Clasificado secreto: la Operación Catalunya y otros encargos del Estado a Villarejo

La sombra del secreto que pesa sobre la mitad del archivo incautado al comisario Villarejo que no se puede desencriptar se extiende a otros documentos a los que sí han podido acceder los investigadores, pero que están vetados para todo aquel que no sea el órgano de la seguridad del Estado aludido. Los jueces que ha tenido el caso, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, han decidido que se trata de información reservada por contener “secretos del Estado” y que su difusión afectaría a la “seguridad nacional”. Las últimas grabaciones publicadas, como la que confirma que Villarejo participó en una Operación Catalunya diseñada en el Ministerio del Interior, acrecientan la presión para convertir en causa judicial unas maniobras del Estado protegidas por el secreto oficial.

Entre esa documentación desencriptada, pero que permanece bajo secreto, hay una carpeta incautada al comisario, de nombre Taja, que recoge los encargos que recibió el Policía durante los años 2013 y 2014 y cuya existencia desveló elDiario.es en marzo de 2019. Se trata de la primera legislatura de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Abarca, por tanto, los años en los que operó el grupo secreto que rastreó de forma extrajudicial información sobre políticos soberanistas en Catalunya, tal y como reveló elDiario.es en noviembre de 2014, y que después fabricaría informes contra Podemos. 

La Unidad de Asuntos Internos hizo saltar la alarma sobre la documentación clasificada en otoño de 2018, casi un año después de la detención del comisario. Como venía ocurriendo con los informes que iban motivando la apertura de piezas separadas del caso Villarejo, la iniciativa volvía a recaer exclusivamente en la Policía. El 29 de octubre de 2018, los agentes remitieron al juez Diego de Egea un informe en el que advertían de que entre la documentación analizada había una parte que podía afectar a secretos de Estado. 

“Estos documentos –escribían los agentes sobre el archivo Taja– especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP”. O lo que es o mismo, la actuación del comisario a las órdenes de sus superiores en aquellos años convulsos de utilización partidista de la Policía. 

El comisario Villarejo había compaginado su labor como mando policial destinado en el corazón de la seguridad del Estado con un negocio paralelo, y presuntamente ilegal, de espionaje privado para clientes que pudieran permitírselo. Para ello, según la investigación, se servía de información reservada que obtenía por su destino en la Administración. Son esos encargos privados los que componen las distintas piezas de la causa Tándem. A excepción de Kitchen, una operación parapolicial dirigida desde el Ministerio del Interior para sabotear el caso de corrupción más grave de cuantos afectaban al PP, el de su caja B o financiación irregular. Documentación relativa a esta operación fue desclasificada por el Gobierno a petición de la Audiencia Nacional. 

El grueso de aquella operación Kitchen se desarrolló entre el verano y el otoño del año 2013, periodo que coincide con documentos incluidos en el archivo Taja sobre encargos oficiales al comisario que permanecen protegidos por el secreto de Estado. Los policías especificaban en su informe que la información de esa carpeta “no tendría relación alguna con los hechos investigados” y que “su acceso se encuentra restringido por la normativa de secretos oficiales”.

El juez ignora los intentos por fiscalizar el procedimiento

La acusación popular que ejerce Unidas Podemos ha intentado reiteradamente fiscalizar ese proceso de protección de información bajo secreto, pero lejos de obtener resultado, ni siquiera ha conseguido una respuesta del magistrado instructor. La primera vez fue el 8 de mayo de 2020, dos semanas después del auto de García Castellón que sepulta bajo el secreto de Estado determinados archivos incautados al comisario. Unidas Podemos pidió que se le diera traslado del “informe de impacto”, encargado por García Castellón a la Policía con los criterios que debían distinguir una información bajo secreto. Se informó a las partes de dicha petición, pero ni la Fiscalía se pronunció ni el juez acordó jamás nada al respecto. La acusación popular insistió otras cinco veces en los siguientes doce meses. Dos años después, el juez no se ha molestado en contestar. 

Que el resto de trabajos que hizo para Interior el comisario Villarejo cumplían con la legalidad, solo porque fueran ordenados por superiores de Villarejo y no por particulares, sigue resultando una cuestión de fe en los investigadores policiales, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García Castellón. De la carpeta Taja solo ha trascendido, según la documentación incorporada al sumario, que contiene fotocopias de billetes de 500 euros de los fondos reservados e información relativa a confidentes. Si esos confidentes fueron utilizados para investigaciones judicializadas o en las maniobras de la época contra la oposición seguirá sin conocerse.

De acuerdo al criterio de la Policía, Anticorrupción y el juez, los trabajos como policía de Villarejo en plena Operación Catalunya, en la que el comisario reconoce haber participado, no presentan motivos para ser investigados. El juez dictó un auto el 24 de abril de 2020 indicando qué documentos del caso Villarejo incautados quedaban fuera de la causa por albergar secretos de Estado. El magistrado se refería a ellos con una clave alfanumérica que hacía casi imposible identificar siquiera de qué podían tratar.

