a la investigación describen como partidaria de Aguirre, ha intentado archivar la causa dos veces.
El primer intento fue en el verano de 2010, cuando aseguró que había falta de pruebas y de indicios de delito en los hechos denunciados. La jueza consideraba que los partes no acreditaban que se hubieran producido los seguimientos y, además, defendía que si se hubieran acreditado, no serían constitutivos de delito. La Audiencia Provincial de Madrid rebatió a la magistrada y le obligó a seguir la investigación al entender que había “indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos”.
Tras algunas diligencias, entre ellas el análisis de las llamadas de los agentes, la jueza volvió a archivar la causa. A pesar de que los informes policiales y periciales apuntaban a que los teléfonos coincidían con los seguimientos, la jueza argumentó que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos. Fuentes próximas a la investigación explican que la ubicación de los teléfonos de los espías no coincidían con la de los políticos porque no se ofrece la localización exacta sino la de la torre de telefonía más cercana.
La Audiencia volvió a rechazar la postura de la jueza y le obligó a abrir la causa por segunda vez. “Existen indicios suficientes de delito (...) basados en las declaraciones de los tres asesores imputados, por su ausencia de credibilidad, en que los seguimientos no se compadecen con la idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria, en la pericial caligráfica que considera a José Manuel Pinto (empleado autonómico) autor de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de seguimiento, en las declaraciones de los asesores que ponen de relieve que recibían instrucciones de Sergio Gamón, y en que los cinco imputados son funcionarios teniendo a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible además de gozar de una nómina mensual durante el tiempo que se realizaron los seguimientos”, decía el escrito del tribunal.
Desde entonces -mayo de 2012- el caso ha reposado en ese juzgado. Una de las últimas actuaciones fue la declaración como testigo de Granados, que negó cualquier conocimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid. Las grabaciones en las que el exdirigente del PP se destapa a sí mismo como ordenante de las vigilancias han dado un vuelco a la causa en una nueva guerra interna por liderar las candidaturas en Madrid.
Génova no quiere que Aguirre y González sean un tándem por lo que es posible que uno de los dos caiga. La investigación, por su parte, depende de los movimientos de la Fiscalía -que recientemente había pedido el sobreseimiento-, la jueza y el PSOE madrileño, personado en el caso.