Diez sesiones y ninguna incógnita despejada. La comisión de investigación sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso ha dado este lunes por concluidos sus trabajos con la declaración del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha protagonizado un tenso enfrentamiento con los portavoces de los grupos municipales durante la hora justa que ha durado su interrogatorio. Ángel Carromero, que estaba también citado, no ha acudido. Ahora quedan las conclusiones que tienen que elaborar los grupos municipales, aunque, a tenor de las declaraciones que han ido realizando los respectivos portavoces, no se esperan grandes sorpresas.
Este lunes por la mañana, todo el protagonismo lo acaparó el plantón que dio el exdirector general de la coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero. Pese a que fue él mismo quien pidió cambiar de fecha y señaló la de este lunes, 9 de mayo, para que le buscaran un hueco para testificar, al final decidió no aparecer por el edificio de grupos municipales de la calle Mayor de la capital, donde se han desarrollado todas las sesiones.
Ya por la tarde, la declaración de Almeida ha estado presidida por una fuerte tensión con los portavoces de la oposición –excepto con el de Vox, que se ha puesto de su lado–, a los que interrumpía constantemente sin dejarles acabar siquiera sus preguntas. En ella el alcalde no se ha salido del guion que ha mantenido siempre: que no ha habido espionaje a Ayuso ni a sus familiares, negando también que se usara dinero público de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o de la EMT con ese fin. Además, el alcalde ha acusado a los portavoces de los grupos de “la izquierda” de tener “ya redactadas las conclusiones, ignorando la verdad, que es que aquí no ha habido ningún espionaje a la presidenta regional”, con la que ahora, ante las circunstancias, se ha reconciliado.
Sin embargo, esa decena de sesiones no han servido para despejar dos de las principales incógnitas que pendían sobre el supuesto espionaje, que dio por válido la propia Isabel Díaz Ayuso en una comparecencia pública el pasado 17 de febrero, una vez que elDiario.es había destapado el caso de los contratos para adquirir material sanitario que la Comunidad de Madrid otorgó a una empresa vinculada a su hermano Tomás, y por el que este se llevó una comisión en plena pandemia. “Nunca pensé que la dirección del PP pudiera ser tan cruel”, llegó a decir la presidenta.
Todo ello dio origen a la mayor crisis interna que ha sufrido el PP en su larga trayectoria como partido. No solo se llevó por delante a Pablo Casado dando paso a la llegada del gallego Alberto Núñez Feijóo. También supuso toda una victoria pírrica para Isabel Díaz Ayuso, que a finales de este mes será designada presidenta del PP de Madrid sin rivales, una vez que el alcalde decidió retirarse de la batalla y ha anunciado que va a ponerse ahora a su servicio.
La primera incógnita que se ha quedado sin respuesta después de estas diez sesiones es por qué dimitió Ángel Carromero si, según Almeida, no estaba implicado en el intento que hubo de contratar a detectives con el fin de acceder a documentos bancarios o fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Nadie ha sabido responder a ello. Ante la ausencia de Carromero, la versión sobre su cese más repetida, también por el propio alcalde, ha sido que lo hizo “para poder defenderse de las acusaciones que se le hacían desde algunos medios de comunicación” y para “no dañar la reputación del Ayuntamiento”. El caso es que, aunque según la mayoría de los testimonios de los cargos de la EMVS y de la EMT que han declarado estos días por la comisión el espionaje no llegó a materializarse dado los controles internos que hay para contratar y usar dinero público con esos fines, algunos indicios apuntan a que se intentó. Pero no hay ninguna prueba.
Para averiguarlo el propio Almeida dijo que había abierto una “investigación interna” de la que no se sabe tampoco nada porque no quedó documentada. Pero el alcalde se ha agarrado a que así lo certifican otros dos informes: uno de la Comisión de Ética de la EMVS y otro de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del propio Ayuntamiento de Madrid, que decidió archivar provisionalmente el caso.
