La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abogado hoy por “abrir un debate” con el fin de “modificar” la Ley Orgánica que regula el derecho de manifestación, “no en el sentido de restringirlo”, sino para “racionalizar el uso del espacio público”.
En una entrevista hoy en RNE, ha señalado que “Madrid es una ciudad complicada” porque las “manifestaciones son permanentes”, como demuestra el hecho de que en lo que va de año ha habido unas 2.200, una cifra que ha considerado “desmesurada”.
Tras recordar que se trata de “un derecho constitucional que no necesita autorización previa”, Cifuentes ha dicho que es necesario “compatibilizarlo con el derecho de otros ciudadanos a estar en una ciudad habitable”.
En su opinión, el número actual de manifestaciones es “una cuestión puntual que viene dada por el momento político, y propiciada por grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas”.
Para compatibilizar el derecho constitucional a manifestarse y el de libre circulación de los ciudadanos, ha planteado “cambiar la legislación”, si bien ha confesado que “no tiene claro en qué sentido”.
En este sentido, la delegada del Gobierno se ha mostrado partidaria de “abrir un debate” sobre ello porque cualquier modificación requiere un “amplio consenso”.
Se trataría de “modular” el derecho de reunión porque la ley orgánica que lo regula tiene “muchos años, es de 1983, y habría que actualizarla, no en el sentido de recortar derechos”, pero sí para tener “un cierto margen”, que permita “quizás modificar las horas, cambiar determinados lugares”, para compatibilizar los derechos de los ciudadanos.
“No tiene sentido que en un mismo día haya 10 manifestaciones en el centro de Madrid”, cuyos comerciantes y vecinos “están desesperados con toda la razón”, ha continuado la delegada.
Para Cifuentes, “la ley es muy permisiva y muy amplia con respecto al derecho de manifestación”, y cuando desde la Delegación “han intentado modular, cambiar itinerarios, para no congestionar determinadas zonas, o cambiando de día”, el TSJM ha fallado en contra de la Delegación del Gobierno“, algo que ”hace sistemáticamente“.
Ha citado como ejemplo el intento de la Delegación de cambiar una manifestación de ultraderecha, que coincidía con un partido de fútbol, y que, a su juicio, “podía suponer un peligro de orden público”, y sin embargo el TSJM no les dio la razón.
Por ello, habría que “introducir algún cambio legislativo porque con la legislación actual es casi imposible”, ha apostillado.
Mientras tanto, la Policía tiene que utilizar los únicos instrumentos de que dispone cuando una manifestación no se ha comunicado a las autoridades y se corta el tráfico de forma ilegal: “identificación y sanción administrativa”.
“Es el único mecanismo que tenemos: expediente administrativo y sanción”, ha concluido.