Según explican desde la asociación, la sentencia anula la normativa que obliga a contratistas y adjudicatarios a cumplir con una serie de condiciones lingüísticas para poder contratar con la administración pública. “Se trata de la misma normativa que en Baleares han aprobado los consistorios de Palma y Calvià gobernados por el PSIB”, señalan.
La sentencia del TSJPV también argumenta que la imposición de la lengua regional “soslaya el derecho” de los contratistas a la elección del idioma y resulta “incompatible con el régimen jurídico de la contratación pública”. “Lo que es perfectamente aplicable a la imposición del catalán en Baleares”, indican desde la formación en un comunicado.
Sobre todo, señalan, cuando el “tribunal reconoce el tratamiento discriminatorio” que reciben los castellanoparlantes respecto a la comunicación institucional, la edición de publicaciones y el acceso a Internet“.
De esta manera, la FNCB recuerda que “la exigencia del uso del vascuence como condición para la percepción de subvenciones o la contratación de cualquier tipo de obra o servicio fue implantada por el partido proetarra Bildu”.
En Baleares, “ha sido el PSIB con el apoyo de los separatistas de MES y Podemos” los que han aprobado “la misma normativa para el ayuntamiento de Palma y el de Calviá, en Mallorca”. Así, la entidad confía que con esta nueva sentencia se respeten los derechos y libertades lingüísticas.
El presidente de la FNCB, Jorge Campos, considera que “el PSIB vuelve a quedar en evidencia por su radicalismo catalanista que incluso le lleva a seguir la política lingüística de Bildu”.