El Centro de Investigaciones Sociológicas acaba de constatar la mala imagen de la Justicia entre los ciudadanos. El barómetro de julio, elaborado por el instituto demoscópico, dedica parte de su cuestionario a sondear las opiniones sobre el funcionamiento de jueces y tribunales. Las conclusiones son mayoritariamente críticas y ponen en duda aspectos como la independencia de los jueces, la excesiva burocratización y la falta de medios con los que cuentan los juzgados.
El presidente del CIS, José Félix Tezanos, comunicó hace varios meses a las asociaciones judiciales su intención de incluir preguntas específicas sobre la materia en uno de sus barómetros. La respuesta de las asociaciones fue favorable, tal y como relata a eldiario.es Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia: “Está bien que se pregunte para poder saber dónde hay que mejorar”.
No es la primera vez que el instituto de encuestas públicas incluye cuestiones específicas sobre el funcionamiento de la justicia. Ya lo hizo en 2011 y también en 2005. En ambas ocasiones, las respuestas ahondaban en la crítica hacia uno de los tres poderes del Estado, al que la ciudadanía mira con desconfianza.
Según los datos del último barómetro el 48% de los consultados aseguran que el funcionamiento actual de la justicia es 'malo' o 'muy malo'. La mayor parte de esa masa crítica justifica sus opiniones sobre tres ideas: las penas son muy blandas, hay mucha burocracia, la justicia está politizada y ofrece un trato discriminatorio.
Más de la mitad de los consultados por el CIS (50,8%) creen que el grado de independencia de los jueces es 'bastante bajo' o 'muy bajo'. En el otro lado, un 29,4% opina que es 'bastante alto' o 'muy alto'. El CIS pregunta específicamente por el grado de independencia del Tribunal Supremo: un 44,2 lo pone en cuestión y afirma que es 'bastante bajo' o 'muy bajo'.
A pesar de las críticas, la judicatura aparece en el CIS como el poder del Estado que más confianza ofrece a los ciudadanos. Un 31,2% lo sitúan en el primer lugar de confianza, por encima del poder legislativo (16,5%) y del ejecutivo (11,9%). Como conclusión, un 79,4% de los encuestados asegura que es 'bastante necesaria' o 'muy necesaria' una reforma de la administración de Justicia.