Un chalé, muertos que votan y un duque famoso: los entresijos de la querella contra el club de golf más pijo de España

El Real Club de Golf de La Moraleja es una elitista organización creada en 1972. Se dedica a la gestión de campos –tiene dos en La Moraleja, la zona con renta per cápita más alta de España, y dos en el término municipal madrileño de Algete–. Cuenta con 130 empleados, una cifra de negocio anual de 17 millones y 6.000 socios que pueden practicar golf, tenis, pádel, squash o solazarse en sus chalés, pistas, clubes sociales, peluquerías y restaurantes que, según sus últimas cuentas presentadas al registro, ingresan 1,5 millones de euros anuales en comidas de socios.

En La Moraleja juega la jet set de España. Condes, duquesas, millonarias, herederos, CEO’s de multinacionales. Entre los más populares estuvo Mario Conde –que tuvo que sacar a subasta su acción por impagos–, Antonio García –el padre de Ana Obregón, uno de los impulsores del proyecto– o Juan de Borbón, padre del rey emérito, que fue socio de honor hasta su muerte. Son socios actualmente banqueros, exbanqueros y familias poderosas como los Ybarra, Domecq, Entrecanales, la familia Echenique, los Obregón, la familia Aguirre y cientos de apellidos de fortunas y directivos del país. 

Ahora, 14 personas que forman parte del consejo de administración tendrán que declarar en un juzgado de instrucción de Alcobendas como querelladas después de que se haya admitido a trámite una denuncia de la socia Elena García, presidenta también de la Asociación Pro-Defensa del Club de Golf La Moraleja y a quien el club ha expulsado por sanción disciplinaria (motivo por el cual presentó hace unos meses otra querella por derecho al honor).

La jueza ha admitido a trámite esta segunda querella, en la que acusa al consejo de varios delitos societarios –“vulneración del derecho a la información, acuerdos lesivos aprovechando mayorías ficticias y falsedad documental”–. Entre los querellados está el presidente del club, Juan Pablo Ridruejo, o los consejeros Aurora García Bardón (Microsoft Ibérica), Juan Manuel Bolás (expresidente del Colegio de Notarios y consejero del club hasta 2023), Joan David Grima (ACS) o Juan Marín (Accenture). 

El relato de los hechos en el escrito que ha sido admitido a trámite abunda en que la dirección del club da menos información de la que debiera a sus socios y en que, aprovechando votos delegados ficticios, e incluso usando el voto de personas que habían fallecido, se sacaron adelante algunas votaciones. Destaca, en concreto, la aprobación en 2019 de la construcción de un chalé como casa club en los campos ubicados en el término de Algete.

Hasta entonces había una casa prefabricada, pero el consejo de administración sacó adelante una construcción a la altura de los estándares del club. Cinco millones de euros para un chalé social inaugurado en 2023, un “acontecimiento verdaderamente importante que ya da servicio a nuestros campos 3 y 4. Con ella, completamos un proyecto que nos ha convertido en el club privado más grande y prestigioso de España y uno de los más importantes de Europa”, según la felicitación de Navidad enviada a los socios este año pasado por el presidente ahora querellado. Esa es la construcción que la denunciante asegura que salió adelante gracias a votos irregulares, un punto que pretende aclarar la jueza al llamar a declarar a parte del consejo de administración entre abril y mayo de este año. 

El proyecto ha sido contestado en algunas juntas de accionistas (los miembros del club) por socios que han mostrado hace tiempo su oposición a la construcción de campos en Algete o la nueva casa club, como se puede leer en la querella, una ampliación que desde su arranque tiene luces y sombras, críticos y defensores. “Los campos son muy buenos”, cuenta un socio veterano que prefiere no dar su nombre, “pero sí fue polémico porque la inversión fue muy alta y podía dejar el club en situación financiera complicada, como al parecer así fue”. “Como en cualquier sociedad, es posible que algún socio no esté de acuerdo con algo, pero la mayoría de los socios son los que deciden. Respetamos las opiniones de todos los socios y siempre pueden defender sus posturas en la Junta, que son sometidas a votación”, responden desde el club de golf.

El macroproyecto empezó a desarrollarse hace casi dos décadas: serían 36 hoyos (18 por campo), con restaurante y una casa club de nivel. Lo aprobó en 2004 la Junta General de Accionistas bajo la presidencia de Ricardo Pradas, que dejó la organización en 2014 al estar imputado, y luego condenado a prisión, por la Audiencia Nacional en el caso Novagalicia, donde un grupo de directivos organizó una trama para cobrar 19 millones en indemnizaciones en plena crisis de la caja.

Los terrenos sobre los que se ha construido fueron comprados por 36 millones al Duque de Alburquerque, Juan Miguel Osorio, cuatro veces grande de España y conocido de las revistas del corazón por haberse casado en segundas nupcias con la modelo Blanca Suelves. Pese al millonario desembolso, esas 136 hectáreas tenían una pega no menor: estaban en una zona altamente protegida, el terreno estaba sin deslindar y había riesgo de expropiación porque cerca pasan dos autopistas, según constató por escrito la consultora EY contratada por el propio club de golf en un informe. 

También se acordó pagar al duque 100.000 euros al año por usar una balsa de riego hasta que se construyera una instalación de depuración y se le vendieron seis acciones del club “a 74.000 euros cada una”, según el mismo texto. En total, según los datos hechos públicos en la inauguración de los campos, la operación Algete salió por 70 millones de euros.

