Nunca conviene dejar que sean los políticos los que definan el trabajo de los periodistas. No pueden ser imparciales y tienden a tener el puño de hierro y la mandíbula de cristal. “Confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”, dijo Pedro Sánchez el lunes en una entrevista en TVE. Afirmó que hay medios “digitales” que están dañando su reputación y la de su familia. Olvidó que el Código Penal cuenta con artículos sobre la calumnia y la difamación que podría utilizar al igual que cualquier ciudadano.
Al día siguiente, Isabel Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que ni ella ni su partido han atacado la independencia de los medios. “No perseguimos a los medios de comunicación que nos son incómodos, como hace la izquierda”. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó por escrito a este medio hace unas semanas –“os vamos a triturar”– por atreverse a informar sobre el fraude fiscal cometido por el novio de Ayuso. También mintió sobre el trabajo de los periodistas en ese caso y difundió la foto de dos reporteros de El País en la calle junto al domicilio de la presidenta para señalarlos como presuntos acosadores.
Unas horas más tarde, Alberto Núñez Feijóo ofreció otro ejemplo de incoherencia, por decirlo de forma amable, al destacar que apoya la libertad de expresión: “No a que este Gobierno o cualquiera pida callar y deslegitimar a los periodistas. Y sí a la prensa libre en España”. El líder del PP no se había atrevido a desautorizar en público a Rodríguez, con el que se ve a menudo, y desdeñó el ataque como un ejemplo de “conversaciones privadas”. Dirigentes del PP admitieron después en privado que esos ataques eran “un error”, pero sólo porque daban aliento al PSOE.
Rodríguez no es el único que ha deslegitimado a periodistas. La cuenta de Twitter del partido cargó contra Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1' de TVE, por algo tan convencional en la profesión como pedir al PP una reacción, en ese caso una respuesta a la noticia de la querella contra la pareja de Ayuso. La prensa difícilmente puede ser libre si una llamada telefónica te coloca en la diana.
Las relaciones entre políticos y periodistas sólo se pueden medir en términos de incomodidad. Ocupan trincheras muy diferentes. No se sabe lo que es peor, que estén enfrentados a muerte o que compartan la cama. Cada medio tiene sus ideas, sus sesgos e intereses. Todos los gobiernos piensan que los medios les atacan de forma injusta. Algunos se ocupan de reducir esos riesgos al mínimo, como hizo Feijóo con la televisión autonómica durante sus doce años de presidencia convirtiéndola en una oficina de propaganda. Cuando nombras a una interventora electoral del PP como directora de informativos de la TVG, ya se sabe cuáles son tus prioridades sobre la prensa libre. Que sea lo menos libre posible.
Es una tradición de la democracia española. Es lo que hicieron José María Aznar y Felipe González en RTVE en sus años de gobierno.
Sánchez habló de la “máquina del fango” después de sus cinco días de desaparición como una grave amenaza para la convivencia democrática. No adelantó ninguna medida concreta y se limitó a pedir “una reflexión” a los medios de comunicación. Los periodistas se pasan el día reflexionando sin que eso sea una garantía de que lleguen a una conclusión compartida, y mucho menos que sea útil.
No quiere decir que tengan que estar callados. La asamblea de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) ha aprobado una propuesta de la asociación de Sevilla para denunciar “a aquellos compañeros y medios que denigren y desprestigien la profesión y que vulneren el código deontológico”. Si mienten y manipulan, no están en tu bando.
La expresión empleada por Sánchez no es nueva. La utilizó Unidas Podemos en la anterior legislatura para denunciar las sucesivas noticias falsas publicadas por medios como ABC, El Mundo, El Confidencial o Antena 3 sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias desde Venezuela o Irán. Noticias que se basaban en investigaciones policiales ilegales promovidas por el Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy. Lo mismo denunciaron los independentistas catalanes.
Ninguno de los periodistas que escribieron esos artículos reconocieron después que habían sido manipulados, que sabían que sus fuentes eran corruptas o que los resultados de su trabajo no eran ciertos.
Las informaciones que vinculan a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, con Air Europa, que fue rescatada con dinero público en la pandemia, es la novedad de los últimos meses, lo que Sánchez ha llamado “la gota que ha colmado el vaso”. Gómez firmó un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año con Globalia, dueña de Air Europa, que no llegó a cumplirse en su mayor parte por la imposibilidad de hacer actos presenciales por el confinamiento. El Confidencial relacionó a Gómez con uno de los principales imputados del caso Koldo –el empresario Víctor de Aldama–, sólo porque este era asesor de Globalia y amigo de su consejero delegado, y porque se reunieron para tratar posibles negocios comunes que nunca se concretaron. Como después se produjo la pandemia y la crisis de Air Europa, eso ya parecía suficiente como para sospechar.
El medio nunca acusó a Begoña Gómez de cometer un delito. No tenía pruebas de ello y no quería arriesgarse a una querella.
Un segundo asunto relacionado con la esposa de Sánchez es una carta de apoyo a una UTE (unión temporal de empresas) en una adjudicación de contratos por el Ministerio de Economía en 2020. Formularios idénticos similares fueron enviados por empresas como Microsoft y Orange o el Área de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El Confidencial sostuvo que la UTE en la que está un conocido de Gómez recibió el contrato gracias a su recomendación porque la diferencia de puntos fue muy estrecha, pero eso sólo es una suposición. Suficiente para que la llamara “la UTE de Begoña Gómez”, como si fuera suya (no lo era).
En cualquier caso, y aunque sólo sea por cuestiones de imagen, Begoña Gómez cometió un error al intervenir con esa carta en un proceso de adjudicación de contratos.
