A falta de comparecencia de Pedro Sánchez, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, intentó con poco éxito hacer el tradicional balance de Fin de Año. Toda su comparecencia giró en torno a la investidura de Pedro Sánchez, el escrito pendiente de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Junqueras, el calendario posible y la actitud de la oposición por eludir su responsabilidad ante el bloqueo.
Así vino a igualar a la derecha con las fuerzas antisistema porque, a su juicio, la responsabilidad es de todos los partidos, y no solo del Gobierno: “Lo más constitucional en este mundo es tratar de integrar o encauzar diferencias para lograr la convivencia. Y salir del bloqueo es una responsabilidad de todos. Todos los grupos políticos somos responsables de que las instituciones se pongan en funcionamiento. El bloqueo y la obstrucción porque sí son propias de las fuerzas antisistema. Más de ellas que de partidos con vocación institucional”.
Pese a todo dijo que el Gobierno no tiene plan B y, por tanto, ninguna intención de negociar con las derechas en el caso de que las conversaciones con Esquerra Republicana descarrilasen. “Trabajamos -afirmó- por Gobierno que permita encauzar las diferencias. Otros se empeñan en querer terceras elecciones. Nosotros en no tenerlas”. Insistió en que “no hay posibilidad de otro gobierno, salvo el que se está configurando porque todo lo demás son cantos de sirena irreales” y que, en todo caso “seguir instalados en el bloqueo es desentenderse de la necesidad de que este país tenga un gobierno”.
Celaá, que evitó hablar de fechas, no ocultó que si el escrito de la Abogacía se presenta finalmente el lunes 30, Pedro Sánchez aún podría ser investido el 5 de enero. El “cuanto antes” sigue siendo la intención del PSOE, que cada día se encuentra con un obstáculo nuevo a sortear desde las filas de los republicanos.
Ni Sánchez, ni el PSOE, ni mucho menos la portavoz del Gobierno han dado explicaciones sobre una negociación que no ha sido en ningún momento interrumpida, ni siquiera, como se dijo, a la espera del escrito de la Abogacía sobre la inmunidad de Junqueras. Celaá recordó que el plazo para conocer las alegaciones de los servicios jurídicos del Estado no concluye hasta el 2 de enero y que, por tanto, aún hay tiempo. Lo que sí quiso recalcar, en lo que se entendió como un claro mensaje a ERC, es que la decisión final sobre lo dictado ya por el Tribunal de Justicia Europeo le corresponde en todo caso al Supremo, y que en nada determinará su decisión lo que pueda alegar la Abogacía del Estado, cuyos tiempos le corresponden a ella y no al Gobierno. Añadió también que la interpretación no es fácil en la medida en que Luxemburgo ha cambiado la doctrina según la cual hasta ahora eran lo estados miembros quienes decidían el momento en que los diputados adquirían tal condición.
El cambio doctrinal, que establece que un eurodiputado adquiere esta condición en el momento de ser proclamado, requiere a juicio del Gobierno de “un estudio profundo que es el que está haciendo en estos momentos la Abogacía del Estado de acuerdo a criterios técnicos y jurídicos”. La portavoz en fucniones no quiso avanzar más sobre los términos del pronunciamiento de los servicios jurídicos del Estado, pero sí recordó que ya en junio se manifestó a favor de la excarcelación temporal de Oriol Junqueras para que pudiera recoger su acta de eurodiputado.
A la ministra portavoz le tocó también lidiar con la polémica sobre la decisión de Pedro Sánchez de romper con el tradicional balance de Fin de Año en rueda de prensa, pero salvo para decir que el presidente en funciones “no ha roto con nada” y que “las circunstancias no siempre son idénticas”, poco más dijo. Bueno sí, que “estamos en medio de una conversación política con ERC”, que “no ha acabado el partido”, que aún “no hay gobierno”. y que a Sánchez no le ha parecido precedente comparecer “habida cuenta de las circunstancias objetivas que concurren”. Pues de eso se trataba precisamente, de que explicara la circunstancias que los españoles desconocen y de que anticipara la que será su agenda legislativa cuando logre formar el primer gobierno de coalición de España, que Celaá resumió en una nueva ley de educación, otra contra el cambio climático y uno nuevo estatuto de los trabajadores, además de la consolidación de los derechos civiles y las libertades públicas…. La ministra habló de 50 grandes proyectos. Pero para conocerlos, habrá que esperar cuando menos a que llegue el 2020.