Los problemas judiciales de Rodrigo Rato no se acaban con la condena a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black ratificada este miércoles por el Tribunal Supremo. El que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar tiene por delante un horizonte judicial que tiene su principal hito en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, la entidad que dirigió entre 2010 y 2012. Además, afronta otra causa por una supuesta evasión fiscal derivada de sus negocios particulares y de los supuestos sobornos que cobró cuando estaba al frente de ese banco, que acabó rescatado con más de 22.000 millones de euros de dinero público.
Lo inminente es el juicio por la quiebra de Bankia, que se inicia el próximo 26 de noviembre. Ese día, Rato volverá al banquillo de los acusados, donde tendrá que responder por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 y estafa a los inversores. Tras cinco años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Aundreu logró recabar indicios que apuntan a que Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad con el objetivo de que pudiera salir a Bolsa.
Este juicio es determinante para que el exbanquero, con arraigo familiar en Madrid, cumpla la condena por las tarjetas black en una prisión próxima a la Audiencia Nacional. En esta causa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el organismo público que acudió al rescate con 22.000 millones de euros, solicitan para él una pena de cinco años de cárcel. El Ministerio Público también reclama a los acusados que indemnicen a los inversores minoristas personados en el procedimiento por el importe total de su inversión, excluyendo a quienes hayan sido indemnizados por Bankia.
Negocios y sobornos
Además, el que fuera vicepresidente del Gobierno de España y director del FMI, afronta otra investigación por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares después de que se descubrieran 6,5 millones de euros de origen desconocido en una sociedad controlada por él, Kradonara. En el curso de esta investigación fue detenido y puesto en libertad el 17 de abril de 2015 tras el registro de su vivienda y su oficina en Madrid.
La causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, se basa en las irregularidades fiscales derivadas de los negocios particulares y de los sobornos supuestamente cobrados por Rato durante el periodo en el que presidió Bankia. En una primera fase, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó varios movimientos sospechosos de Rato para supuestamente ocultar sus ingresos a la Hacienda Pública.
Según este informe, en el que se basó la Fiscalía de Madrid para formular la denuncia que dio origen a la investigación, en 2013, Rato transfirió a sus hijos las participaciones de sus sociedades para aparecer ante la Hacienda Pública con un patrimonio inferior al real. Después, para recobrar el control sobre esas participaciones, amplió supuestamente el capital de la sociedad Kradonara.