No hay prácticamente ninguna investigación judicial relevante en la que no tenga un cliente José Antonio Choclán, un magistrado que despuntó muy joven en la Audiencia Nacional pero que pronto se pasó al otro lado. Fundó un despacho penalista que ahora es una referencia: cuenta entre sus clientes con los principales banqueros con lastres de la crisis en los juzgados, estrellas del fútbol con problemas fiscales y políticos enfangados en casos de corrupción. A la lista se ha sumado esta última semana Cristina Cifuentes.
La expresidenta madrileña ha recurrido al prestigioso penalista cuando está al borde de enfrentarse al juicio del caso Máster. Cifuentes afronta una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel que podrían llevarla a prisión. Su estrategia hasta ahora ha consistido en embestir el muro de las evidencias de la investigación: ella sigue insistiendo en que realizó el máster. Además, aunque su entorno presionó a la Universidad Rey Juan Carlos para conseguir el acta con la que se defendió de las primeras acusaciones, Cifuentes asegura que su falsificación es cosa de la Universidad.
Ahora Choclán tendrá que decidir si continúa por esa línea de defensa −que la Fiscalía y la jueza instructora han ido desmontando en sucesivos escritos desde que eldiario.es destapó el caso− u opta por afrontar desde otra perspectiva la acusación de falsedad en documento oficial. Aunque tiene fama de conseguir acuerdos para sus defendidos, esto suele darse en casos con penas muy altas o en delitos fiscales. Aquí le basta con que la condena esté por debajo de los dos años de prisión para que Cifuentes evite la cárcel.
En su dilatada carrera Choclán se ha ganado fama de abogado que apuesta por los acuerdos con Fiscalía y Abogacía del Estado. Y los consigue. Sus dotes negociadoras alcanzaron su expresión máxima en el caso Carceller. La familia propietaria de la cervecera Damm se enfrentó a un juicio por fraude fiscal que acabó en una condena de siete años de cárcel para el padre y 13 meses para el hijo. Pero la defensa de los Carceller, que llevó Choclán, llegó a un pacto para que esa pena de prisión se conmutase por una multa de 93 millones de euros.
De la Audiencia Nacional al bufete de abogados
El juez Choclán había llegado muy joven a la Audiencia Nacional, en 1997, después de haber ejercido en Navarra y San Sebastián. Fue el magistrado Siro García quien lo reclutó. Este juez progresista que presidió durante unos años la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo convirtió en su hombre de confianza por su gran conocimiento sobre delitos económicos, recuerda un jurista que les trató a ambos. García necesitaba a un experto en esa materia porque se enfrentaba al caso Banesto, una de las investigaciones más importantes de su carrera.
De hacer de asesor de Siro García pasó a integrar el tribunal del caso Banesto que presidía su padrino en la Justicia. Lo hizo tras la renuncia de Manuela Fernández Prado, cuya familia poseía un importante paquete de acciones del banco. Choclán fue uno de los firmantes del auto que impuso a Mario Conde una fianza récord de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) y el ponente de la sentencia del caso, que condenó al banquero a una década de prisión. Las crónicas de entonces lo señalan como el responsable de la base jurídica de esa sentencia junto con el magistrado Antonio Díaz Delgado.
Siguió ejerciendo como juez y letrado jefe del Servicio de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero en 2004, siete años después de su llegada a la Audiencia Nacional, abandonó su plaza para dedicarse a la abogacía. Él mismo lo justificó años después. “He montado un despacho porque prefiero mantener mi autonomía”, dijo a El País. Dio dos motivos para argumentar su decisión: el económico y la politización de la justicia española, en la que “la capacidad no garantiza el nombramiento”.
En aquellas declaraciones se pronunció sobre una de las sombras que acompañan a quienes han abandonado los muros de la Audiencia Nacional para fichar −o fundar− por uno de los bufetes de abogados instalados en los barrios más caros de Madrid: los contactos que han fraguado con quienes ahora serán los jueces o fiscales de sus casos. “Comprendo que a un ciudadano le pueda chocar o que piense que en ese fichaje de jueces o fiscales pueda haber un instrumento de influencia. Ese argumento tiene las patas muy cortas. Esa supuesta influencia es irreal. No funciona así”, defendió Choclán.
