Cincuenta días de mandato de Manuel Moix han bastado para que la Fiscalía Anticorrupción viva el momento más convulso de cuantos recuerdan sus actuales integrantes. Las tensiones vividas a cuenta de la Operación Lezo, surgidas casi desde el mismo instante de su llegada, afloraron hace ocho días en la Junta de Fiscales del organismo. Desde entonces no han dejado de saltar a los medios de comunicación. Hasta que este miércoles trascendió el ultimátum que el nuevo jefe de Anticorrupción dio a Carlos Yáñez, uno de los dos fiscales del caso, para que regrese a Granada, donde tiene plaza fija.
La Fiscalía General del Estado atribuyó a “discrepancias técnico-jurídicas” la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal por parte de los fiscales de la operación contra la trama de Ignacio González. Unas diferencias que se solventaron de forma cordial, según quiso trasladar el propio Moix.
Fuentes presentes en la reunión confirman que se guardaron las formas en todo momento y que todos los fiscales menos uno apoyaron el criterio de sus compañeros acerca de un registro vinculado con el origen de la operativa fraudulenta en el Canal de Isabel II.
Moix cedió y solo arrancó a Yáñez y su compañera Carmen García el compromiso de no acusar a González y el resto, al menos por el momento, de integración en organización criminal. Restaban menos de 24 horas para que comenzaran los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Finalmente, el juez Eloy Velasco envió a la cárcel a González por varios delitos, también por organización criminal, sin necesidad de que lo solicitaran los representantes del Ministerio Público.
Los roces con los fiscales del caso habían comenzado casi desde la llegada de Moix a Anticorrupción, el 8 de marzo. El nuevo jefe apremiaba a sus subordinados a acabar cuanto antes con las intervenciones telefónicas de los investigados y defendía que la Fiscalía no solicitara órdenes de detención contra el expresidente de la Comunidad y los otros 11 detenidos el día 19. Los arrestos debería ordenarlos el juez por iniciativa propia o limitarse a ser detenciones policiales, según les había trasladado.
La tensión fue creciendo hasta la negativa de Moix a un registro vinculado a Inassa, la sociedad a través de la cual opera el Canal de Isabel II en Latinoamérica, cuando se perfilaban los últimos detalles del operativo. Fuentes cercanas al caso aseguran que Moix pretendía limitar el alcance temporal de la investigación, lo que dejaría la gestión del año 2001 fuera del presente caso y, en consecuencia, la posible responsabilidad de Alberto Ruiz-Gallardón.
Esa exigencia de Moix provocó la invocación del artículo 27 y la convocatoria de la Junta de Fiscales. Yáñez llegó a trasladarle su deseo de dejar la Fiscalía Anticorrupción si no recibía el respaldo de sus compañeros. Pero lo tuvo y abandonó esa idea. Fuentes próximas a los fiscales del caso aseguran que, a su término, el jefe de Anticorrupción les advirtió que dejarían el caso una vez se hubieran producido las declaraciones de los principales imputados.
Manuel Moix no lo olvidó y el pasado lunes recordó a Yáñez su intención inicial de irse. El fiscal del caso Lezo le recordó las circunstancias en las que había pronunciado su propósito y cómo éstas habían cambiado. Moix, según las mismas fuentes, le dio de plazo los tres días que Yáñez se iba a tomar para descansar. El próximo viernes debería regresar a Anticorrupción y presentar su solicitud de regreso a Granada.
Pero a las 14.00 horas del miércoles, la cadena SER desveló la decisión de Moix de apartar a Carlos Yáñez del caso. A las 15.04, el gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado enviaba a los medios de comunicación una nota de dos párrafos en la que negaba que Yáñez hubiera sido relevado. “De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado”, añade la nota. La renovación, aclaró después, fue el 6 de abril, lo que significa que Moix habría propuesto renovar a Yáñez, como poco, doce días antes del enfrentamiento en la Junta de Fiscales.
El pasado lunes por la mañana, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cumplió con una visita institucional a la Fiscalía Anticorrupción, pendiente desde que tomó posesión. Además de una reunión conjunta, Maza visitó las unidades adscritas y pasó por los despachos de los fiscales.
La felicitación del fiscal general
En el caso de Yáñez aprovechó para felicitar al fiscal por los resultados de la Operación Lezo y el fiscal guardó silencio sobre la acometida de Moix tras la Junta del martes anterior. A pesar de los términos de este encuentro, el jefe de Anticorrupción lanzó el ultimátum a Yáñez al día siguiente de que fuera felicitado por el fiscal general en persona.
En esa misma visita, Maza saludó también a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, a los que tres días antes había apartado del caso del 3%, de acuerdo con el fiscal jefe Anticorrupción. Tanto esta decisión como las presiones a Yáñez serán abordadas en el próximo Consejo Fiscal, que se reunirá el jueves y el viernes de la próxima semana. Por el caso del fiscal de la Operación Lezo preguntará a Maza la Unión Progresista de Fiscales.
El nombre del actual jefe Anticorrupción es pronunciado por Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas por los investigadores de la Operación Lezo. El principal imputado aseguraba con tres meses de antelación que Moix va a ser elegido para dirigir la fiscalía especial y le calificaba como “un tío serio, bueno”. Moix resultó elegido de una terna de siete candidatos siendo el único que no había pasado por la Fiscalía Anticorrupción, y frente a pesos pesados de esa especialidad como Belén Suárez, Alejandro Luzón o Antonio Romeral.
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá asimismo el cese de Moix y Maza por las presiones al fiscal Yáñez tras la petición del PSOE y Ciudadanos. Esto se producirá con independencia de la comparecencia ante la comisión de Justicia que ambos deberán realizar por la sustitución de los fiscales Grinda y Bermejo de la investigación de la financiación irregular de la antigua CDC. “La situación de la Fiscalía en estos momentos es de quiebra institucional”, no dudan en señalar fuentes del Ministerio Público.