La comisión que estudiará una posible reforma de los delitos sexuales en el Código Penal por encargo del ministro Catalá ya tiene ante sí los primeros escollos. Las catedráticas de Derecho Penal, a las que se quería incluir en un grupo formado hasta ahora solo por hombres, reclaman que su participación sea habitual, como vocales permanentes, y no temporal. Este será el primer punto que tendrán que resolver los integrantes de la sección Penal de la Comisión General de Codificación, el órgano asesor de Justicia compuesto solo por hombres que se reúne por primera vez este jueves, y que tiene poco más de un mes para presentar su propuesta.
Además, durante esa primera reunión también se pondrá sobre la mesa precisamente este asunto, el tiempo tasado que les ha dado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se hablará también de si es oportuno cambiar la ley en respuesta a una sentencia que aún no es firme y se tratará el ninguneo al que el ministro ha sometido a este grupo de expertos, que no participaron en las reformas del Código Penal.
Pero el punto clave de esa reunión, el primero a resolver, será la inclusión de mujeres en estos trabajos. Sin ese punto resuelto será complicado que pueda avanzarse en otros asuntos. Las catedráticas de Derecho Penal a las que se quería incluir han enviado una carta al presidente de este grupo de expertos, Esteban Mestre, en la que rechazan la pretensión del Ministerio de Justicia de incluirlas en las sesiones de la sección Penal de forma temporal, durante el tiempo que duren los trabajos para reformar los delitos sexuales.
Solo dos catedráticas de Penal han aceptado la propuesta: Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo) y Carmen Lamarca Pérez (catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III). Dos mujeres más participarán en los trabajos: Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes, y Victoria Ortega, vocal nata de la Comisión como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Mirentxu Corcoy (departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona) había aceptado, pero ha renunciado al saber que su incorporación era temporal. De las 30 catedráticas de Derecho Penal que hay en España, 25 han reclamado a la comisión que la presencia de mujeres vocales sea de manera permanente y no circunstancial.
Para ello, proponen a los 20 hombres que dimitan. El Ministerio no puede destituirles, así que la iniciativa tiene que partir de los propios vocales. Así, explican, la sección Penal de este órgano asesor podrá formarse desde cero con principios de “transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género”. Este será el primer asunto que traten los vocales durante su reunión: ya están convocados para la mañana de este jueves. Hasta que este punto no se resuelva, algunos vocales se niegan a entrar en materia y comenzar a debatir para presentar una propuesta de reforma.
Dimitir o ampliar la comisión
Luis Arroyo Zapatero, catedrático de Derecho Penal, es uno de los vocales que acudirá a la reunión del jueves. La solución que planteará no pasa por la dimisión de los actuales integrantes de la comisión, sino por la ampliación a 30 miembros, con 10 mujeres penalistas, algo contemplado en los estatutos. Además, según explica a eldiario.es, reclama que algunos de los vocales más veteranos dejen de serlo, lo que facilitará equilibrar la composición.
Para Arroyo, que remarca la anormalidad de que la sección Penal sea la única sin mujeres, cree que esta es una buena oportunidad para “recomponer la vida institucional en lo que a paridad se refiere”. Otro vocal, que prefiere no dar su nombre, se muestra partidario de dimitir. Califica la comisión como “una antigualla” que debe ser actualizada con la presencia de mujeres penalistas. Afirma que si para ello es necesario presentar su dimisión, lo hará. Otros integrantes se reservan sus propuestas para la reunión. Los hay que creen que la dimisión en bloque no solucionada nada y que debe buscarse otro mecanismo para incluir a las catedráticas de Penal de forma permanente.
Durante la reunión también saldrá el tema del ninguneo al que Catalá ha sometido a este grupo de expertos. Hay vocales que no quieren dejar pasar esta ocasión, una de las pocas reuniones a las que han sido convocados -para algunos, la única-, para poner de relieve que el Ejecutivo les ha ignorado en las sucesivas reformas del Código Penal, algunas de enorme calado.
Así, plantearán que el Ministerio de Justicia debe adquirir cierto compromiso de contar con la sección Penal de la Comisión de Codificación de manera habitual, como hace con otras secciones. Arroyo llama la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que no se les consultó su criterio para aprobar la prisión permanente revisable. Algunos se plantean dimitir si Justicia no se compromete a contar más con ellos.
Problemas con los plazos
Además se hablará sobre los tiempos acotados que ha dado Catalá para este trabajo. Su propuesta de reforma tiene que estar terminada antes del 15 de junio, lo que da poco más de un mes a los expertos para analizar, debatir y plantear una reforma. Arroyo cree que es tiempo más que suficiente, pero otros discrepan y creen que no puede abordarse una cuestión tan importante en un plazo tan corto.
También plantearán algunos vocales si tiene sentido abordar esta cuestión ahora, cuando aún quedan dos recursos más que aclararán una sentencia que aún no es firme. Hay vocales que no están dispuestos a sumarse a la estrategia de Catalá, quien creen que está legislando en caliente en respuesta a un fallo que ha provocado numerosas protestas.
Así, la comisión tendrá primero que resolver estas cuestiones antes de entrar en el fondo del asunto. Esa discusión también se antoja complicada. Arroyo, por ejemplo, es partidario de recuperar el término violación en el Código Penal para adecuarlo “al lenguaje de la ciudadanía”. Otros creen que no hay que hacer cambios en este sentido, pero plantean repensar el término “abuso” o algunos agravantes.
En ese debate no se entrará hasta que no se resuelva la incorporación de las mujeres, y algunos se muestran pesimistas. Dejan en el aire la posibilidad de que la comisión no sea capaz de asumir este encargo si finalmente no se consigue que se lleve a cabo con el trabajo conjunto de hombres y mujeres expertos en Derecho Penal.
La comisión se reunirá sin uno de sus integrantes más veteranos. El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde ha presentado su dimisión, en desacuerdo con la reacción de Catalá a la sentencia de 'la manada'.