Los diputados que quieren examinar las actas de los consejos de administración del Canal de Isabel II se han chocado contra el muro levantado por el gobierno regional. El ejecutivo que dirige Cristina Cifuentes contesta a esas peticiones de información con una negativa fundamentada en la investigación iniciada por la Audiencia Nacional por el llamado caso Lezo, aunque esas actas son públicas y los parlamentarios tienen derecho a consultarlas.
De hecho, la Comunidad de Madrid informa de que no facilitará esas actas hasta que no se decrete la apertura de juicio oral, algo que podría retrasarse varios años. Así consta en la respuesta del Gobierno que la Asamblea de Madrid ha trasladado al diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca, y a la que ha tenido acceso eldiario.es. El parlamentario había solicitado el acta del Consejo de Administración que creó la sociedad Canal Isabel II Gestión, que iba a ser el primer pilar para la después fallida privatización de esta empresa pública.
Ese Consejo de Administración contó con la presencia de la actual presidenta regional. Su ejecutivo se niega ahora a facilitar el documento a la oposición porque “las actas solicitadas han sido entregadas” al juzgado que investiga el caso Lezo. “No procede enviar a la Asamblea informaciones que consten en la fase de instrucción2 que, recuerda el Comunidad de Madrid, está bajo secreto de sumario.
Así se lo ha trasladado la Asamblea a Podemos en un escrito que lleva la firma de Enrique Ruiz, viceconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cifuentes. En mayo, la oposición al completo ya se topó con la misma respuesta cuando la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid pidió una tanda de actas del Canal.
Sin embargo, el reglamento de la Asamblea no impide facilitar información porque esta se haya incorporado a un sumario. Esa norma obliga a dar a los diputados “los datos, informes o documentos que obren en poder de éste -el gobierno regional- como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid”. Tan solo lo impide en el caso de que afecten a “derechos fundamentales o libertades públicas”.
El acta que había solicitado Podemos, y a la que ha tenido acceso eldario.es, versa sobre la creación de Canal Isabel II Gestión, una sociedad proyectada en 2008 por Esperanza Aguirre e ideada para atraer el capital privado a la empresa pública de la gestión del agua. No fue hasta el Consejo de Administración del 6 de junio de 2012 cuando se creó finalmente esta sociedad, que asumió la gestión de todos los negocios del Canal, tanto en España como en el extranjero.
El Consejo estuvo presidido por el entonces presidente regional, Ignacio González, ahora en prisión provisional por presuntos delitos cometidos a través del Canal. La batuta de la reunión la llevó el director gerente de la empresa, Adrián Martín, y el consejero José Manuel Serra Peris, ambos imputados en Lezo. Entre los asistentes, Concepción Dancausa, ahora delegada del Gobierno, David Pérez, alcalde de Alcorcón y Percival Manglano, que en la actualidad es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
La reunión no estuvo exenta de polémica. Algunos consejeros, como el representante del Comité de Empresa del Canal, Andrés Muñoz, protestaron porque la ingente documentación que tenían que analizar sobre la creación de esta sociedad la habían recibido tan solo un día antes del Consejo. Fue ahí cuando Cifuentes, con asiento en la reunión como delegada del Gobierno en Madrid, intervino para defender la transparencia del proceso.
“En este Consejo ninguna información se ha ocultado, todos hemos podido solicitar antes del Consejo y en este momento toda clase de aclaraciones”, zanjó Cifuentes. Volvió a intervenir ya al término de la reunión, cuando tomó la palabra para manifestar su apoyo a la creación de esa nueva sociedad.
Como recoge el acta, Cifuentes manifestó su apoyo a la creación de la empresa y añadió que el Gobierno, al que ella representaba en esa reunión, siempre estaría “para ayudar en lo que sea posible”. Así, agradeció “la rigurosa y amplia información ofrecida y recibida sobre la propuesta de creación de la nueva sociedad”.
De esa sociedad matriz pendieron luego todos los negocios irregulares que se investigan en el caso Lezo. La estructura societaria del Canal merece un capítulo en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados a la Audiencia Nacional, que explica que Canal Isabel II Gestión es propietaria de Canal Extensia, “la plataforma para las inversiones del Canal en Sudamérica”, que a su vez es accionista mayoritaria de Inassa.
Inassa es un holding de un grupo de mercantiles con las que el Canal desarrollaba su actividad económica países como Colombia, Brasil o Panamá. La UCO ha documentado en varios informes irregularidades en esos tres países, especialmente en Brasil, donde Inassa compró una empresa por cuatro veces su valor real para luego distribuir las comisiones entre los implicados. Esa operación se produjo en 2013, con Cifuentes como consejera del Canal, y está en el origen del caso Lezo.
Fue ya como presidenta de la Comunidad cuando Cifuentes reunió las irregularidades de esa compra en un extenso informe que entregó a la Fiscalía, que se se unió a la investigación iniciada un año antes por el ministerio público, y que cristalizó el pasado 18 de abril con a detención de González y del expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez, entre otros.
Tras el estallido del caso, Cifuentes defendió que durante su paso por el Consejo de Administración del Canal nunca intervino en las operaciones ahora investigadas -la compra de Emissao se falseó ante el Consejo- y añadió que su pertenencia a ese órgano era exclusivamente por su condición de delegada del Gobierno en Madrid. Las actas muestran que, además de acudir como representante del Estado, participaba activamente en los consejos.