La Comunidad de Madrid avaló en una resolución el pasado 12 de febrero la legalidad de las obras planteadas por el Gobierno para sacar el cuerpo del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo hizo días antes de que el juez José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado número 3 de Madrid y muy significado contra las leyes de memoria histórica, aceptase la pasada semana suspender cautelarmente el informe del Ayuntamiento de El Escorial que avalaba la operación para desenterrar los restos.
La resolución de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, a la que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza así suspender los efectos del informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que estableció que el proyecto de actuaciones para realizar la exhumación planteada por el Ejecutivo cumple con la ordenación urbanística del municipio.
En el informe que sirve de base a la resolución, la Dirección General de Urbanismo y Suelo del Gobierno de Ángel Garrido coincide con la instrucción del procedimiento que se ha seguido por el Consejo de Ministros y rechaza los argumentos de las denuncias en todos los aspectos que plantean.
La Comunidad de Madrid desdeña los informes de los arquitectos de la Fundación Francisco Franco, despojándolos de cualquier valor pericial. En su dictamen la Administración afirma que “la obra pretendida es estrictamente la necesaria para proceder a una exhumación de un cadáver y consistirá en la retirada de la losa existente, y tras la exhumación la reposición del solado original”.
El “amparo legal”
“Tampoco se puede pretender que la referida protección del bien impida una simple exhumación de un cadáver, acción que tiene amparo legal”, añade el informe de la administración regional.
“En ningún caso se estaría en el supuesto de infracción patente, notoria y evidente, más allá de que es precisamente el organismo encargado de la protección del bien, el Patrimonio Nacional, el que va a ejecutar los trabajos, el cual es el organismo público encargado de la gestión del patrimonio histórico nacional de España proveniente de la Corona”, zanja el Gobierno regional en su respuesta a las demandas de paralizar la exhumación.
La resolución de la administración madrileña señala, además, que en ningún caso hubiese sido posible aplicar el artículo 197 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, como pretendían los denunciantes para solicitar la suspensión de los efectos de la licencia, porque dicho artículo exige que para decretar la paralización las obras estas deben estar en curso.
La Comunidad de Madrid, por todo ello, cierra la puerta a la suspensión de las obras que pretendían las denuncias, y aporta más argumentos a la legalidad del procedimiento que se está siguiendo para la exhumación de los restos de Franco.
Denuncias en masa
La resolución de la administración regional respondió así el pasado 12 de febrero a las numerosas denuncias “de contenido idéntico” que le hicieron llegar distintos particulares con la intención de suspender el desentierro del dictador. Demandas parecidas habían recibido también en masa y de forma coordinada el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y distintos tribunales.
Ante todas esas actuaciones, solo el juez Yusty Bastarreche –que en un artículo académico consideró que la Ley de Memoria Histórica provoca “agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil”–decidió suspender cautelarmente las obras atendiendo los informes presentados por arquitectos de la Fundación Francisco Franco y al no ver “urgencia” para exhumar al dictador.
Tal y como adelantó este diario, otros tres jueces rechazaron en quince ocasiones la suspensión del permiso urbanístico municipal que autoriza la obra que hay que hacer en la basílica del Valle de los Caídos.
Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el “levantado del pavimento de mármol, la retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar”.