Clamor contra el deficiente estado de las sedes judiciales de Madrid: “Es un abandono absoluto”

El 31 de enero de 2007, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso la primera piedra de lo que iba a ser un megaproyecto para centralizar todas las sedes judiciales de la región que, ya entonces, estaban muy deterioradas. Casi dos décadas después, del boceto de lo que iba a ser la Ciudad de la Justicia sólo queda un descampado con un edificio a medio hacer tras un gasto de 100 millones de euros, una sentencia judicial que acredita el amaño de muchos de sus contratos y la promesa de un nuevo complejo judicial que se demorará al menos seis años. Y, entre tanto, sus supuestos beneficiarios siguen sufriendo unas sedes judiciales todavía más deterioradas, donde las averías son cada vez más frecuentes y graves. 

Hace sólo unas semanas, se desprendió el falso techo de la sala de vistas de uno de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla y se inundó el suelo. Sus funcionarios tuvieron que apañárselas para hacer en otra sala las declaraciones señaladas. El pasado miércoles pudieron volver a celebrar juicios —16 en una misma mañana—, pero varios testigos confirman que el olor a humedad todavía era muy fuerte a pesar de tener la ventana abierta en todo momento. La tarima del suelo también seguía abombada. “Es un peligro constante. No hay día que no pase algo”, afirma Julia Damià, delegada de prevención de CCOO. 

Los sindicatos han denunciado que en los últimos meses se han desplomado los falsos techos de varios juzgados por la acumulación de agua debido al deterioro de las tuberías, lo que también ha provocado cortes de suministros. La situación fue especialmente complicada este verano, cuando se sucedieron los fallos en la climatización de varias sedes judiciales. “Hasta cinco personas sufrieron lipotimias como consecuencia de las altas temperaturas. Es indigno tener que recibir en estas condiciones a personas que tras meses e incluso años de espera se juegan una indemnización por un despido o que se les otorgue una incapacidad”, señala una magistrada. Otras funcionarias hablan de la “falta de material de trabajo” e incluso de aseo personal, como jabón de manos o papel higiénico.

Los juzgados de lo Social están situado en un edificio de la céntrica calle Princesa, junto a la conocida como Plaza de los Cubos. Se trasladaron a ese inmueble, ahora propiedad de la inmobiliaria Merlin, cuando la Comunidad de Madrid vendió en 2006 por 62 millones de euros el edificio en el que se ubicaban muchos de ellos, en la calle Hernani. El objetivo era obtener liquidez para la construcción de la después fallida Ciudad de la Justicia, que iban a diseñar arquitectos como Norman Foster. 

Pero la viabilidad económica de ese proyecto se sustentaba en la buena venta de los antiguos edificios judiciales. Una lluvia de millones en pleno boom inmobiliario que propició que en el boceto de la Ciudad de la Justicia se pasara de proyectar un gasto de 1.000 o 1.100 euros por metro cuadrado a barajar la cifra de 2.000 o incluso más, según explicó en una comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid el que fuera consejero del Campus en 2008 y recogió el diario El País.

Entre tanto, lo que se pensó como una solución transitoria se ha ido eternizando en el tiempo tras el fracaso de ese primer plan de unificación de sedes. Una circunstancia de gran impacto para las arcas públicas, pues la Comunidad de Madrid gasta cada año más de cuarenta millones de  euros en alquiler las sedes judiciales que no son de su propiedad. 

Esa provisionalidad también se deja ver en el estado de las instalaciones de la calle Princesa. Algunos juzgados no tienen ventilación ni luz natural. Las salas de espera del público son muy reducidas y compartidas hasta para ocho juzgados, lo que hace que cada día se agolpen en ellas decenas de personas entre demandantes, demandados, testigos, abogados… “En verano es asfixiante. No son condiciones dignas ni para los trabajadores, ni para los ciudadanos”, dice una funcionaria. 

