El terremoto en la Fiscalía se desató junto con la Operación Lezo. El tiempo transcurrido desde entonces no ha apaciguado la polémica y durante estas tres semanas se han ido sucediendo acontecimientos que ensombrecido el trabajo de Manuel Moix al frente de Anticorrupción, hasta llegar a un Consejo Fiscal que le salvó pese a la oposición de una parte de sus compañeros. Con ese escenario de fractura en una rama fundamental de la Justicia se presentan este miércoles el ministro y el fiscal General en el Congreso para dar explicaciones.
A pesar de la delicada situación de Moix, Rafael Catalá y José Manuel Maza no contemplan su destitución. El fiscal que le propuso y el ministro que le nombró le avalan, aunque durante estos dos meses en el cargo se haya sabido que el jefe de Anticorrupción intentó parar un registro crucial del caso Lezo o quiso apartar a los fiscales, que antes se habían rebelado contra él.
Esta última derivada ha contado este martes con un nuevo capítulo. Moix aseguró que no había intentado apartarles, pero un documento prueba que preveía sustituir a Carlos Yáñez y Carmen García. Ambos invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal cuando Moix quiso frenar el registro en Inassa, y consiguieron que 21 de los 22 componentes de la Junta de Fiscales se posicionasen su favor.
Mientras se sucedían las noticias sobre la fractura en la Fiscalía, Moix ha visto cómo Maza le advertía de que su nombramiento no era un cheque en blanco. El fiscal general del Estado frenó el pasado 4 de mayo su intención de sustituir a los fiscales del 3% porque esa decisión no estaba suficientemente motivada. En público sigue defendiéndole y este lunes dijo sentirse orgulloso de sus nombramientos, en clara referencia a Moix.
El jefe de Anticorrupción también se enfrenta a otra revuelta interna por haber dado trámite a una denuncia contra los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa –los dos primeros investigadores del caso del 3%– presentada por un empresario imputado. Moix no escuchó su versión sobre las acusaciones de coacción, lo que motivó que los fiscales de Anticorrupción comenzasen a recoger firmas para un escrito de apoyo a sus compañeros.
Con las polémicas del los casos Lezo y el 3%, Moix ha tenido tiempo de levantar nuevas polémicas. En una entrevista la semana pasada pidió que se importase en España la legislación alemana que, dijo, sanciona a los medios de comunicación que publican filtraciones. Su receta para tapar las informaciones que le han salpicado en las últimas semanas le ha valido el único desmarque público de Catalá.
“No, no creo que sea necesario en absoluto”, dijo el ministro de Justicia cuando le preguntaron por el asunto. Catalán renegaba de la propuesta de Moix y de la suya propia, porque fue él quien propuso hace dos años abrir un debate sobre la conveniencia de “sancionar con firmeza” a los medios que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales.
Pese a esa discrepancia puntual con el jefe de Anticorrupción, el resto de declaraciones públicas de Catalá han sido de apoyo. “Me parece intolerable que se diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones”, dijo tras la polémica del registro.
Catalá comparecerá este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso como el ministro peor valorado del Gobierno, según el CIS, y se enfrentará también a preguntas sobre el intento de Ignacio González de contactar con él cuando se supo investigado. El expresidente madrileño le felicitó por seguir al frente de Justicia, y Catalá contestó con un “ojalá se cierren pronto los líos”.
En la investigación constan otros mensajes que apuntan al ministro. Enrique Cerezo escribió a González –ambos están imputados en el caso Ático– un mensaje días después de la comunicación con Catalá: “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”. El ministro ha negado tajantemente que intercediese por González, ahora encarcelado por el caso Lezo.
El ministro de Justicia también tendrá que explicar por qué Moix ordenó parar el registro de Inassa, la empresa clave en las irregularidades del Canal. Antes tendrá que responder por este asunto Maza, el superior jerárquico del jefe de Anticorrupción. El voto del fiscal general del Estado, junto con el de los fiscales conservadores, sirvió para que el Consejo Fiscal rechazase la petición de cese para Moix.
En esa reunión el propio Maza se enfrentó a una petición de dimisión que esquivó sin más esfuerzo. No podrá hacer lo mismo con la que plantea la mayoría del Congreso, que le reclama el cese por sus trabas a las investigaciones. La cámara baja no tiene aún poder para destituir al fiscal general, pero el acuerdo del PP y Ciudadanos incluye esta posibilidad, y el socio del Gobierno podría reclamar que se ponga en marcha esta medida.