Pero esas relaciones existen y a veces dejan rastro. Aparecen, por ejemplo, recogidas en una de las grabaciones que el juez Baltasar Garzón hizo a los imputados de Gürtel cuando hablaban con sus abogados en prisión. Choclán era el del cabecilla, Francisco Correa. En la sentencia que expulsó a Garzón de la carrera judicial por esas grabaciones aparece resumido el contenido de una de ellas, en la que tratan sobre “cómo enfocar la situación y de las relaciones del letrado con el mismo instructor y con las fiscales del caso”.
“Esas relaciones no influyen ni lo más mínimo, en algunas ocasiones todo lo contrario, son mas duros con los excompañeros”, señala ahora Ignacio Gordillo. Él recorrió el mismo camino, de fiscal de la Audiencia Nacional a un despacho de abogados, y afirma que sus vínculos con antiguos colegas a veces son perjudiciales: “Nos hemos encontrado con que nos han tratado con demasiado rigor precisamente por ser quienes somos”.
La defensa de Correa no duró mucho. La investigación de Gürtel bloqueó los fondos del empresario, por lo que dejó de pagar a Choclán. A comienzos del verano de 2007 solicitó al juez Pablo Ruz que desbloquease 120.000 euros de su cliente para cobrar, pero la Audiencia Nacional no accedió, con el argumento de que Correa siempre podía recurrir a la asistencia letrada gratuita. Choclán dejó entonces de ser su abogado.
Políticos, banqueros y estrellas de fútbol
Correa inauguró la abultada lista de clientes ilustres de Choclán, muchos de ellos inmersos en casos de corrupción. Ha defendido, por ejemplo, a Rita Barberá, que falleció cuando se había iniciado contra ella la investigación por la financiación ilegal del PP Valenciano; al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez −al que libró del caso Pasarelas porque se había superado el plazo e investigación−; y ahora, tiene como cliente al actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por el caso Grúas.
Su especialización en delitos económicos le ha llevado a ser abogado en procesos como el de las tarjetas Black, la Caja de Ahorros del Mediterráneo o la quiebra del Popular, en el que defiende a su expresidente, Ángel Ron. Tiene también clientes en el caso de las cloacas policiales: defiende a Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal.
Entre su extensa cartera de defendidos hay uno que le ha hecho conocido para el gran público. Choclán se ocupó de llevar la estrategia de defensa de Cristiano Ronaldo en su proceso judicial por fraude fiscal. El letrado volvió a hacer valer su fama de buen negociador y llegó a un acuerdo con Hacienda, que libró al exfutbolista del Real Madrid de la cárcel. Aceptó una condena de dos años y a cambio el delantero portugués pagó casi 19 millones de euros.
Gordillo cree que esa imagen que se ha ganado de abogado que sabe llegar a acuerdos proviene de esas investigaciones por delitos fiscales. “En la mayoría de los delitos es muy difícil, pero en el delito fiscal es mas viable, está permitido en el Código Penal”. En esos procesos, a Hacienda y a la Abogacía del Estado les interesa más recuperar lo defraudado, además de la multa correspondiente, que las penas de prisión. Los casos de corrupción son otra cosa.
Uno de los abogados que se ha cruzado con él en algún juicio cree que ahora está muy desbordado de trabajo. Gordillo apunta que es cierto que tiene muchos clientes, pero dibuja a un abogado muy trabajador y organizado. Entre juicio y juicio ha tenido tiempo para escribir multitud de libros sobre Derecho, uno de ellos, sobre delitos fiscales, considerado un best seller en el mundo judicial.
Ahora tendrá que dedicar parte de su tiempo y conocimientos a defender a Cifuentes del caso que acabó con su carrera política. Gordillo pide no dar por hecho que la expresidenta de la Comunidad de Madrid sea culpable por recurrir a un abogado tan caro y prestigioso: “Cuando acudes a un abogado así, buscas experiencia y conocimiento jurídico, y en eso Choclán es de los mejores”.
Cifuentes ya está procesada y aguarda a que se fije una fecha para su juicio. Hay poco margen para hacer un cambio radical en su estrategia, sobre todo, porque si la idea es reconocer los hechos para tratar de reducir la condena, esto implicaría que la expresidenta del PP tendría que admitir que mintió desde el primer día que saltó el escándalo y en cada escrito que sus anteriores abogados enviaron a los juzgados de Plaza Castilla.