Cuatro días sin agua corriente

En los juzgados de Plaza de Castilla, al norte de la capital, la situación es casi peor. “Cada año, con el cambio de estación se producen durante unos días situaciones de falta de calefacción o de refrigeración como consecuencia del deficiente mantenimiento”, explica Damià. Tras muchos años de parches, ese verano se produjo una avería en la bomba y las instalaciones pasaron cuatro días sin agua corriente y con temperaturas superiores a 32 grados, según denunciaron los sindicatos.

El complejo de Plaza de Castilla lo forman varios edificios que ocupan una superficie de más 50.000 metros cuadrados y donde hay juzgados de guardia que permanecen abiertos y en funcionamiento las 24 horas. Por allí pasan cada día alrededor de 5.000 personas entre trabajadores y público. 

La situación límite de este verano obligó a mover ficha a la Consejería de Justicia, que licitó un contrato de emergencia de 2,5 millones de euros gracias al que se compraron nuevos de equipos autónomos y se llevaron a cabo “mediciones diarias con termómetros calibrados”, según la Consejería de Justicia. Una portavoz de este departamento asegura que desde 2017 se han invertido 6,5 millones de euros para el “mantenimiento, mejora y rehabilitación” de este edificio. La consejería declinó la petición de elDiario.es de poder acceder al edificio para comprobar in situ su estado por estar en “obras” y permitirse únicamente “la entrada a personas que van a juicio”. 

La citada portavoz afirma que solo en los últimos meses, el Gobierno regional ha realizado trabajos concretos en este inmueble como la reforma del salón de actos o la limpieza de fachadas y cristales, así como la firma de un nuevo contrato de mantenimiento y limpieza, con mayor presupuesto y nueva empresa encargada de esta labor. Sin embargo, entre sus trabajadores, la sensación de total desatención. 

“Es un abandono absoluto”, resume otra funcionaria con años de experiencia. “Cuando se desprendió el falso techo de mi juzgado había agua por todos lados. En el baño parecía directamente una ducha. Cuando no es una cosa es otra”, añade. “En el juzgado de guardia casi siempre hay algo estropeado y es muy frustrante porque eso retrasa nuestro trabajo y tenemos enfrente a personas en situaciones muy difíciles”, dice otra. “Llevo 15 años destinado aquí y han limpiado los cristales una vez. Es solo un ejemplo más de la dejadez de la Administración”, apunta un tercero. 

A la deficiente situación de las infraestructuras se suma un alto volumen de trabajo. Y el hecho de tener que dar la cara ante ciudadanos que, en ocasiones, llevan meses e incluso años esperando por que se resuelva un pleito. Una situación que contribuye a incrementar todavía más la imagen de la Justicia, que sufre una endémica falta de medios. “Ahora estamos señalando los despidos urgentes para junio de 2026”, relata una funcionaria. Es decir, a más de dos años vista. Para las reclamaciones de cantidad —un salario impagado, por ejemplo— la demora es todavía mayor, hasta mayo de 2027. 

En 2023, ingresaron en la Comunidad 1.023.755 asuntos y se resolvieron 971.115, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sin embargo, al cierre de año seguían sin resolver en los cajones un total de 606.366. Una cifra al alza desde 2022, cuando se superó por primera vez el medio millón de asuntos pendientes. 

Más allá de estos inevitables parches, la mirada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dirigida ahora a retomar el macroproyecto de la Ciudad de Justicia en el mismo descampado de Valdebebas que fue testigo del fracaso de la iniciativa de Aguirre. Pero el proyecto se llevará a cabo en varias fases y las obras se demorarán al menos seis años. 

Los trabajadores de la Justicia madrileña tienen todavía más de un lustro por delante en unos edificios que ya estaban muy deteriorados hace dos décadas, cuando se empezó a hablar de la reunificación de sedes. “La sensación generalizada del personal es que no se siente segura en su puesto de trabajo, que esto no pasaría en una empresa privada. Es un ejemplo más del deterioro de lo público”, sentencia la representante de CCOO.