Ciudadanos contrató el alquiler y las reformas de su sede en Huelva con fondos de la Diputación Provincial, según las facturas del inmueble a las que ha tenido acceso eldiario.es. Desde octubre de 2015 el Grupo de Ciudadanos en la diputación onubense abonó 1.300 euros más IVA cada mes por el arrendamiento de un bajo de 350 metros cuadrados con escaparates a la calle en la ciudad andaluza y que sirve como local del partido en Huelva.
El contrato de arrendamiento lo firmó con una comunidad de bienes de un particular el 1 de octubre de 2015 el portavoz de Ciudadanos en la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva, Ruperto Gallardo Colchero, “en calidad de Presidente del Grupo Provincial Ciudadanos CS Huelva, cargo que ostenta en virtud del acta de Constitución del grupo y del nombramiento público en el Pleno Orgánico celebrado el 3 de julio de 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Huelva”. Eso es lo que figura en el contrato de arrrendamiento. Ruperto Gallardo es el único diputado provincial del partido en la provincia y ejerce además de portavoz municipal en el Ayuntamiento de Huelva.
Además de ese alquiler, el partido de Albert Rivera también ha cargado gastos de obra y mobiliario de la oficina a las cuentas de su grupo en la Diputación de Huelva. De los fondos que recibe Ciudadanos del organismo provincial para sufragar los gastos de funcionamiento del grupo se abonaron 23.553 euros a dos empresas de reformas y decoración entre noviembre y diciembre de 2015.
Estas prácticas de Ciudadanos chocan con la Ley de Financiación de Partidos, que prohíbe trasvasar el dinero de las subvenciones públicas para pagar gastos de las formaciones políticas o de sus fundaciones y han sido denunciadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. También el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Cooperación Local, se ha pronunciado en varias resoluciones. En una de las últimas establece: “No parece, sin embargo, admisible la petición de los grupos políticos de que la asignación municipal sea ingresada en la cuenta de la coalición provincial en vez de ser transferida a su cuenta específica. En dicho supuesto habría que entender que el ayuntamiento está subvencionando directamente a la coalición o partido político”.
De acuerdo con la documentación en poder de eldiario.es, el grupo provincial en la Diputación pagó los trabajos de acondicionamiento de su sede, la rampa para hacerla accesible a sillas de ruedas, muebles para las salas de reuniones y el recibidor, e incluso el escenario y el atril de la sala de prensa. Cinco albaranes -emitidos entre noviembre y diciembre de 2015- por dos empresas distintas de reformas facturaron 23.553 euros en gastos al mismo cliente: “Grupo Provincial Ciudadanos CS Huelva”. Los albaranes detallan distintos conceptos: “Vinilos escaparates 147,35, vinilos interiores, 1.480,45 euros”, “mesa de juntas en madera maciza con los logos calados...”
El departamento de Comunicación de Ciudadanos admitió aeste jueves a preguntas de esta redacción que el alquiler de la sede de Huelva fue abonada con el dinero de las ayudas que la Diputación otorga al grupo provincial pero solo durante seis meses. El portavoz oficial explicó que se hizo así porque durante ese primer semestre la oficina la usaba solo el grupo provincial, integrado por su único diputado, Ruperto Gallardo Colchero, precisamente la persona que la alquiló. Según esa tesis, en marzo se decidió que el local diese servicio a todo el partido y no solo al grupo unipersonal y entonces se cambiaron los contratos para que lo pagase directamente Ciudadanos. El partido de Albert Rivera no exhibe documentos para respaldar esa versión.
La supresión de las diputaciones es una de las banderas que ha esgrimido Ciudadanos en las últimas campañas electorales. Fue una de las condiciones que su líder, Albert Rivera, impuso al PSOE para apoyar al candidato Pedro Sánchez en su intento de investidura tras las elecciones de diciembre de 2015. Por aquel entonces, cuando el partido en Huelva cargaba los gastos de su sede a la diputación, Rivera repetía que suprimir estos organismos ahorraba 600 millones de euros a las arcas públicas.
No es la primera vez que Ciudadanos bordea la ley de financiación de partidos utilizando las ayudas públicas de las instituciones donde tiene representación para sufragar otros gastos de la formación. En julio de 2016, eldiario.es ya publicó que la dirección del partido estaba detrayendo fondos de sus grupos municipales cobrándoles por informes y asesoría a través de contratos mercantiles. Se trata de las mismas fórmulas que las franquicias comerciales utilizan como sus asociados. Entonces, Ciudadanos lo atribuyó a meros errores administrativos.