La reforma de la sedición y la malversación llegará al pleno del Congreso con la propuesta de PSOE y ERC para que el primer delito se convierta en unos desórdenes públicos agravados y que el segundo recoja condenas máximas de hasta cuatro años de cárcel en los casos más graves sin ánimo de lucro. El texto del informe de la ponencia, con las enmiendas transaccionales que habían sido aprobadas unos minutos antes, ha salido adelante con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención.
La reforma de los delitos de malversación y sedición, por tanto, sigue su curso y la próxima parada es un pleno extraordinario que se podrá celebrar el próximo jueves. Esto facilitará que la reforma pase por el Senado y pueda ser puesta en marcha antes de final de año. Ayer fue la ponencia de esta Comisión la que, a puerta cerrada, incorporó a la ley relativa a la sedición la inclusión de la modificación de la malversación.
Francisco Aranda, portavoz del PSOE en la comisión, apenas ha dedicado palabras a la reforma en su intervención y ha apelado a una rebaja de la crispación. “Cuando la política afronta los problemas, la sociedad avanza. Cuando los elude, la ciudadanía se resiente, las costuras de todos se ponen a prueba”, ha dicho. Desde ERC ha sido Carolina Telechea quien ha defendido esta reforma como “positiva” aunque “es evidente que hay margen de mejora”. Ha explicado Telechea, sobre la reforma de las sedición, que con esta reforma “ningún manifestante podrá ser condenado por sedición”. “Es evidente que no es nuestra ley. Somos independentistas, lo que queremos es la independencia de nuestro país”, ha afirmado también.
Ha tomado la palabra después el portavoz de Unidas Podemos en la comisión, Jaume Asens, para pronunciarse en ese mismo sentido: “Es una reforma, en términos generales, positiva. Es verdad que hay algunas sombras. A nosotros no nos gusta cómo ha quedado el delito de desórdenes públicos agravados. Hay conceptos jurídicos ambiguos, hay penas excesivamente elevadas, hay deficiencias y la verdad es que nos hemos quedado a mitad del camino pero es fruto de un acuerdo”.
El PP pide elecciones
Desde la bancada de la oposición, el diputado del PP Luis Santamaría ha anunciado recursos contra la tramitación de esta reforma, hablando del “autoritarismo” de Pedro Sánchez y el ejecutivo. “A nosotros nos corresponde asumir que los españoles olviden cuanto antes la etapa más negra de nuestra historia reciente”, ha afirmado. “Convoquen elecciones y sométanse al veredicto de las urnas”, ha concluido el diputado.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha afirmado que “estamos asistiendo a uno de los más graves atentados que hemos visto en la democracia española contra el estado de derecho y la propia Constitución Española. La derogación del delito de sedición y dejar inerme y dejar indefensa a nuestra querida Constitución”. Bal, como abogado del estado, defendió que el procés independentista no era un delito de sedición sino uno de rebelión, que sigue existiendo. “Van a votar en contra del Estado de derecho y de la Constitución”, ha dicho dirigiéndose directamente a la bancada socialista.
Desde Vox, Javier Ortega-Smith ha afirmado que esta modificación es “un claro y evidente golpe de estado institucional” perpetrado, según el diputado ultraderechista, “desde la propia institución que debería velar por proteger esos derechos”. Ha anunciado “recursos” contra la puesta en marcha de esta reforma.
“Trata de salvar los muebles”
Desde el grupo mixto, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha alabado “una mejora” en cuanto a algunos delitos relacionados con los desórdenes públicos, por ejemplo ha afirmado que la ocupación de espacios públicos “mejora un poco” pero ha criticado que se mantenga “el concepto de intimidación y las mismas penas en el delito de desórdenes públicos agravados”. “Esta reforma no soluciona, trata de salvar los muebles”, ha dicho.
Una crítica que ha compartido Jon Iñarritu, de EH Bildu: “Respecto al delito de desórdenes creemos que hay margen de mejora”, ha dicho. Sobre la reforma del delito de malversación, ha criticado Vehí que esta reforma “asume que el 1-O fue delito de malversación y que las movilizaciones del independentismo merecen castigo con delitos especiales”.
En ese sentido se ha pronunciado también Josep Pagès, de JxC, cargando contra Esquerra y el president Pere Aragonès. “ERC compra enteras las enmiendas del PSOE. Son una explícita aceptación de que el 1-O fue un delito”, ha criticado, además de apuntando al proceso de urgencia de tramitación de la reforma. Para Mikel Legarda, del PNV, la reforma que se tramita es “un paso en la buena dirección” para “desjudicializar el procés catalán”.