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El 80 por ciento de los que acuden voluntariamente a mediación consiguen un acuerdo

EFE

Madrid —

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El 80 por ciento de las personas que acuden de forma voluntaria a un proceso de mediación logran un acuerdo, un porcentaje de éxito en la solución de los problemas que no alcanza el 20 por ciento cuando los casos llegan remitidos por un juez.

La posibilidad de acudir a un proceso de mediación ante un problema familiar, con la empresa o entre vecinos, por ejemplo, es una opción poco utilizada en España, a pesar de que es más barato y rápido que plantear una demanda en los tribunales.

Sólo el 1 por ciento de la población ha acudido a la mediación en algún momento de su vida, han explicado responsables de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) -encargadas de llevar a cabo muchas de estas mediaciones en España-, la Federación Nacional de Profesionales de la Mediación (Fapromed) y la Asociación para la Mediación Civil y Mercantil (Amecom).

Estas organizaciones han lanzado una campaña para promover que se declare el 21 de enero como Día Europeo de la Mediación, para dar a conocer esta posibilidad de resolver los conflictos a través del acuerdo y el diálogo entre las partes.

Muchos de los casos que reclaman mediación familiar proceden de los servicios sociales, de salud y de asociaciones que trabajan con vecinos, pero también se inician procesos de mediación cuando lo acuerda un juez.

“No es conocido por la ciudadanía el proceso de mediación, pero cuando lo es y se acude de forma voluntaria, el 80 por ciento de los usuarios están satisfechos y obtienen una solución favorable a sus intereses”, ha explicado Ana Cobos, de Amecom.

Además, estos acuerdos “son estables y se cumplen durante una media de más de cinco años”, ha señalado Carmen Rodríguez, de la Asociación Española de Mediación, quien ha recordado que cuando se desea modificarlos se puede acudir a un nuevo proceso.

En los casos de mediación familiar, el perfil mayoritario son parejas de entre 40 y 49 años, con una media de 10 años de convivencia y con dos hijos, ha detallado la mediadora Begoña González.

Pero también se aprecia un aumento de los casos que acuden a la mediación por conflictos generados cuando uno de los dos se queda en paro, en personas mayores en los que existe un desgaste en la relación y entre parejas con hijos adolescentes, con discrepancias sobre su educación, ha añadido.

“En parejas jóvenes surge la crisis por diferencias ante el nacimiento de un hijo; en parejas de mayor duración, por dificultades de comunicación, diferencias en los criterios educativos de sus hijos o por la aparición de terceras personas; mientras que en las relaciones más prolongadas, se producen ante la jubilación de uno de ellos o el abandono de los hijos del hogar familiar”, son algunos de los casos que abordan en la Unión de Asociaciones Familiares.

Una vez iniciado el proceso de mediación, algunas situaciones acaban en divorcio, pero “el haber iniciado la mediación beneficia a la resolución de los problemas, porque se ha establecido el diálogo”.

Las expertas coinciden en que cuando un conflicto llega a los tribunales es más difícil que derive en mediación porque las partes están muy posicionadas, por lo que aconsejan que se promueva antes de llegar a juicio.

Han defendido la validez de estos acuerdos, que pueden materializarse ante un notario, y que en caso de incumplimiento existe la posibilidad de acudir a un juzgado a exigir el cumplimiento de la resolución, que se considera similar a un sentencia.

“Es una opción menos costosa que la vía judicial y la mejor manera de garantizar los derechos de la infancia en asuntos de pareja”, ha puntualizado Julia Pérez, de la UNAF.

Las expertas han lamentado que con la crisis se hayan reducido en los ayuntamientos y otras administraciones los proyectos de mediación que hasta ahora ponían al servicio del ciudadano.

Desde la organización de profesionales de la mediación, Carmen Rodríguez ha reclamado que se aumente de 100 a 300 el número de horas de formación obligatoria para estos profesionales y que se apliquen las mismas normas en todos los países de la UE.