El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, subrayó hoy que “nadie está por encima de la ley”, al referirse al grupo de abogados de derechos humanos detenidos en el país, algunos acusados de subversión, y afirmó que el Gobierno trata los casos de acuerdo a las regulaciones.
“China trabaja por construir un Estado de derecho, en el que nadie se encuentra por encima de la ley”, enfatizó hoy Wang en una rueda de prensa en Pekín junto a su homólogo suizo, Didier Burkhalter.
Wang aseveró que “nadie tiene privilegios” y que el Gobierno chino ha tratado el caso de acuerdo a la ley, antes de añadir que “esto será verificado por la Historia”.
Hace dos días se hizo público que las autoridades chinas han acusado formalmente de subversión a cinco abogados de derechos humanos que llevan seis meses detenidos en ubicaciones sin especificar.
Se trata de la célebre abogada Wang Yu, aplaudida por defender, entre otros, al intelectual uigur Ilham Tohti, a feministas y miembros del grupo religioso Falun Gong, ilegal en China.
También permanecen detenidos Zhou Shifeng, director del bufete Fengrui de Pekín, y los letrados Li Shuyun, Zhao Wei y Wang Quanzhang.
Todos ellos se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua de ser hallados culpables.
Además, Xie Yang, Xie Yanyi y Bao Longju, que también llevan seis meses detenidos, han sido acusados de incitar a la subversión contra el Estado, un delito por el que pueden recibir una condena de hasta 15 años de cárcel.
Sus casos forman parte de los más de 300 abogados y activistas dedicados a casos de derechos humanos que fueron arrestados, interrogados o “hechos desaparecer” el pasado julio en una dura e insólita campaña oficial contra este colectivo dentro de la que todavía alrededor de una veintena siguen en manos de la policía.
Burkhalter aseguró hoy en la rueda de presa que había mencionado el asunto a Wang durante su encuentro, sin que trascendiera más sobre la conversación entre ambos.
La persecución de las autoridades chinas al colectivo de abogados ha sido duramente criticada por la gobiernos extranjeros, entre ellos EEUU y la UE, y por organizaciones de derechos humanos, que la consideran un nuevo paso atrás en las libertades en la segunda economía mundial.