Las presiones internas y externas de los últimos días han llevado a la Ejecutiva de Ciudadanos a acordar “por unanimidad” dar un portazo a cualquier acuerdo para formar gobiernos tripartitos en los que esté Vox, pero también Unidas Podemos o los nacionalistas. De este modo, el partido de Albert Rivera lanza un aparente mensaje de firmeza frente a cualquier alianza con los que tacha de “extremistas”, pero obvia que un acuerdo como el alcanzado en Andalucía con el PP no hubiera sido posible sin los votos de la extrema derecha.
Ciudadanos no se sentará “a negociar nada” con el partido de Santiago Abascal y pasa así la patata caliente a su “socio preferente”, el Partido Popular. Tendrá que ser la formación de Pablo Casado la que se siente a negociar con los ultraderechistas con el condicionante de que no podrá ofrecerles entrar en gobierno alguno junto a Ciudadanos.
El PP, por su parte, inició este lunes oficialmente los contactos con las otras dos formaciones en un diálogo que los de Pablo Casado pretendían que fuera “a tres”, pero que finalmente tendrá que ser bilateral por el veto de los de Rivera a la extrema derecha. Tras recibir el decálogo aprobado por Ciudadanos para iniciar las negociaciones, los populares consideraban que el documento les parece “un excelente punto de partida”.
En un comunicado, el PP explicaba además que “de inmediato se van a producir diferentes reuniones a nivel regional entre PP y Ciudadanos”. La primera será este mismo martes con el Comité de Gobernabilidad de Aragón, a la que asistirá el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.
Asimismo, los representantes del Comité de Gobernabilidad del PP a nivel nacional se reunirán este martes por la tarde en el Congreso con Vox.
Consciente de la dificultad del proceso, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, pedía a primera hora en una entrevista en Antena 3 a Ciudadanos y Vox que hicieran “un esfuerzo” y apoyaran “medidas que mejoren la vida de los ciudadanos”, en alusión a los posibles acuerdos de gobernabilidad entre los tres partidos. A su juicio, “lo más importante no son las fotos a tres, sino la que se lleva produciendo en Andalucía tras la investidura”.
El modelo andaluz
Ciudadanos busca calcar el modelo de la negociación andaluza en otros territorios, es decir, pactar con el PP y que los populares logren un acuerdo con Vox, pero solo para obtener su respaldo a lo pactado con los de Rivera. En Andalucía evitaron la foto de la negociación pero sí aceptaron los votos de Vox para poder gobernar.
Esa es la vía que pretenden repetir especialmente en Madrid, donde el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha adelantado que dará un portazo a cualquier acuerdo que haga presidente de la Comunidad al socialista Ángel Gabilondo o que propicie la continuidad de Manuela Carmena en la Alcaldía de la capital.
Este lunes, la reunión de la dirección de Ciudadanos comenzaba con cierta tensión después de que tanto el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, como el candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, y el responsable económico del partido y eurodiputado electo, Luis Garicano, hubieran expresado públicamente sus diferentes razones para desmarcarse de la línea oficial del partido según la cual el PP es el “socio preferente” y no se pueden buscar acuerdos con otras formaciones de izquierda.
Igea ha insinuado en los últimos días que buscará un acuerdo para hacer presidente al socialista Luis Tudanca en Castilla y León, rechazando apoyar un posible pacto de PP y Vox. En Barcelona, Valls ofreció, “a cambio de nada”, los votos de los seis concejales de su plataforma para que Ada Colau se convierta en alcaldesa y evitar así que gobiernen los “independentistas” en la capital catalana. Y Garicano, además de sumarse con entusiasmo en Twitter a la idea del exprimer ministro francés, siempre se ha mostrado en contra de cualquier trato con los “populistas” de Vox.
Esas tres disensiones en un partido como Ciudadanos, acostumbrado a la tranquilidad interna, hicieron que se haya comenzado a hablar de un “sector crítico” dentro de la formación.
“Un buen acuerdo”
Tras la reunión de este lunes, varios miembros de la Ejecutiva se dejaron ver en cambio muy sonrientes en la sala de prensa de la sede, donde el secretario general del partido y ahora encargado del Comité Nacional para la Negociación de Gobiernos, José Manuel Villegas, iba a dar una rueda de prensa.
