El ex chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, se ha negado a declarar esta tarde a las preguntas de los portavoces de la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen. En sus pocas palabras en el Congreso, Ríos ha dicho que se acogía a su derecho a no declarar por consejo de su abogado porque la causa de la Audiencia Nacional, en la que está imputado, sigue abierta y aún está bajo secreto “una parte muy importante”.
Ríos Esgueva conoce la relevancia de esa subpieza secreta de Kitchen porque se inició a partir de un registro en su domicilio. Lo que la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de Asuntos Internos aún es secreto, pero incluye la colaboración del antiguo chófer. Ríos Esgueva se había negado a declarar las veces que el juez le había llamado a declarar con anterioridad, pero desde que se abrió esa subpieza ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales en varias ocasiones.
Fuentes del caso señalan a que esa parte secreta de la investigación apunta a que Sergio Ríos pudo ser infiltrado en la familia Bárcenas por el Partido Popular para controlar sus movimientos antes incluso de que comenzara la operación parapolicial. En aquellos momentos era secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que pesa la petición de Anticorrupción de que sea citada a declarar como imputada desde el mes de septiembre, una solicitud que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, ha ido postergando, al igual que ocurre con el marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado al comisario Villarejo.
La decisión sobre la citación de Cospedal está pendiente de una ampliación de un informe presentado recientemente por la Unidad de Asuntos Internos sobre el contenido de nuevas agendas de Villarejo incautadas el pasado diciembre dentro de la pieza que investiga el intento de venta de información por parte del comisario desde la cárcel. Con esa ampliación del informe policial, García-Castellón decidirá sobre la imputación de Cospedal en los próximos días, señalan las citadas fuentes.
La operación Kitchen trató de sabotear la causa judicial de la caja B del PP para proteger a dirigentes del Partido Popular, entre los que se encontraría la propia Cospedal, según sospechan los investigadores. Para ello, la brigada política pagó 48.000 euros durante dos años a Sergio Ríos a cambio de información robada a la familia y después se facilitó su ingreso en la Policía, donde continúa en activo en un puesto codiciado.
Todos estos hechos fueron recordados por los portavoces a Sergio Ríos que no ha contestado a una sola pregunta durante más de una hora de comparecencia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dicho: “Pasa a la historia como uno de los grandes chivatos de este país. Y a nadie le caen bien los chivatos”.