Ignacio González se enfrenta a la complicada tarea de convencer al juez del caso Lezo de que le deje salir en libertad bajo fianza. Los indicios le colocan en la cúspide de una trama corrupta dedicada al pillaje de fondos públicos en beneficio propio y del PP y ahora, un informe del Canal de Isabel II le vincula directamente con el pelotazo de Emissao. En el sumario del caso aparece su socio Edmundo Rodríguez como la persona que comandó esa operación, pero la investigación interna de la empresa pública concluye que González fue informado de todos sus pasos.
Ese documento de 28 páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, complica las aspiraciones de libertad del expresidente madrileño. González pidió declarar voluntariamente después de que lo hiciera la ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond. Su testimonio ante el nuevo juez instructor del caso, Manuel García Castellón, le sirvió para conseguir una importante rebaja de su fianza -de cuatro millones de euros a 100.000- y salir así de prisión.
El informe, que ha sido ya entregado al juez y cuyo contenido adelantó la Cadena SER, describe paso a paso la compra de Emissao y asegura que Rodríguez, gerente de Inassa y como tal responsable de los negocios de canal en Latinoamérica, mantuvo siempre informado a González. Despachaba “directamente” con el expresidente madrileño, concluye la investigación interna.
Esa investigación también ha detectado la presencia durante toda la operación de un asesor externo. Francisco Ruiz Muñoz, dueño de la consultora Cetus, elaboró un estudio de mercado sobre Brasil a pesar de que no consta su experiencia en ese ámbito -se dedicaba al asesoramiento inmobiliario y “en la compra, venta y alquiler de muebles”-, su empresa no tenía trabajadores y el año anterior a ser contratado había facturado tan sólo 12.000 euros.
El motivo de la contratación, según confesó Richmond a un alto cargo de Inassa, fue que estaba “recomendado” por Ignacio González. Ese aval le permitió ser conocedor de todas las negociaciones para la compra de la empresa brasileña. Así, el expresidente madrileño habría estado informado de cada paso gracias a su presunto testaferro, Edmundo Rodríguez, y a otro hombre confianza que situó él mismo.
Descontrol de los fondos del Canal
La investigación que ha realizado el Canal también reúne indicios delictivos contra Richmond, responsable de sus finanzas durante la compra de Emissao, y contra Adrián Martín, gerente de la empresa pública. Ambos, recoge el documento, autorizaron los pagos de la operación a sabiendas que el dinero iba a acabar en cuentas Suizas, lo que impedía conocer su destino final.
Además, durante el proceso, Richmond autorizó los movimientos de Rodríguez para reunir los fondos para la compra, sabiendo que esas operaciones provocarían que el Canal perdiera el control del dinero. Martín, por su parte, no informó al Consejo de Administración del Canal de los detalles de la compra.
La adquisición de Emissao en 2013 fue denunciada por los responsables del Canal en 2016 como una operación ruinosa que les supuso un agujero en sus cuentas. La empresa pública compró la sociedad brasileña a través de otra empresa interpuesta, con base en Uruguay. El dinero de la operación acabó en Suiza tras un intrincado sistema de transferencias entre las filiales del Canal y los responsables de Emissao.
La compra fue un fraude. La empresa brasileña estaba cerca de la quiebra y su valor se desplomó un 75% un año después de la operación. Los argumentos para comprarla a través de una sociedad uruguaya interpuesta se han demostrado falsos. La investigación del caso Lezo ha destapado que Edmundo Rodríguez y el abogado Ignasi Maestre pusieron los cimientos para el pelotazo en 2008 y lo ejecutaron cinco años más tarde gracias al despliegue de datos falsos del expresidente de Inassa. El informe del Canal confirma esos indicios.
Se ocultó el pago de comisiones
El sumario de la causa recoge que Rodríguez infló los datos de la cuenta de resultados de Emissao después de recibir un informe de la consultora KPMG que alertaba sobre su futura quiebra. Ese documento también mencionaba que la empresa brasileña había normalizado el pago de comisiones a cargos públicos a cambio de concesiones, sobornos que luego camuflaba mediante un sistema de facturas falsas. La investigación interna del Canal llama la atención sobre la ocultación de estas prácticas corruptas al Consejo de Administración.
La compra se concretó entre noviembre de 2013 y enero de 2014. En esos meses se produjeron cinco movimientos de dinero para abonar los 21 millones que costaba Emissao, una intrincada operativa mediante una empresa pantalla que acabó con los fondos depositados en bancos suizos. Para los investigadores del caso, una estrategia de Rodríguez para lograr “el desvío de fondos públicos en beneficio de sus intereses particulares”. Los fiscales y agentes de la UCO encontraron en su casa de Barranquilla (Colombia) recibos de esos movimientos de dinero y 260.000 euros en efectivo.
Esta operación y sus movimientos para ocultar su vasto patrimonio llevaron a Velasco a decretar el ingreso de Rodríguez en prisión sin fianza. Al igual que González, pidió declarar voluntariamente, pero no ha conseguido que el nuevo juez le rebaje sus condiciones penitenciarias. Volvió a ingresar en prisión sin posibilidad de abonar una cantidad para salir libre, aunque fue trasladado a un centro distinto, a la cárcel de Estremera, lo que implica que no podrá comunicarse con su antiguo socio, preso en Soto del Real.