- El comisario europeo de Energía aparece en un email enviado por la vicepresidenta de Acuamed al director general de la empresa pública con motivo de la reunión que iban a mantener con FCC por la desaladora de Almanzora, según la SER
Primera prueba documental que vincula a Miguel Arias Cañete con el escándalo de Acuamed, según cuenta la SER. El actual comisario europeo de Acción Climática y Energía aparece en un correo enviado por la vicepresidenta de la empresa pública al director general de la sociedada. El motivo del email es la reunión que iba a mantener el exministro de Agricultura con FCC a cuenta de la desaladora de Almanzora, en el centro de la trama de las comisiones a cambio de adjudicaciones para esta y otras constructoras.
En el escrito, enviado por Liana Ardiles a Arcadio Mateo, la primera solicitaba al segundo un informe sobre la situación de la instalación almeriense por la reunión que iba a mantener Cañete con FCC. Para ello le pedía una nota “entre hoy y mañana”. Mateo tardó solo tres minutos en responder con un “por supuesto”. La fecha del email es el 18 de febrero de 2014. La desaladora había quedado inutilizada en el verano de 2012 por unas riadas, a lo que contribuyó su construcción en una zona inundable.
Este encuentro entre Cañete y FCC corresponde a la etapa en la que la constructora exigía una indemnización de 40 millones por la desaladora.
La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valiente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.
Lo dice el propio Velasco al afirmar: “Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”.