La segunda y no menos importante incógnita es quién ordenó hacer esas pesquisas sobre Ayuso y quién fue el que contactó con el dueño de la empresa de detectives Mira, Julio Gutiez –otro gran ausente en la comisión–, el mismo que según declaró la semana pasada el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le espió a él en Colombia por orden del propio PP. En su declaración, González dio un máster de cómo se las gasta el PP a la hora de investigarse entre sí y no puso en duda que esta vez también se haya realizado un espionaje a la dirigente madrileña, aunque reconoció no tener constancia de ello.
En este asunto, los grupos de la oposición sospechan que hubo al menos tres personas implicadas: el propio Carromero; David Fernández, exjefe de comunicación de la EMVS –quien al igual que Carromero se fue del cargo nada más estallar el escándalo y no ha querido ir a declarar–; y un asesor de la presidenta de la Junta de distrito de Usera y Moncloa-Aravaca, Francisco José Cruz Mata. Pero tanto Sordo como el propio asesor de la concejala negaron la mayor en sus respectivas declaraciones. Y los grupos no tienen pruebas fehacientes de estas sospechas, salvo lo que ha salido en los medios de comunicación. De ahí que insistan en que la comisión se cierra con “muchas mentiras” y sin que el alcalde ni nadie más de su equipo vayan a asumir las “responsabilidades políticas” que creen que se derivan del caso.
Otra de las preguntas que quedan en el aire es saber por qué Almeida calló y no hizo nada durante dos meses cuando “alguien del entorno de Ayuso” –cuyo nombre no ha querido desvelar– le alertó del supuesto espionaje, que se apresuró a calificar de “rumor sin consistencia”. Entonces el alcalde solo compartió 'el secreto' con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y con la concejala de Seguridad y portavoz del Consistorio, Inmaculada Sanz. Sin embargo, no fue hasta mediados de enero cuando ordenó a Carabante que hablara con el presidente de la EMVS, Álvaro González, para que indagara. Pero tampoco informó de ello a su socia de Gobierno, Begoña Villacís, que se sintió muy molesta por ser ninguneada de nuevo por el alcalde. Pese a todo, la dirigente de Ciudadanos ya ha dicho que no tiene ninguna intención de impulsar una moción de censura.
Con todo, lo que más ha indignado a los grupos desde que la comisión se puso en marcha hace ya más de un mes han sido las numerosas ausencias que ha habido. La primera que se negó a acudir a declarar fue la propia Ayuso. A su hermano Tomás no le pudieron localizar. La jefa del Ejecutivo autonómico opinó entonces que hay “comisiones que están creadas para hacer daño político y no para investigar absolutamente nada”.
Tampoco aceptaron ir a declarar los exdirigentes del PP Pablo Casado, Teodoro García Egea o Pablo Montesinos, ni ninguno de los consejeros de Ayuso. Para Almeida poner en la lista a todos ellos era un intento de la “izquierda” de “querer convertir la comisión en un circo”: “No lo vamos a permitir”, advirtió.
Para Más Madrid, principal grupo de la oposición, la comisión de investigación “ha sido una perfecta escenificación del círculo vicioso del PP: corromper las instituciones, meter la basura debajo de la alfombra para que no se entere nadie y, si se enteran, cerrar filas echándole la culpa a otro”.
“En este caso podemos ver el cráter del obús que acabó, en la batalla por el poder regional del PP en Madrid, con la carrera política de Casado, Egea, Carromero y David Fernández, sin que el PP haya permitido que los afectados hayan dado las debidas explicaciones, mientras que los supervivientes, al menos temporalmente, han preferido la debida 'omertá'”, asegura el concejal Miguel Montejo.
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha sido contundente al término de la sesión de este lunes: “Almeida ha demostrado tener más cara que un buey con flemón. No ha tenido vergüenza, ha tenido un comportamiento impropio de un alcalde y ha constatado, sin despeinarse, que se utilizaron recursos públicos, materiales y humanos para fines partidistas”. Además, ha considerado que el alcalde debería “pedir perdón a los madrileños por el espectáculo que está dando él mismo y que está permitiendo su equipo de gobierno”.