La comisión por la Operación Catalunya promete convertirse en un nuevo reproche al PP por su “guerra sucia”

La ‘operación Catalunya’, el primer episodio de las maniobras parapoliciales contra la oposición que se desarrolló durante el Gobierno de Mariano Rajoy, será objeto de investigación parlamentaria a partir del martes. Las posibilidades de que los diputados obtengan novedades sobre la “guerra sucia” al independentismo catalán entre 2012 y 2016 se ven limitadas, de nuevo, por dos obstáculos principales: los comparecientes tienen obligación de acudir pero no de contestar, con el añadido de que quienes están inmersos en procesos judiciales, y, por otra parte, el carácter de “secreto” que a buen seguro esgrimirán sobre el trabajo que realizaban. 

Este segundo motivo, el del material clasificado secreto, es el escudo tras el que puede refugiarse una de las principales novedades de esta comisión, la exvicepresidenta del Gobierno y máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia durante la época, Soraya Sáenz de Santamaría. 

La oposición, con especial protagonismo del PSOE en aquella decisión, evitó llamarla a declarar durante la comisión de investigación del caso Kitchen por su estado de salud. Sáenz de Santamaría es una de las veinte personas llamadas a comparecer. Su testimonio debería poder aclarar cómo es posible que el servicio de Inteligencia no conociera, si es que no participó en ellas, operaciones extrajudiciales para frenar el proceso soberanista. 

La operación Catalunya ya fue objeto de una comisión de investigación en el Parlament catalán. Fue en 2017 y ya entonces concluyó que las maniobras parapoliciales contra el procés fueron “una guerra sucia” desde los aparatos del Estado para contrarrestar al independentismo. La comisión de Kitchen responsabilizó a Mariano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno, de la operación. Los reproches, por tanto, ya fueron los mayores pero ni una comisión ni otra aportaron novedades que sirvieran para abrir una causa judicial o fortalecer las ya existentes. El reglamento del Congreso incluye la posibilidad de poner en manos de la Fiscalía las conclusiones de sus comisiones.

El primer convocado esta vez, Francisco Martínez, es ya un veterano de comisiones del Congreso y sedes judiciales. Martínez se enfrenta a quince años de cárcel por su papel en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados del Ministerio del que era número dos, el de Interior. Como secretario de Estado de Seguridad, Martínez tenía el cometido de coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y desde ese puesto habría participado en el ‘caso Kitchen’ y, como poco, debía conocer el desarrollo de la ‘Operación Catalunya’. 

“Niego de forma contundente y sin ningún matiz que participase o tuviese conocimiento directo o indirecto” de la operación Kitchen, leyó Martínez durante su anterior participación en la comisión. A las preguntas no contestó o repitió lo dicho ya en el juzgado. Los amagos de Francisco Martínez por tirar de la manta, recordando en escritos al juzgado que el máximo beneficiado de la operación Kitchen era la dirección del PP, nunca han pasado de ahí. Y todo apunta a que con la operación Catalunya pasará algo similar. 

El pasado enero, Martínez ofreció una entrevista a Rac 1 en la que negó la existencia de la Operación Catalunya. Dijo que los hechos puntuales que se pudieran haber producido eran cosa de policías que no actuaban a las órdenes de los políticos, pero que en caso alguno hubo “nada parecido a una operación Catalunya”.

No hay causa judicial

La diferencia sustancial entre Kitchen o las maniobras contra Podemos es que las dos primeras están judicializadas, de forma muy incipiente en el caso de la formación que dirigió Pablo Iglesias. Los tribunales han rechazado, con el apoyo siempre salvo en un caso de la Fiscalía, judicializar aquellas maniobras parapoliciales en Catalunya, que ni siquiera han encontrado hueco en la macro-causa Villarejo, pese a la participación confesa del comisario en las mismas. 

Tras Martínez comparecerá el martes el artífice policial de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, director operativo de la Policía con el PP. Pino fue condenado a un año de prisión por intentar introducir información robada en el caso contra los Pujol de la Audiencia Nacional. El caso, tangencial al tronco de la Operación Catalunya, está recurrido ante el Supremo. Pino también se sentará en el banquillo con una grave acusación por su papel en Kitchen. 

A la cita en el Congreso está llamada también María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular cuando la operación Catalunya, y a la que las acusaciones en Kitchen consideran la verdadera ideóloga de las maniobras parapoliciales en tiempos del PP, por encima del ministro del Interior y solo por debajo de Mariano Rajoy. Cospedal también fue llamada a la comisión Kitchen y no aportó nada. El juez Manuel García Castellón, primero, y luego la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la salvaron de ser juzgada por el espionaje parapolicial a Bárcenas. 

Ocurrió algo similar con Mariano Rajoy. No fue llamado siquiera como testigo por el juez y en la comisión de Kitchen tampoco hizo aportación alguna. El ex presidente del Gobierno es otro de los platos fuertes de la comisión que arranca el martes. La comisión de investigación es fruto de un acuerdo de los partidos de Gobierno con Junts para presente la legislatura.

La novedad de Montoro

Una de las novedades que aportará esta comisión será la comparecencia de Cristóbal Montoro, el ex ministro de Hacienda. Algunos de los perjudicados por la operación Catalunya creen que el Ministerio con más información, incluso más que el de Interior, jugó un papel clave en la Operación Catalunya.

La comparecencia de Montoro suscita más interés también por la causa secreta que se sigue en un juzgado de Tarragona en relación con la actividad del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por quien fuera hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por una docena de supuestos delitos de corrupción.

Según la Fiscalía especializada, los responsables de la entidad habrían beneficiado a sus clientes usando sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, del que habrían formado parte anteriormente ocupando puestos de responsabilidad, según han venido informando los periódicos del Grupo Prensa Ibérica. 

En otros casos, los comparecientes tendrán la oportunidad de denunciar, bajo un gran foco de atención, los abusos que habrían sufrido en el marco de la operación Catalunya. Montoro fue imputado, junto a Rajoy, en un juzgado de Andorra por el chantaje sufrido por los directivos y dueños de la Banca Privada de Andorra revelara la información confidencial de la familia Pujol y que estallara así el caso que todavía se sigue en la Audiencia Nacional.