A punto de cumplirse tres meses de su dimisión, Cristina Cifuentes está citada este lunes para contar su verdad a la jueza del caso máster. Una vez acreditadas las mentiras que le obligaron a dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid restan por determinar sus presuntas responsabilidades penales. La estrategia de Cifuentes hasta ahora ha sido atrasar su declaración, intentar apartar a la jueza que ha impulsado la causa y denunciar a los periodistas de eldiario.es que revelaron las falsedades de su máster, pidiendo para ellos un delito castigado con hasta cinco años de cárcel.
La declaración de este lunes a las 16:30 horas es fruto del aplazamiento que provocaron unas “migrañas” sufridas por Cifuentes el pasado 26 de junio. A la hora de su declaración, sus abogados presentaron un informe médico a la jueza Carmen Rodríguez-Médel, quien no dudó en enviar de inmediato un forense al domicilio de la expresidenta madrileña para ratificar que no estaba en condiciones de declarar.
Se da la circunstancia de que el día anterior, sus abogados reclamaron sin éxito que la causa pasara al Tribunal Supremo por la supuesta implicación de un aforado, el nuevo presidente del PP Pablo Casado, cuyo caso se investiga en una pieza separada del caso máster. Durante las declaraciones de ese día, su abogado tomó la palabra para recordar a la magistrada la petición que habían hecho por escrito. La jueza resolvió ‘in voce’, primero, y luego en un auto. Venía a decir que es ella, y no un imputado, quien decide sobre su competencia.
El caso acumula ya 14 imputados, muchos de los cuales han pasado ya por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid. Su titular, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, tiró del hilo de la denuncia de una de las profesoras del máster hasta tejer un caso que abarca todas las promociones del posgrado que impartía el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
La coartada de Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación documental, se fue desmontando desde el principio, cuando se demostró que el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) era falsa. Después, la Universidad admitió que no había rastro de ese trabajo ni del tribunal que la evaluó.
Los interrogatorios han permitido conocer el interés de la magistrada por si la Universidad Rey Juan Carlos, que el PP logró convertir en un instrumento para intereses ajenos a la docencia, distinguía entre alumnos de máster VIP, miembros o cercanos al PP, y otros.
En el caso está teniendo un peso relevante los intentos por dilucidar las presiones que Cifuentes y su entorno ejercieron para tapar la mentira de su máster. Las declaraciones han dejado evidencias en ese sentido, como cuando la profesora imputada por falsificar las firmas del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes relató a la jueza: “En un momento me dice que si no enviamos el acta del Trabajo de Fin de Máster que Cifuentes nos va a matar, no solo a nosotros sino también dice del rector”. A quien se refiere la profesora Cecilia Rosado es la entonces asesora de la Consejería de Educación Maite Feito, quien se plantó en la universidad al poco de que eldiario.es lanzara su exclusiva y maniobró, según apunta la investigación, para que Cifuentes saliera indemne del engaño.
El propio rector de la Unversidad, Javier Ramos, ha descrito en el juzgado cómo se puso en contcto con él el propio consejero de Educación de cifuentes, Rafael Van Greiken, y hasta la propia mano derecha de Cifuentes, Marisa González, jefa de gabinete y responsable de su estrategia de comunicación.
Con ese escenario de falsificaciones y presiones ya descrito por los principales imputados y testigos llega el turno de la protagonista del caso. Cifuentes comparece ya retirada de la política. El caso le obligó primero a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego a dejar la presidencia del PP de Madrid -que se comprometió a regenerar tras los años de escándalos de corrupción- y aj abandonar su acta de diputada.