Ciudadanos ha fracasado en un pacto de “eliminación de aforamientos” en Castilla y León que, en realidad, permitía el blindaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y de todos sus consejeros. Para el partido de Albert Rivera, la supresión de privilegios sólo era necesaria para los parlamentarios. Tanto PSOE como Podemos, los dos partidos mayoritarios en la oposición, se han negado a firmar la reforma tras una reunión que ha durado una hora.
El pacto requeriría reformar el Estatuto de Autonomía, de manera que es necesaria una mayoría de dos tercios de la Cámara. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, consideraba un triunfo haber llegado a un primer acuerdo con el Partido Popular a pesar de contar sólo con cinco procuradores. No sólo eso, en declaraciones posteriores a los medios dijo estar “sorprendido” y “decepcionado” por la negativa de los otros grupos en la oposición ante un acuerdo de “regeneración democrática”.
Para los portavoces del PSOE y Podemos, el pacto no ha sido más que un “paripé”. Según el procurador socialista José Francisco Martín, la estrategia es la de evitar “un continuo desfile” por los juzgados de los miembros de la Junta, tanto presentes como futuros, por los “numerosos casos de corrupción” en Castilla y León.
Además, la propuesta de Ciudadanos tampoco elimina la inmunidad que impide que un procurador sea detenido o retenido a menos de que se esté ante un delito flagrante. “La corrupción no está en las Cortes, sino en la Junta”, aseguró Martín. Sobre el gobierno regional planean los casos Perla Negra.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en sintonía con los socialistas, comentó que el pacto pretendido por Ciudadanos no era regeneracionista sino que creaba “desigualdad” y “agravio comparativo” entre los procuradores y los consejeros de la Junta.
La eliminación de los aforamientos ha salido a relucir varias veces en las Cortes de Castilla y León en los últimos años. En marzo de 2016, el portavoz de Ciudadanos exigía a Herrera que se pronunciase sobre su supresión, en la etapa en la que Rita Barberá iba a ser interrogada en el Supremo y no en un tribunal ordinario por su condición de aforada.
Fuentes consideraba el aforamiento “como una cuestión difícil de explicar a los ciudadanos”. Volvió sobre el tema en septiembre de ese mismo año y ya con Rosa Valdeón imputada por una alcoholemia positiva que le hizo dimitir como consejera pero no como procuradora. Su caso lo instruyó el Tribunal Superior de Justicia. Herrera le recordaba entonces que, en diciembre de 2015, el PP había remitido una propuesta de reforma del Estatuto para eliminar “el aforamiento de los procuradores”. A Fuentes no le bastaba entonces, pero sí más de dos años después, cuando asume lo único que estaba dispuesto a aceptar el PP.
Así lo recordó este martes el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz. “Herrera mantiene intacto el compromiso de 2015”, dijo. Precisó, además, que ese compromiso habla de “limitar” y no de “eliminar”.
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, explicó a eldiario.es que su grupo no se ha opuesto al pacto, sino que quiere modificarlo y para ello ha aportado los textos que firmaron PP y Ciudadanos en Murcia y en Cantabria, donde los aforamientos sí se han eliminado en su totalidad, incluyendo al equipo de Gobierno.