Algunas de las cinco condiciones que impone Albert Rivera para cerrar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez no son inasumibles para el PSOE. De hecho, tres de ellas figuran casi literalmente en el programa electoral del 20D. El presidente de Ciudadanos ha exigido una “reforma exprés de la Constitución” para suprimir los aforamientos, reducir el número de firmas necesarias para que se tramiten las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), despolitizar la Justicia, la supresión de las diputaciones y limitar los mandatos a ocho años.
Los socialistas abogan exactamente igual que Ciudadanos para eliminar los aforamientos y limitarlos a la actividad política de quienes los disfrutan. Esa premisa figuraba en el programa electoral de Sánchez al igual que limitar a dos legislaturas los mandatos presidenciales. En cuanto a las ILP, el PSOE también planteaba reducir el número de firmas necesarias para que se tramiten en el Congreso. Ciudadanos plantea que el requisito se rebaje a la mitad (250.000) mientras que los de Sánchez propusieron que se redujeran a 300.000.
Respecto a la despolitización de la Justicia, Rivera lo ha dicho en términos muy genéricos. El programa electoral del PSOE no decía nada sobre cambiar los modelos de elección de los miembros de los organismos judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Supremo.
No obstante, ambas formaciones anunciaron la semana pasada haber alcanzado ya un acuerdo en materia de regeneración democrática en el que incluían un modelo determinado de selección para esos puestos que, entre otras medidas, prevé requisitos mínimos para presentarse y un tribunal examinador escogido a propuesta de los grupos del Congreso y mediante un proceso de insaculación.
Ciudadanos aboga por eliminar las diputaciones. El PSOE se limita a decir que quiere “modernizar” esos órganos provinciales. Alfredo Pérez Rubalcaba admitió en 2011 que son instituciones que “sobran” en su configuración actual, aunque el PSOE no ha dicho explícitamente que deban eliminarse.
A pesar de la práctica coincidencia del PSOE en tres de las cinco exigencias que ha hecho Rivera y de haber cerrado un acuerdo en lo que se refiere a la despolitización de la Justicia y otros organismos constitucionales y reguladores, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que hay aún “escollos importantes” para cerrar definitivamente el acuerdo con el PSOE y que su partido está “apretando” para que acepte la “reforma exprés de la Constitución” para incluir esas cinco condiciones.
Podemos también coincide
Las cinco exigencias de Rivera tienen incluso más coincidencias con lo que ha defendido Podemos desde su nacimiento. La 'directiva Villarejo', una batería de medidas anticorrupción que presentaron los de Iglesias antes de las europeas de 2014, defendía la limitación de los mandatos a dos legislaturas así como la eliminación del “privilegio” de los aforamientos. No obstante, esas dos propuestas no figuraban en el programa electoral del 20D.
Respecto a las ILP, Podemos quiere facilitar su tramitación, aunque el programa no especificaba si se pretendía reducir el número de firmas para poder forzar al Congreso a admitir a trámite el texto. “Eliminaremos las trabas actuales: desde los estrictos requisitos para su presentación hasta la falta de debate parlamentario”, rezaba el programa.
En cuanto a la eliminación de las diputaciones, Podemos está de acuerdo, aunque de una forma más escalonada que la que plantea Rivera. Su programa electoral recoge la “progresiva asunción de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta su supresión constitucional”. Los de Pablo Iglesias sostienen que debe haber una “coordinación autonómica de as actuales funciones de las diputaciones provinciales”.
Podemos también apuesta por despolitizar la Justicia y acabar con las cuotas de poder que tradicionalmente se han repartido PP y PSOE. No obstante, en su programa electoral difiere tanto del acuerdo que han alcanzado Ciudadanos y PSOE así como de la propuesta que realizó Rivera en campaña. Una de las principales diferencias es que el partido de Iglesias quiere que los miembros del CGPJ se elijan mediante consulta directa a los ciudadanos mientras que el de Rivera planteó eliminar el órgano de gobierno de los jueces y que sus funciones pasaran directamente al Tribunal Supremo, cuyos miembros se elegirían por dos terceras partes del Congreso.