La carta más valiosa del comisario jubilado José Manuel Villarejo puede acabar en el vertedero. La detención del policía desató el temor de empresarios, políticos y miembros de la judicatura por el archivo que el agente escondía y que podía utilizar como venganza por la operación en su contra. Pero ese material, en audio, vídeo y dosieres, no regresará a las manos de Villarejo. Una vez analizado, el que tenga relevancia penal para la Operación Tándem o para abrir nuevas causas, quedará a recaudo de la autoridad judicial; el resto, se destruirá, informan fuentes del caso.
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se incautaron de ingente documentación durante la explotación de la operación. Pendiente de analizar en gran parte, los agentes encontraron cintas con una anotación que hace referencia a una alta autoridad del Estado o carpetas encabezas con el nombre y apellido de un personaje conocido.
La defensa de Villarejo intentó que le fueran devueltas cajas enteras una vez llegaron al juzgado, durante el desprecinto, alegando que se trataba de efectos personales ajenos a la investigación judicial. Pero el Letrado de la Adminsitración de Justicia se negó. Después, los abogados del comisario intentaron anular el registro de la vivienda por distintas irregularidades que la Audiencia Nacional ha rechazado.
El exhaustivo registro del chalet de Boadilla del Monte (Madrid), donde Villarejo reside junto a su mujer, se prolongó durante 19 horas. Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en una caja fuerte oculta tras una cómoda. A la misma pudieron acceder los agentes gracias a un descubrimento previo, una llave en el maletín que suele llevar el comisario jubilado, según relatan fuentes policiales.
Las oficinas en Torre Picasso, sede social de algunas empresas del holding de Villarejo, también fueron registradas, al igual que otras empresas y una vivienda en Estepona (Málaga). Se encontraron 180.000 euros en metálico, que en su primera declaración el comisario justificó como dinero en efectivo para gastos y una herencia de un familiar que iba a repartir entre sus hijos.
Con todo, uno de los hallazgos al que más importancia dan los investigadores es un segundo chalet, también en Boadilla del Monte. La vivienda estaba vacía, sin habitar, pero escondía documentos que los agentes retiraron en varias cajas tras horas de registro. Villarejo, según la fuentes citadas, no esperaba que los investigadores dieran con ese escondite, al que se accedió cuatro días después de su arresto y para el que hubo que trasladar al policía jubilado desde la cárcel de Estremera.
Nueva declaración en la Audiencia Nacional
Villarejo ha declarado este viernes ante el juez Diego de Egea. Lo ha hecho a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, petición a la que se adhirió su defensa. El contenido del interrogatorio no ha trascendido debido a que la causa continúa bajo secreto de sumario, pero fuentes jurídicas han asegurado a eldiario.es que el comisario ha atribuido todo el material que se le ha requisado al fruto de investigaciones ordenadas por el Ministerio del Interior, en mayor medida y, en otra menor, al Centro Nacional de Inteligencia.
El director del CNI, el general Sanz Roldán, ha vuelto a ser objeto de los ataques de Villarejo durante el interrogatorio. El policía retirado atribuye su caída en desgracia a un supuesto conflicto con el servicio de Inteligencia español por una cuestión de competencia, según fuentes de su entorno.
En su intervención, de más de hora y media, el comisario jubilado se ha enrocado en que las empresas que están siendo investigadas han sido puestas desde hace décadas al servicio del Estado para relevantes investigaciones. Es la tesis que el comisario puso por escrito ya en 1995. El por entonces inspector jefe firmó una carta a sus superiores exigiendo que se le repusiera en su destino, del que había sido apartado como consecuencia del ‘informe Veritas’, destinado a desacreditar al juez Baltasar Garzón.
Villarejo afirmaba que, ante la creación de una nueva Brigada Central de Inteligencia, se le planteó la necesidad de contar con “personal de la más absoluta confianza que realizara actividades aparentemente al margen de la Comisaría General de Información y que dispusiera de infraestructura en funcionamiento, empresas o negocios dedicados a las más diversas actividades”. Aseguraba que se le planteó para compensar el hecho de que hubiera puesto esas empresas al servicio del Ministerio del Interior en su etapa en excedencia sin cobrar “por sus servicios”.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene imputado a Villarejo por pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos persiguen las actividades de un grupo, liderado presuntamente por el policía jubilado, dedicado a varias tipologías delictivas. La rama internacional constituye una pata importante de la investigación. Más de seis comisiones rogatorias internacionales cursadas por el juez De Gea aguardan respuesta.
La jueza Carmen Lamela envió a prisión incondicional a Villarejo el 6 de noviembre. Igual suerte corrieron su socio, el abogado Rafael Redondo, y su íntimo amigo Carlos Salamanca. Este comisario era en el momento de su detención un alto responsable de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, concretamente estaba al frente de la Unidad Central de Fronteras. Salamanca fue detenido en su despacho de la sede de la calle General Pardiñas.
Lamela, de guardia, envió después la causa a reparto. Recayó en el juzgado de Instrucción número 6, donde ejerce labores de apoyo el juez De Gea. Este confirmó la prisión de Villarejo y sus dos presuntos colaboradores. Las defensas recurrieron y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirmó las órdenes de prisión incondicional. El abogado del comisario Salamanca recurrió de nuevo al juez De Gea ese mismo día, que ha vuelto a ratificar la prisión para el alto mando policial.