El comisario José Manuel Villarejo llevaba 1 hora y 26 minutos declarando en el juzgado el pasado 6 de julio cuando comenzó a revelar algunos de los aspectos de las maniobras policiales en Cataluña que el Ministerio del Interior ha negado durante los últimos cuatro años. Entre ellos, que él mismo, sin control judicial, investigó a políticos vinculados al proceso soberanista y que la Unidad de Asuntos Internos participó intensamente en esa tarea, a pesar de que las funciones que tiene encomendadas en nada tienen que ver.
Villarejo comparecía como imputado por la grabación ilegal que sufrieron unos agentes de Asuntos Internos y del CNI durante una reunión de la investigación al Pequeño Nicolás. Uno de los agentes grabados fue el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, al que el juez Zamarriego encargó investigar los hechos. La imputación es fruto de las pesquisas del exjefe de Asuntos Internos, pero el comisario Villarejo se defiende asegurando que es un montaje por el enfrentamiento que ambos mantienen desde hace tiempo.
En ese contexto, y después de un extenso interrogatorio del juez Zamarriego, llega el turno del fiscal del caso, Alfonso San Román. Nueve días antes, San Román había solicitado al magistrado que apartara a Marcelino Martín del caso al considerarle contaminado por ser víctima del delito que se investiga. Para entonces, el comisario Martín llevaba un año investigando y acababa de solicitar la imputación de Villarejo, el entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino; otros dos mandos policiales y varios periodistas. El fiscal orienta su interrogatorio a Villarejo para demostrar que existe animadversión del investigador hacia el investigado y le pregunta por la relación entre ambos.
Es entonces cuando, con naturalidad, Villarejo relata: “Durante todo el 2102 estuvimos (Marcelino Martín y él) viajando a Barcelona, teniendo reuniones, comiendo, tomando café... O sea, tuvimos una relación tremendamente intensa”. Martín Blas negó en su declaración ante el juez estar enfrentado a Villarejo, al que asegura no haber visto más de cuatro veces. La imagen de la declaración de Villarejo ha sido pixelada por el juzgado a petición de la defensa del comisario imputado.
¿Qué hace el jefe de Asuntos Internos de la Policía y una suerte de comisario liberado trabajando “intensamente” en Cataluña? En parte fue lo que se debieron preguntar dos fiscales Anticorrupción el 29 de octubre de 2012 cuando Marcelino Martín y el comisario José Luis Olivera viajaron a Barcelona para intentar convencerles de que había que registrar la sede de CDC en plena precampaña de las elecciones autonómicas de 2012, en plena efervescencia del proceso soberanista. Los comisarios presentaron los indicios que habían acumulado en los meses anteriores sin que los fiscales les concedieran valor alguno.
En noviembre de 2014, eldiario.es publicó que un grupo secreto de agentes trabajaba en Cataluña rastreando información comprometedora de políticos independentistas y sus entornos. Eran investigaciones selectivas, sin control judicial, cuyos resultados acababan en algunos medios de comunicación y rara vez en un juzgado. En ese grupo participaban agentes de Asuntos Internos -la unidad que debería encargarse en exclusiva de investigar a policías corruptos- que trabajaban sobre el terreno.
El Ministerio del Interior negó rotundamente que la Dirección Adjunta Operativa, como afirmaba la información, albergara a ese grupo de agentes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, envió “al psiquiatra” a los convergentes cuando éstos le interpelaron por el tema en el Congreso.
Durante el interrogatorio a Villarejo, la relación entre ambos comisarios es retomada en el turno de la abogada del Estado. Y Villarejo insiste: “Hemos comido, hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”.
En apenas dos frases, Villarejo admite las investigaciones prospectivas y el papel de Asuntos Internos, con agentes desplazados sobre el terreno, siguiendo a políticos y no a policías corruptos. E introduce una cuestión de máxima actualidad, las grabaciones al ministro del Interior en su propio despacho mientras mantiene dos encuentros con Daniel de Alfonso, el que fue hasta el escándalo jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Villarejo atribuye la captación del exjefe de Antifrau a su enemigo Marcelino Martín Blas-Aranda, a pesar de que en las grabaciones el aludido asegura que el muñidor del encuentro es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.
La naturalidad con la que Villarejo se refiere a esas maniobras policiales sorprende a la abogada del Estado. “No es por nada, pero el tema de los Pujol ¿no se estaba llevando por la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que actúa a las órdenes de un juez)?”. Villarejo responde: “Se ha judicializado por la UDEF, que son los que están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene un estatus de responsables de inteligencia que somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades que la trabajan”.
El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”.
Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación, prohibiendo que derechos fundamentales “puedan ser objeto de limitación para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir hechos eventualmente sancionables, o para despejar meras sospechas que pudieran albergar los responsables de una investigación”.
El pasado jueves, a última hora de la tarde, la Fiscalía General del Estado anunció que no hay delito en las afirmaciones de Fernández Díaz que delatan la maquinación para perjudicar el proceso soberanista.
Villarejo, “competencia: proceso independentista”
En el sentido opuesto, Marcelino Martín también se había referido a la implicación de Villarejo en la denominada Operación Cataluña. Lo hace en el informe de 572 páginas que entrega al juez y en el que propone la imputación de Villarejo y el resto de mandos policiales. “Cabe reseñar que dicho comisario de Policía, durante la última legislatura, una de las competencias que desempeñaba era el proceso independentista catalán, por lo que conoce a todos los interlocutores perfectamente”.
En otro punto de ese informe, los investigadores hacen “especial mención” a dos llamadas que suman más de veinte minutos entre Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, el día de la detención del Pequeño Nicolás. Una de las llamadas tiene lugar durante el registro de la casa del joven, donde aparecen anotaciones sobre el comisario.
El juez pregunta a Villarejo cómo en tres días se intercambia 53 llamadas con el secretario de Estado de Seguridad, aspirante a suceder al ministro del Interior. Él explica que le reportaba de unas investigaciones sobre terrorismo internacional. En la documentación del sumario se puede comprobar cómo Marcelino Martín también tiene relación directa con el número dos de Interior, al que identifica en su móvil como ‘Paco Bomba’.
La declaración de Villarejo deja otros detalles, como cuando dice que el empresario Javier de la Rosa le pasó informaciones que él ponía en entredicho por su carácter egocéntrico y sus “graves problemas con el alcohol”. Una de ellas, afirmó en la declaración, decía que el Banco de Santander “había financiado a unos iraníes que eran amigos de Cebrián -en referencia a Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa”. “Imagínese qué cosas. Algunas de las informaciones que me daba, que alguna resultó buena, yo las ponía muy en entredicho”, le dice al juez.
Massoud Zandi, amigo de Cebrián, regaló al presidente de Prisa un 2% de una petrolera controlada desde un paraíso fiscal, según publicó elconfidencial.com. El País, periódico de Prisa, desveló en marzo de 2015 que el recién jubilado comisario Villarejo acumula un patrimonio millonario, con 12 empresas por valor de 16 millones de euros. Durante el interrogatorio, Villarejo atribuye el origen de esa información a Martín Blas-Aranda.