La operación de la Guardia Civil contra un grupo de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) ha irrumpido a menos de tres semanas de que se conozca la sentencia a los líderes del proceso soberanista en Catalunya y en plena precampaña electoral. Los investigadores justifican el momento de la operación alegando que los detenidos preparaban actos de “terrorismo” en las próximas fechas y los indicios presentados en la Audiencia Nacional han servido al juez para dictar prisión incondicional contra siete de ellos.
En el plano político, el independentismo ha cargado contra las detenciones y ha tachado la operación como un acto más de “represión” del Estado y lo ha calificado como un “montaje”. La publicación en varios medios de comunicación de información protegida por el secreto del sumario ha indignado a los abogados de los detenidos. Partido Popular y Ciudadanos han visto en las detenciones la demostración de la deriva del soberanismo catalán hacia la violencia. El partido de Albert Rivera ha registrado una moción de censura, mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desliza que no le temblará la mano para aplicar el 155 o la ley de seguridad nacional en Catalunya. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha salido en defensa de los detenidos y pedido que no se asocie independentismo y terrorismo.
¿Por qué la causa contra los CDR se instruye en la Audiencia Nacional?
En las diligencias previas 99/2018 se investigan los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para cometer estragos. Todos esos delitos son competencia, también por Ley, de la Audiencia Nacional.
La explicación de por qué los investigados son acusados de un delito de terrorismo por preparar sabotajes contra bienes materiales está en el artículo 573 del Código Penal. En dicho artículo se incluyen todas las actuaciones que serán investigadas como terrorismo y entre ellas figuran los daños al “patrimonio” si tienen como fin “subvertir el orden constitucional”, extremo que repite el juez instructor, Manuel García Castellón, en sus autos de prisión. En esas resoluciones judiciales se asegura que el fin último de los detenidos era instaurar la República catalana.
¿Por qué todavía no conocemos todos los indicios o pruebas contra los investigados?
El juez García Castellón ha declarado secretas las actuaciones. Esta medida, recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aplica a las investigaciones judiciales de delitos graves con el fin de que nada interfiera en la resolución de los mismos. La decisión de declarar la causa secreta implica que las defensas no tengan acceso a las actuaciones, solo a los autos sobre medidas cautelares aplicadas a los investigados, y con restricciones.
En este sentido, García Castellón notificó el pasado jueves a los abogados los autos de prisión. El magistrado justifica la medida en los tres supuestos que prevé la ley: riesgo de sustracción a la justicia, de obstrucción de la investigación y reiteración delictiva.
En ellos afirma que, para asegurar “el carácter secreto de las presentes actuaciones”, por una parte, y “para garantizar al investigado y a su defensa el acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del detenido”, se les facilitaba la resolución razonada pero mutilada. El juez advertía de que suprimía el punto Tercero de los Fundamentos Jurídicos.
El mismo día que se envió a prisión a los siete detenidos se conoció el contenido de los autos mutilados. En ese momento trascendieron aspectos como que el magistrado investigaba a un presunto grupo terrorista llamado Equipos de Respuesta Táctica (ERT), “dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo”. Sin embargo, los detalles conocidos en días posteriores están extraídos de la parte suprimida en las resoluciones entregadas a las defensas.
Los abogados defensores han presentado este miércoles un escrito al juez solicitando una investigación de estas “filtraciones masivas” porque, dicen, afectan “de forma directa al derecho de defensa” de los encarcelados y suponen “un linchamiento mediático que les está comportando serios costes personales y que está dejando en saco roto el derecho a la presunción de inocencia”.
Las defensas apuntan en concreto hacia una de las unidades de investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía, ya que “el auto de prisión completo solo era accesible para el Ministerio Público”. El juez tiene previsto consultar al fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, antes de decidir si abre una pieza separada dentro del caso para investigar el origen de las informaciones.
¿Han estado los imputados siempre investigados por los mismos delitos?
El origen de la investigación es el control de la actividad de los CDR que viene realizando el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) de Catalunya. Se trata de la estructura local del instituto armado dedicada a investigar delitos de terrorismo. Como servicio policial de información obtiene indicios que, si son de entidad, debe poner a disposición de un juez. De lo conocido hasta ahora no está claro cuándo comenzaron las pesquisas. Algunos medios de comunicación hablan de dos años de investigación, esto es, desde la época de la celebración del referéndum soberanista. Los agentes acudieron a la Audiencia Nacional con los indicios recabados hace un año, afirman las fuentes consultadas por esta redacción.
El mismo día de la operación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ofreció una nota pública en la que aseguraba que tenía la “certeza” de que los detenidos iban a atentar entre el aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del procés, que se espera para próximas fechas. El Ministerio Público explicó que se había decidido su detención para “abortar” unos “proyectos terroristas con fines secesionistas” que podrían haber ocasionado “daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos”.