Pero elDiario.es comparó esas claves con otro documento incorporado al sumario dos años antes y descubrió que al menos tres de ellos versaban sobre protagonistas y materias recurrentes en la Operación Catalunya y su ‘pata mediática’: Artur Mas y “diversas personas”; la “financiación de Unió Democràtica de Catalunya”; y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona Xavier Vinyals. El secreto que pretende guardar el juez, al menos en estos tres casos, no es tal: todos los asuntos señalados y sus protagonistas habían sido ya objeto de publicaciones en los medios vinculados a la vertiente mediática de las maniobras contra el procés.

De todas las operaciones parapoliciales contra el soberanismo solo una logró convertirse en una querella de la Fiscalía y prosperar en los tribunales, no sin la oposición inicial del juez Pablo Ruz, que advirtió de que algo raro rodeaba el testimonio de la denunciante, Victoria Álvarez, antigua amante de Jordi Pujol Ferrusola. Pero ni el caso Pujol estuvo libre de intentos por pervertirlo, según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, que este mismo viernes ha condenado a Eugenio Pino, el artífice de aquella brigada política, por tratar de introducir documentación robada en el proceso, una maniobra frustrada en su momento por el juez De la Mata. El resto de operaciones dentro de la Operación Catalunya no pasaron de transformarse en supuestos “informes de inteligencia” que servían para llenar portadas coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. 

Sobre Juan Carlos I y un 'narco' aliado del comisario

Las actuaciones de Villarejo en la Operación Catalunya no son las únicas que quedan protegidas por el secreto de Estado. Bajo el manto de los nombres indescifrables de los documentos aparece alguna otra sorpresa. El R01.3.4, por ejemplo, “contendría información confidencial relacionada con la pieza 5, actualmente sobreseída”, informó en 2018 Asuntos Internos al juez. La pieza 5 es conocida también como Carol y en ella se investigaron las acusaciones que Corinna Larsen hacía en una grabación con Villarejo sobre presuntos delitos cometidos por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I. 

Entre el material incautado hay un archivo denominado 'Partners' que contiene varias carpetas. Una de ellas lleva por nombre 'Scorpi', identificado por los investigadores como José María Clemente Marcet, un empresario que aparece como colaborador muy próximo a Villarejo en los diarios del comisario. Asuntos Internos dice que la carpeta Scorpi “contiene diversa información, alguna de la cual está relacionada con los archivos intervenidos dentro de la carpeta Taja anteriormente referida, que contiene relación de bases de datos de confidentes policiales y pagos realizados a los mismos, tratándose de información legalmente clasificada que no afecta a la presente investigación”.

Clemente Marcet fue detenido en 2002 a petición de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. El marchante de arte estaba acusado de tráfico de drogas por un alijo en Francia de 2.000 kilos de cocaína con el que también se relacionó a un príncipe saudí. Ha cumplido condena en Francia y Líbano, pero la Audiencia Nacional archivó el caso en España con el argumento de la Fiscalía Antidrogas de que ya estaba siendo investigado en el país vecino por los mismos delitos. En el diario del comisario Villarejo aparecen las gestiones que este hace para intentar librar de la causa a Marcet en 2008.

En su auto de abril de 2020, el juez despacha el secreto sobre éste y otros archivos de la siguiente forma: “Contiene información de carácter personal de los testigos protegidos y confidentes policiales, pagos realizados a los mismos, que ningún interés tienen a los efectos del proceso penal. Se trata de archivos afectados a los fines de las fuerzas y cuerpos de seguridad que, en principio, y salvo la grave irregularidad de ser encontrados en un domicilio particular de un empleado público jubilado, no tienen ningún interés para la investigación”.

Felpa, los años noventa

“En el marco de sus cometidos profesionales”. Con esta expresión, el juez Manuel García Castellón protege en el citado auto los documentos incautados al comisario en el interior de una carpeta denominada Felpa. Estos aluden, según el juez, “a informaciones que pudieran estar vinculadas con funciones asignadas al investigado José Manuel Villarejo Pérez en el marco de sus cometidos profesionales”.

Algunas de ellas se refieren al funcionamiento interno del CESID, del Ministerio del Interior y, fundamentalmente, de la Dirección General de la Policía; material documental que se considera afectado por la vigente legislación sobre secretos oficiales“, añade el juez. Llama la atención en este apartado la referencia al CESID, la antigua denominación del CNI. El comisario defiende con insistencia que siempre ha colaborado con el servicio secreto y que sus actuaciones estuvieron amparadas por éste. Ese discurso siempre ha sido tomado por los investigadores como un intento de protegerse de las acusaciones que recibe el comisario. ¿Podía tener en su poder Villarejo documentación sobre ”el funcionamiento interno“ del antiguo CNI sin haber colaborado con él?