“Todo ha ido muy bien”, coincidían en resaltar tanto Toni Cantó como Francisco Igea –uno de los díscolos–, o Carlos Carrizosa. Momentos después, Villegas insistía en la “unanimidad” alcanzada, sin querer desvelar las intervenciones de los dirigentes que habían mostrado sus diferencias con la estrategia de Rivera. “Esas conversaciones son secretas”, se disculpó.
El primero en señalar que era “un buen acuerdo” fue Garicano. “Priorizaremos reformas y regeneración en las negociaciones, nos negaremos a la entrada de nacionalistas y populistas en los gobiernos y el PP será socio preferente pero no exclusivo”, dejó dicho en su perfil de Twitter. Esas condiciones permitirían, por ejemplo, hacer presidente de Castilla y León al socialista Luis Tudanca, siempre que Podemos no entrara en el Ejecutivo autonómico.
El propio Rivera se apresuró también a destacar en su cuenta que la Ejecutiva acababa de aprobar “negociar acuerdos de gobierno liberales y constitucionalistas”. Lo haremos de modo preferente con el PP y priorizaremos bajadas de impuestos, apoyo a las familias y medidas de regeneración y de igualdad entre españoles“, aclaró, sin referirse el PSOE.
Vox mantiene la presión
A pesar de todo, los dirigentes del partido más moderados, o considerados más “progresistas”, consiguieron un matiz en la posición de hace unos días de Rivera. Poner en marcha un 'plan B' por si fracasan las negociaciones con el PP para, “excepcionalmente”, buscar pactos con los socialistas que “acepten los criterios de nuestro programa” y se desmarquen de las políticas territoriales del presidente del Gobierno, según dejó dicho Villegas.
Fuentes del partido explicaron después que el objetivo de levantar parcialmente ese veto a los de Sánchez se circunscribía al Ayuntamiento de Barcelona y a Navarra, para evitar que los “separatistas”, junto con los “populistas” y “los de Bildu” reediten en ambos sitios sus gobiernos.
Vox, por su parte, mantiene la presión sobre los de Casado y Rivera. Abascal volvía a repetir en una rueda de prensa este lunes que Ciudadanos se tendrá que sentar con representantes de la formación de extrema derecha si quiere entrar en ejecutivos apoyados por los miembros de este partido. “La concesión de una foto creo que es una equivocación. No queremos una foto con Albert Rivera ni con representantes de Ciudadanos”, explicaba.
“Nosotros queremos entablar un diálogo político y que una parte de lo que representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y en todas partes donde tengamos representantes”, reseñaba el líder de Vox. En su intervención, el presidente del partido tampoco quiso adelantar cuáles serían las líneas rojas programáticas que harían cumplir tanto a Ciudadanos como a los populares. “Corresponde a la comisión negociadora determinar cuáles son los elementos políticos y programáticos de Vox”, se limitaba a responder.
Firmados “por las tres partes”
La candidata a la Comunidad de Madrid de Vox, Rocio Monasterio, iba más allá. En una entrevista en Los Desayunos de TVE aseguraba que “los puntos del acuerdo” que se alcancen tienen que “firmarse por las tres partes”, en alusión a los tres partidos de derechas. Con estas declaraciones, la presidenta de Vox Madrid añadía una condición a las anunciadas el viernes, cuando explicó que la medida “indispensable” era que las tres derechas negociasen conjuntamente e informaron de que en determinados territorios pedirían entrar en ejecutivos.
Las declaraciones de Monasterio y Abascal coincidían con el anuncio del partido de extrema derecha contra el Gobierno andaluz, que se invistió gracias a sus votos. Mientras se mantienen las primeras negociaciones para sostener ayuntamientos y comunidades autónomas, Vox anunciaba que presentará una enmienda a la totalidad de los primeros presupuestos elaborados por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla. Justificaban esta decisión reseñando que las cuentas “se alejan de las políticas de cambio y podrían ser firmadas por el PSOE”.