Entonces, el fiscal les atribuyó los delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. El delito de rebelión decayó de su petición después de que los detenidos prestaran declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Ese tipo penal, por el que fueron condenados los responsables del intento de golpe de Estado del 23F, castiga con hasta treinta años de prisión a quienes se alcen “violenta y públicamente” para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Nadie había sido acusado de rebelión desde entonces hasta que fueron investigados los líderes del procés soberanista catalán, pendientes de una inminente sentencia en el Tribunal Supremo.
Esa investigación a los líderes del procés se originó por una querella por sedición presentada también por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Entonces, y en el caso de los CDR, iba firmada por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, enmarcado en el sector más conservador del Ministerio Público.
¿Qué indicios hay contra los investigados de los delitos por los que están acusados?
“Las intervenciones telefónicas y seguimientos y demás diligencias practicadas aportan indicios suficientes para sostener que los investigados pertenecen a los CDR, y dentro de éstos, al sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado en los ERT, siendo éste una organización con una estructura jerarquizada”, dice el juez en los autos publicados.
En una nota hecha pública por la Guardia Civil la mañana de las detenciones se podía leer: “Durante los citados registros, se ha incautado abundante documentación y material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado abundante material y sustancias, consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de explosivos”. La nota se acompañaba de un vídeo con imágenes de uno de esos registros.
En el auto de prisión de Alexis Codina Barberán, avanzado en su totalidad como el resto por la Cadena Ser el pasado domingo, se dice que en la casa de este investigado “se ha llevado a cabo la fabricación y prueba de diversos compuestos incendiarios, tales como la termita, así como la preparación de diferentes tipos de explosivos como la cloratita, ácido pírico, anfo”.
Todas estas afirmaciones son una suerte de conclusiones de las investigaciones, sin que el secreto de sumario permita conocer todavía cómo se ha llegado a ellas. Salvo alguna excepción. Ocurre en una de las intervenciones telefónicas de la que el magistrado decide reproducir un extracto. Se realiza a Ferran Jolis, y en la misma el imputado afirma: “Me estoy jugando el culo porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada”.
¿Quiénes son los detenidos?
El perfil de los arrestados se aleja del prototipo de joven radical que participa en algaradas. Todos superan la treintena, varios son padres de familia y uno de ellos tiene más de 50 años. Los arrestos se produjeron tanto en poblaciones del cinturón industrial barcelonés (Sabadell o Mollet), como en una masía de Sant Pere de Torelló, un pueblo de poco más de dos mil habitantes de la comarca de Osona.
Dos de los encarcelados fueron en las listas municipales de ERC y la CUP, uno como cabeza de lista en el pueblo de Folgueroles en 2011 y otro como suplente en los últimos comicios en Santa Perpètua. Fuentes del entorno de los arrestados, con todo, sostienen que no se trata de personas politizadas desde hace años, sino que más bien su participación en los CDR se debe a la situación generada por el procés. Y niegan además cualquier intención de los arrestados de cometer actos violentos.
Esto es lo que dicen de ellos los autos de prisión:
Ferrán Jolís (38 años). El juez destaca su papel “clave” en la organizacioÌn, “donde se encargaría del aseguramiento de las comunicaciones”. Reconoció su participación en los ERT tanto en la declaracioÌn policial como judicial. Fue el organizador de la supuesta reunión entre varios miembros del grupo y una hermana de Puigdemont para establecer “comunicaciones seguras” entre el expresident huido y Torra.
Eduard Garzón (49 años). Es, según el juez, el segundo miembro con mayor peso en el ERT, donde estaría encargado de organizar e impulsar la “coordinacioÌn de acciones”. También participó en la supuesta reunión con la hermana de Puigdemont.
Xavier Duch (50 años). Según el auto de medidas cautelares es un “miembro especialmente activo” del ERT, donde es uno de los encargados de la guarda y custodia de los equipos utilizados para mantener comunicaciones seguras. Duch habría mostrado su “plena disposición” a participar en el “asalto” al Parlament de Catalunya el día de la notificación de la sentencia del procés. También participó en la supuesta reunión con la hermana de Puigdemont.
Jordi Ros (45 años). Participó en la “compra” de sustancias quiÌmicas consideradas precursores de explosivos y material para su tratamiento, un hecho que reconoció ante la Guardia Civil aunque enmarcó en actos de sabotaje y negó cualquier vinculación terrorista.
Xavier Buigas (48 años). El auto de prisión destaca su “preeminente posicioÌn” en la estructura interna del ERT, donde se habría encargado de la “planificacioÌn, el desarrollo y puesta en marcha de las acciones violentas”.
