“Estamos estudiando la utilización de una sociedad uruguaya para operar en Brasil”. Ese email, fechado el 15 de agosto de 2008, daba inicio a una operación de ingeniería empresarial para que el Canal de Isabel II comprase una empresa brasileña. Por medio, su filial en latinoamérica, una empresa panameña y un despacho de abogados de Uruguay. El pelotazo del Canal que propició Edmundo Rodríguez, enlace en latinoamérica de Ignacio González, se gestó durante cinco años para dar apariencia de legalidad a una operación que solo buscaba el beneficio personal de quienes estuvieron implicados en ella.
Así lo revela la nueva documentación que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción, y que le han entregado los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid. Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos creen que esa información demuestra que la compra de Emissao fue “premeditada”, y que comenzó mucho antes de lo que se pensaba. Se empezó a gestar en 2008 gracias a las maniobras de I. M., que colaboró con Rodríguez en una operación que se cerró en 2013.
En la documentación constan varios correos entre I. M., abogado experto en ayudar a grandes fortunas a evadir impuestos, y los responsables del bufete de abogados de Uruguay Algorta & Asociados. Esos correos, a los que ha tenido acceso eldiario.es, revelan que años antes de la compra de la empresa Brasileña Emissao se creó una sociedad uruguaya desde cero, a la que se dio apariencia de empresa que se ocupaba del negocio del agua, cuando en realidad estaba controlada por un socio de fRodríguez desde el principio.
El auto del juez Eloy Velasco que envió a prisión a los principales cabecillas del caso Lezo explica la operativa que se siguió para comprar Emissao por un 75% más de lo que valía inicialmente para “desviar fondos públicos”. El expresidente madrileño conocía “absolutamente” los detalles de la compra inflada, sostiene el juez, que no hace referencia en su escrito a la operativa desarrollada en Uruguay, pero sí señala que todo lo gestionó Ignacio Rodríguez sirviéndose de I. M..
En el mail de agosto de 2008, I. M., propietario de la empresa andorrana Igmasa Managment, pregunta al bufete uruguayo Algorta & Asociados sobre las posibilidades de operar en Brasil con una sociedad radicada en Uruguay. I. M., socio de Rodríguez, empezaba así a preparar el terreno para el pelotazo. La legislación brasileña es muy restrictiva para los inversores extranjeros, así que ambos decidieron operar a través de Uruguay porque los dos países tienen acuerdos comerciales.
Tras varios correos entre ellos con más detalles sobre lo que quería hacer I. M. -que deja claro en varias ocasiones que trabaja a las órdenes de un tercero-, el empresario, que tenía otra sociedad en panamá especializada en evadir impuestos, propone varios nombres para su nueva compañía. El definitivo fue Turman Investments SRL.
I. M. pide que se constituya con el menor capital permitido por la ley y que se haga en forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) porque era la más beneficiosa. Necesitaba de poco capital -el bufete le recomienda que empiece con unos 50.000 dólares- y sus limitaciones para operar no les iban a afectar, porque se trataba únicamente de un vehículo para entrar en Brasil. Para ello también contaron con ayuda de unos abogados brasileños que les asesoraron en el proceso.
I. M. empieza a impacientarse
Un mes después de iniciar esos contactos, I. M. empieza a mostrarse impaciente. Envía un email el 14 de septiembre en el que pide “facilitar el proceso de constitución y ganar mucho tiempo”. “Esta ganancia de tiempo no es vital”, apremia al bufete uruguayo, que constituirá la empresa para luego vendérsela a a I. M..
Dos socios del bufete constituyen la sociedad a finales de septiembre. José Miguel Algorta se queda con el 99% de las participaciones, y otra socia, María Esther Campa, con un 1%. La publicación de su creación en el Diario Oficial de Uruguay deja claro que no tiene nada que ver con la gestión del agua, sino que se dedicará a “todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos”.
Ya en febrero de 2009, comienza el cambio de titularidad de Turman, del bufete a la empresa de I. M.. Se lleva a cabo a través de otras sociedades interpuestas que el empresario controlada desde paraísos fiscales -Yavango Investments y Fundación Himalaya-. La cesión se lleva a cabo el 13 de mayo de ese año, y desde entonces el bufete uruguayo deja de tener control sobre Turman. Los abogados de ese despacho han entregado esta documentación a la Asamblea de Madrid para dejar claro que ellos no hicieron nada ilegal, y que se limitaron a seguir las instrucciones de I. M..
El resto de documentación que obra ya en poder de la Fiscalía refleja cómo I. M. transformó esa sociedad que había creado en una especie de empresa dedicada a la gestión del agua. Así lo refleja el Diario Oficial de Uruguay el 22 de agosto de 2013: Turman será en lo sucesivo Soluciones Andinas de Agua. No hay referencia a que cambie su objeto social, sino que únicamente se trató de un cambio de nombre para dar apariencia de que el Canal comparaba una empresa que tenía que ver con su mismo negocio.
A partir de ahí, la historia viene ya relatada en el auto que envía a prisión a Edmundo Rodríguez e Ignacio González, y en el que se indica que hay sospechas de que el primero compró una empresa brasileña a través del Canal por mucho más de lo que valía. El sobreprecio, sospechan los investigadores, fue a parar a los bolsillos de los implicados.
Soluciones Andinas de Agua, la empresa que creó I. M., fue clave en ese pelotazo. Inassa, la filial latinoamericana del Canal controlada por Rodríguez, la compró en agosto de 2014. Con ella compró Emissao sirviéndose de la colaboración económica que mantenían Brasil y Uruguay. La empresa pública Canal de Isabel II pagó 21 millones de euros por esa operación, pero la empresa adquirida solo valía cinco millones. La operación se pagó en bancos suizos, donde se perdió el rastro del dinero.