La CIDH elogió hoy los avances de cerca de una veintena de países en busca de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante periodos de dictadura o violencia interna, pero señaló que todavía quedan “deudas pendientes” en materia de justicia y reparación a las víctimas.
El organismo que vela por los derechos humanos en el continente publicó hoy un informe para facilitar a los Estados los estándares que les permitan mejorar o consolidar su legislación, desarrollar políticas encaminadas a esclarecer la verdad, exponerla al público y compensar a las víctimas.
En ese documento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte de que las heridas abiertas y las preguntas sin resolver que dejaron las dictaduras no se resuelven solo con mecanismos como las comisiones de la verdad creados por los gobiernos democráticos posteriores.
Esos mecanismos, subraya el organismo, deben ir acompañados de acciones de reparación y justicia.
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, subraya la “gran responsabilidad” que tienen las democracias actuales en este sentido porque “la impunidad propicia la repetición de las violaciones” mientras que el ejercicio del derecho a la verdad la previene.
Dieciséis países americanos han creado comisiones de la verdad: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Canadá.
“En la evaluación en materia no judicial y de comisiones de la verdad el saldo sí es positivo”, indicó en declaraciones a Efe Erick Acuña, especialista de la CIDH.
Sin embargo, “el principal problema que muchos estados tienen hasta la fecha es el aspecto de justicia”, dijo.
En concreto el informe hace referencia a las leyes de amnistía que mantienen vigentes países como Perú, Chile, Uruguay, Brasil y El Salvador, que -señala- “impiden el acceso a la justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos” y su derogación “es una deuda pendiente que tienen los estados”.
En este sentido, el informe “El Derecho a la Verdad en las Américas” apunta a la eliminación del uso de la jurisdicción penal militar para supuestos de violaciones de derechos humanos, así como la sistematización y disposición de archivos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos que permitan realizar una investigación completa.
El abogado señaló la importancia de las comisiones de la verdad que “sirven para esclarecer hechos y recuperar información, que pueda ser utilizada a nivel judicial”, aunque cada país ha establecido sus límites.
Un aspecto fundamental sobre la forma de trabajo es el poder recolectar información de los Estados, con la apertura de archivos, y que se permita a los miembros de la comisión de la verdad el acceso a esos documentos y la posibilidad de hablar con las víctimas “que sientan que su historia vale la pena”.
La CIDH consideró “muy positiva” la comisión de la verdad establecida en Perú, por su composición y porque abarcó todos los años del conflicto armado, porque tuvo la posibilidad de investigar todas las violaciones que se cometieron en esa época y dispuso de información de los archivos del estado y de las víctimas.
Sin embargo, explica el abogado, en Chile y Argentina se hizo una lista taxativa de hechos específicos que se podían investigar, y en este segundo país un “gran problema” fue que el Estado destruyó mucha información antes de la entregársela a las autoridades democráticas, lo que “dificultó mucho” la investigación.
La CIDH destaca la importancia de cooperación entre estados para obtener información y valoró que Estados Unidos haya enviado documentación desclasificada a Chile, Perú, Guatemala, Honduras y Brasil.
También destacó los acuerdos de cooperación entre Argentina, Uruguay y Chile para intercambiar información en temas judiciales y facilitar el acceso a los archivos que tienen sus gobiernos, relacionados con la época de las dictaduras.
“La garantía del Derecho a la Verdad permite construir un futuro exento de este tipo de abusos”, aseguró el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, que señaló que el objetivo es ayudar a las democracias a “saldar la deuda pendiente” en esta materia.