Esos terrenos sobre los que el club quería construir su joya de la corona, y que fueron inaugurados en 2012, están protegidos porque colindan con un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), concretamente las “cuencas de los ríos Jarama y Henares”, según recoge la declaración de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid consultada por elDiario.es. “Cuando se presentó por primera vez el proyecto, a principio de los 2000, la Comunidad de Madrid –gobernada entonces por Alberto Ruiz Gallardón– emitió una declaración negativa por el efecto del campo de golf sobre el entorno del río Jarama y porque el plan de ordenación de Algete preveía hacer allí un parque fluvial”, recuerda María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la región de Madrid. 

Pero algo cambió y, en 2007, ya bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, el proyecto consiguió una declaración de impacto ambiental “favorable”, según la resolución a la que ha podido acceder este medio. En ella se reflejan también las alegaciones que en su día hicieron el ayuntamiento de Algete y Ecologistas en Acción, entre ellas, “no se evalúan los efectos de humanización sobre la zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) colindante” o “no se justifica convenientemente la necesidad del proyecto”. “En esa época, Aguirre estaba en campaña por el golf, su marido era vicepresidente de la Federación y en la directiva de la Moraleja estaban varios familiares”, cuenta Nieto. En efecto, el primo hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, César Gil de Biedma y Zulueta, era vicepresidente del club en el momento de la concesión del permiso.

La expresidenta de la Comunidad Madrid, Esperanza Aguirre, asegura en una llamada de elDiario.es que no tiene “absolutamente ni idea de este tema, la Comunidad de Madrid no tiene ahí nada que ver y en todo caso las declaraciones de impacto ambiental son técnicas”. Preguntada por si la autorización pudo ser favorecida por la promoción del golf en esos años y su afición y relaciones en ese mundo, responde: “Lo que te puedo asegurar es que de esto de La Moraleja no se ha hablado jamás en el Consejo del Gobierno, o al menos yo no lo recuerdo”.

¿Cuál fue el impacto de estos campos de golf? “Se arrancaron muchísimos árboles, sobre todo fresnos que se transplantaron a la orilla del río y se secaron todos, era como un cementerio. Se transformó totalmente la topografía del lugar, porque era un llano de cultivo de cereal y ahora son colinas y desniveles con lagos artificiales, para lo que se hicieron movimientos de tierras brutales”, explica Nieto. La Comunidad de Madrid se limitó a imponer algunas restricciones al paso de maquinaria pesada y uso de agua, en esta zona limítrofe con el Jarama que, incluyendo los 100 metros colindantes con cada orilla, es parte de la zona de protección Red Natura, además de que hay una laguna cercana, Mozanaque, catalogada por su alta biodiversidad de aves.

Pese a todo ello, ese año 2007 el club tuvo vía libre para hacer su proyecto estrella, cuyo diseño se encargó al prestigioso golfista Jack Nicklaus, y la parcela quedó urbanizada, se instalaron redes eléctricas, canalizaciones, desagües y se pavimentó en parte. Ahora está en construcción un importante parking para los socios. El proceso tuvo también pegas y cierto descontrol en el gasto, según la auditoría que encargó el propio club a la firma Grant Thornton. En ella se desglosan irregularidades y negligencias como incumplimientos de contrato que no se reclaman o pagos desbocados para hacer los campos 3 y 4 del club más elitista de España. La auditoría revela sobrecostes de más de 4 millones y dedica varias páginas a Alfonso de la Joya –hermano de Adrián, imputado en casos relacionados con el comisario Villarejo–, socio del club y arquitecto en varios edificios de la Moraleja, cuyas empresas fueron también contratadas para este proyecto. Los auditores revelan también pagos a De la Joya por 77.000 euros sin contratos que soporten estas facturas y que responden “de manera resumida a trabajos y gestiones con el Ayuntamiento de Algete, con la Comunidad de Madrid, al ministerio de Fomento, Juan Osorio (el duque) y ayudas varias”. 

Pero el desembolso para conseguir esos campos de golf no acabó ahí. El club firmó un convenio con el Ayuntamiento de Algete –gobernado entonces por el PSOE y desde el 28M por el PP– para poder iniciar su proyecto y se comprometió a invertir 2 millones de euros para una escuela de golf municipal y a pagar, junto a la empresa del duque, 3,5 millones para un centro de educación ambiental, como queda recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 1 de abril de 2005. Según las cuentas recogidas en el informe de la consultora, La Moraleja consignó como pago al menos 2,1 millones al Ayuntamiento de Algete, aunque la escuela municipal no se ha hecho ni tampoco el centro ambiental.

“La cantidad total por la escuela de golf que correspondía pagar al club era de 1,5 millones de euros y se realizó en diversos pagos, correspondientes a los diferentes hitos cumplidos y expresamente marcados en el convenio al que se refiere, acordado y firmado en el año 2005”, confirman a elDiario.es fuentes oficiales del club de golf, que justifican que “en aquel momento ninguno de los gestores ni de los miembros del consejo de administración estaban en el club”.

El pago fantasma tuvo más recorrido, ya que ocho socios presentaron una reclamación judicial “que fue desestimada en dos ocasiones”, continúan las fuentes oficiales de La Moraleja. Por qué cobraron ese dinero en las arcas públicas de Algete y en qué se invirtió finalmente no se sabe. A la publicación de este artículo, el actual equipo de Gobierno no se había pronunciado sobre el destino de ese dinero acordado en 2005.

Cuando iban a construir la casa club, donde están los vestuarios y las zonas sociales, en el club se habían quedado sin suficiente dinero y decidieron hacer una casa provisional prefabricada. La propuesta de construcción de una nueva, en 2019, en una junta directiva, es un punto sobre los que se va investigar tras la querella, para saber si se sacó adelante legítimamente y por el que pasarán a declarar en el juzgado los más poderosos consejeros del mayor y más potente club de golf de España.