Cristina Cifuentes ha declarado este lunes antes la jueza que investiga su máster y ha defendido que lo cursó. La expresidenta de la Comunidad Madrid ha insistido en que hizo y presentó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) y ha negado que presionase a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para que le entregasen el acta sobre la presentación de ese trabajo que usó para defenderse. Según ella, le llegó el día que eldiario.es publicó la información sin haberla pedido antes.
La expresidenta madrileña, imputada por cohecho y falsificación documental, ha entrado a declarar a las 16.30 horas y lo ha hecho por el garaje, en un coche de la Policía Nacional que conducían sus escoltas. Según fuentes jurídicas, ha insistido en la versión que ha sostenido desde que eldiaro.es publicó que había obtenido el posgrado con notas falsificadas.
Cifuentes ha dicho a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que hizo el TFM y lo presentó el 2 de julio de 2012, en lo que ella misma ha definido como un mero trámite. Eso sí, ha reconocido que no lo encuentra. La Universidad tampoco ha podido localizarlo. Como ya dijo a los medios, Cifuentes le ha explicado a la jueza que ha hecho varias mudanzas en los últimos años, y que puede que el trabajo se extraviase en una de ellas.
En su declaración, ha asegurado que ella siempre se coordinaba con el responsable del instituto que impartía el máster, Enrique Álvarez Conde. Era él quien le decía cómo tenía que hacer los trabajos, y era a él a quien la expresidenta se los enviaba, según su versión. Como ya dijo en su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Cifuentes afirma que tenía permiso para no acudir a clase.
Niega presiones para conseguir el acta
La titular del Juzgado número 51 de Madrid también le ha preguntado por el acta de presentación del TFM, el documento que Cifuentes exhibió el día que se publicó el escándalo, y que las profesoras firmantes han admitido que está falsificada. Ese acta partió de la Universidad después de una serie de llamadas y presiones relatadas por algunos de los imputados.
Según Cifuentes, ella no presionó a nadie para que le enviasen el acta. Se la mandaron sin haberla pedido, ha declarado. En todo momento ha insistido en que está tranquila, porque hizo todos los trabajos del máster, incluido el TFM.
Cecilia Rosado, la profesora que falsificó ese acta, relató durante su declaración que recibió presiones para hacerlo por parte del director del máster: “Me dijo que había que hacerlo o nos íbamos todos a tomar por saco”. Entre esas presiones también incluyó a Maite Feito, exasesora del Gobierno regional, que la llamó varias veces para pedirle el acta: “La asesora nos dijo que si no enviábamos el acta, Cifuentes nos mataba”.
La jueza le ha preguntado también si tenía constancia de que Pablo Casado, el nuevo presidente del PP, había realizado un máster en el mismo instituto de la URJC. Cifuentes ha dicho desconocerlo, y ha añadido que se enteró por la prensa. La jueza investiga el posgrado de Casado porque, al igual que Cifuentes, lo aprobó sin ir a clase y entregando tan solo unos trabajos.
La expresidenta también ha dicho que apenas tiene relación con Amalia Calonge, la funcionaria de la URJC que en 2014 modificó las notas de dos asignaturas de su máster. El día que Cifuentes acudió al campus para recoger su título, Calonge la acompañó y se hizo una foto con ella. Según Cifuentes, la conoce a través de su hermana, pero no tienen relación de amistad. Cifuentes continúa imputada por prevaricación, cohecho impropio y falsedad documental.
No se presentó a la primera declaración
La declaración de este lunes responde al aplazamiento que provocaron unas “migrañas” sufridas por Cifuentes el pasado 26 de junio. A la hora de su declaración, sus abogados presentaron un informe médico a la jueza, quien no dudó en enviar de inmediato un forense al domicilio de la expresidenta madrileña para ratificar que no estaba en condiciones de declarar.
El día anterior, sus abogados habían reclamado sin éxito que la causa pasara al Tribunal Supremo por la supuesta implicación de un aforado, el nuevo presidente del PP Pablo Casado, cuyo caso se investiga en una pieza separada del caso máster. Durante las declaraciones de ese día, su abogado tomó la palabra para recordar a la magistrada la petición que habían hecho por escrito. La jueza resolvió ‘in voce’, primero, y luego en un auto. Venía a decir que es ella, y no un imputado, quien decide sobre su competencia.
El caso acumula ya 14 imputados, muchos de los cuales han pasado ya por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid. Su titular, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, tiró del hilo de la denuncia de una de las profesoras del máster hasta tejer un caso que abarca todas las promociones del posgrado que impartía el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.