El magistrado instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha rechazado en dos ocasiones llamar a declarar a Gómez, como ha solicitado una asociación ultra conocida por su oposición a las vacunas en la pandemia. Su respuesta no deja en muy buen lugar al intento del PP y de El Confidencial de relacionar a la esposa de Sánchez con el caso de corrupción protagonizado por el exasesor de José Luis Ábalos. “Los datos que se ofrecen son meras informaciones periodísticas no contrastadas”, ha escrito el juez Ismael Moreno.
En el Congreso, Sánchez se ha negado a responder en concreto a esas acusaciones. No ha hablado de los motivos de la ayuda pública a Air Europa, similar y de menor cuantía a los créditos que los gobiernos de Francia, Alemania e Italia concedieron a Air France, Lufthansa y Alitalia en la pandemia, ni del valor de esa carta de Begoña Gómez. Es una equivocación habitual en política: pensar que responder a una crítica supone darle carta de naturaleza y alimentar la polémica.
“Feijóo ha dicho textualmente que mi mujer debería quedarse en casa sin trabajar”, dijo Sánchez en TVE, donde los dos entrevistadores no le preguntaron sobre Air Europa y sólo hubo una referencia genérica a la carta en una pregunta. No fue eso lo que dijo Feijóo. “Lo que sí le voy a pedir (a su mujer si llega a la Presidencia) es que no tenga contratos con la Administración Pública. Y si tiene sponsors para su trabajo, y resulta que esos sponsors son adjudicatarios de la Administración Pública, eso no se lo voy a consentir”.
Sánchez hizo hincapié en que existe una constelación de medios de comunicación que son máquinas de desinformación, lo que supone una amenaza para la democracia. “Yo he tomado la decisión de liderar este debate, no de monopolizarlo, porque no lo voy a poder hacer solo”, dice en una extraña forma de impotencia. Quiere propiciar una reflexión colectiva que servirá para llenar páginas y minutos de televisión, pero que no tendrá mucha más repercusión. No ha salido de él ninguna propuesta concreta de tipo legislativo, que sería problemática por el riesgo de que afecte a la libertad de expresión.
Ha puesto como ejemplo lo que ocurre en otros países. El caso de Estados Unidos está claro. Pero si algo demuestran esos países es que no hay leyes que puedan poner coto a las mentiras, de la misma forma que no hay recursos efectivos para acabar con las mentiras en la sociedad.
En un contexto altamente polarizado, muchos votantes cuentan con poderosos incentivos para creerse informaciones falsas sobre los políticos del otro lado, a los que presuponen toda clase de intenciones repudiables. Algunos partidos llegan con facilidad a la conclusión de que la polarización extrema es una estrategia que les beneficia. Eso ayuda a entender la evolución de la política española de los últimos años.
La simbiosis ideológica y económica del PP y algunos medios de comunicación es muy antigua. Es especialmente notoria con los medios de Federico Jiménez Losantos, que fueron financiados por el dinero negro del PP, como aparece confirmado en una sentencia.
Además, las instituciones gobernadas por el PP entregan generosas subvenciones a medios de muy escasa difusión o que ni siquiera aparecen en el ranking de los medios auditados, pero que generan una corriente de noticias falsas con la que se alimentan los usuarios de las redes sociales y el propio partido. El Ayuntamiento de Madrid es una de esas administraciones. Diputados del PP recogen esos artículos y los mueven en Twitter para aumentar su difusión. A veces, aparecen en sus discursos en el Congreso.
El alcalde de Madrid dio pábulo el martes a una falsedad sobre el uso del Falcon por Sánchez para viajar a Doñana el día después de que dijera que seguía en el cargo. Martínez Almeida lo hizo sólo para contar con una respuesta supuestamente ingeniosa que a su vez se extendería por redes sociales. Si le recuerdan que es una noticia inventada, le da igual.
Como artistas de la comedia política, diputados y alcaldes compiten con sus frases para ganar retuits, likes y otras formas de apoyo, aumentar su número de seguidores y por tanto su popularidad. La mejor forma de hacerlo es atacar al enemigo. Hubo un tiempo en que Feijóo dijo a sus diputados que valoraría más “una enmienda a los Presupuestos Generales que un tuit ingenioso”. Está claro que ese tiempo no duró mucho.
Más Madrid ha propuesto dos medidas contra la proliferación de bulos. Una draconiana, pero de difícil aplicación: recortar la financiación pública “a todos los medios que de forma reiterada publiquen noticias sin contrastar y sin verificar”. ¿Quién decide qué medios deben ser castigados? ¿En la Comunidad de Madrid alguien podría fiarse del criterio del Gobierno de Ayuso? En segundo lugar, “convocar una consulta de expertos y de la sociedad civil” para que elaboren una ley de publicidad institucional.
Si los periodistas y, obviamente, los políticos cuentan con sesgos ideológicos que los condicionan, lo mismo ocurre con los expertos, que no son sacerdotisas vestales libres de toda ideología. Sólo hay que ver a los expertos que los grupos parlamentarios colocan en el Consejo de Administración de RTVE. Algunos ni siquiera saben mucho de televisión.
El ecosistema mediático madrileño no es muy diferente al de ciudades como Londres, Washington o París. Una burbuja llena de promiscuidad entre políticos y periodistas. Un espacio en que los periodistas corruptos siempre han existido, y por serlo son favorecidos por los partidos. En París, los periodistas se empeñaron durante mucho tiempo en proteger la intimidad de los políticos y restar gravedad a las acusaciones de corrupción. En Washington, las reputaciones se venden y se compran con facilidad. En Londres, los tabloides llevan décadas mercadeando con noticias falsas con intención política. Toda gran concentración de poder genera este tipo de conductas.
Ese es un escenario en el que los Miguel Ángel Rodríguez de la política siempre se han movido como peces en el agua. Es una ciénaga con gran capacidad de alimentar a los especímenes corruptos.