Alexis Codina (41 años). La investigación le implica directamente en la fabricación de explosivos. En su domicilio fue incautada termita lista para usarse, una nota manuscrita para fabricar Goma2 y “todos los elementos necesarios” para elaborar Amonal, Amosal y Anfo. El juez detalla que formaba parte del “núcleo productor” de explosivos junto a Jordi Ros y Germinal Tomás.
Germinal Tomás (39 años). El auto de prisión le implica en la “adquisicioÌn, fabricacioÌn y puesta a prueba del material explosivo” que, según el juez, serviría para “ser empleados contra personas o bienes en el marco de acciones tendentes a facilitar la secesioÌn de Cataluña” y la República catalana.
¿Cuáles eran los presuntos objetivos del grupo desarticulado y cuándo querían atentar?
En la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el “asalto y posterior ocupación de forma ilegal” del Parlament de Catalunya en el día “D”, con el fin último de subvertir el orden constitucional. El juez no detalla a qué día se refiere, aunque la Fiscalía difundió una nota pública en la que aseguraba tener “certeza” de que los detenidos iban a atentar entre el aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del procés. Según el juez, ese plan estaría “encomendado” por “parte del denominado CNI catalán”, la denominación que se atribuye al Cesicat, órgano de la Generalitat que no se menciona por su nombre en el auto.
Los autos del juez sostienen que los ERT ensayaron sus acciones durante los disturbios durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre de 2018 y la planificación y el derramamiento de aceite en la carretera C-55 al paso del convoy escoltado por la Guardia Civil que trasladaba a los políticos presos al juicio del procés.
¿Qué alusiones hay a Torra y Puigdemont?
Los autos censurados a las defensas incluyen unas referencias de alto voltaje político al referirse al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su antecesor huido en Bruselas, Carles Puigdemont. Tras analizar los pinchazos telefónicos de dos miembros del grupo, el instructor detalla un encuentro organizado el 15 de septiembre de 2018 por los detenidos para “entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras” entre Torra y Puigdemont. Ambos se han reunido 48 veces en 16 meses, según expone la defensa del expresident.
El enlace entre el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) y president y expresident fue una “hermana” de Puigdemont, que varios medios de comunicación relacionaron directamente con Anna, aunque el expresident tiene otras hermanas. Anna Puigdemont hizo público un contundente comunicado en el que negó cualquier tipo de función de enlace y relación con los detenidos. Desde la Generalitat han reiterado que no dan “credibilidad” a esta tesis y Puigdemont ha ido más allá y ha vinculado la causa de los ERT con un nuevo intento de euroorden, en este caso por terrorismo.
¿Cómo ha impactado el caso en la precampaña?
Las detenciones han aumentado la tensión política de una precampaña que vuelve a estar centrada en Catalunya ante la inminente sentencia del procés y el segundo aniversario del 1-O. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido el tono y ha exigido a los independentistas y en particular al president de la Generalitat, Quim Torra, que “no jueguen con fuego” y condenen la violencia. El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado que la operación contra los CDR justifica la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional sobre los Mossos.
Con las encuestas en su contra, Ciudadanos ha convocado este miércoles a la prensa para presentar ante la Fiscalía una denuncia por la supuesta vinculación de Torra y Puigdemont con los CDR detenidos. Finalmente el partido de Albert Rivera no ha registrado este miércoles la denuncia “por motivos formales”, pero ha aprovechado para señalar a Torra por “incitar y encender la mecha” y ser “la verdadera cabeza de los CDR”. De paso ha anunciado una moción de censura contra Torra en el Parlament, que el PP apoyará. El PSC ha anunciado su abstención, con lo que las opciones de prosperar son nulas. En cinco días se debatirá en el Parlament. El president también ha recibido ya una querella de Vox.
Lejos de condenar la violencia como le pidió el Gobierno, la Generalitat ha apoyado a los CDR detenido. El president, Quim Torra, a diferencia del vicepresident, Pere Aragonès, se sumó a los gritos de “libertad” que los diputados independentistas del Parlament lanzaron el jueves tras el ingreso en prisión de los detenidos. El mensaje de Torra es el mismo cada vez que se le pregunta. “No se puede condenar la violencia que no existe”, insiste el president, que no deja de reivindicar que el independentismo “siempre ha sido pacífico”.
Incluso desde el PNV, partido sensible a las reivindicaciones soberanistas catalanas, el diputado Aitor Esteban ha sugerido a la Generalitat trasladar a los CDR que “no es admisible la violencia ni avasallar al adversario”. Este miércoles la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha matizado que ella “no pone la mano en el fuego” por los CDR porque no lo hace “por nadie”. Pero ha insistido: “No se puede condenar una violencia que no ha existido”.