El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la placa y la pistola a tres agentes por verter amenazas de muerte a políticos de izquierdas y periodistas, alabanzas a Hitler y graves insultos racistas en un chat abierto para tratar sus reivindicaciones laborales. El caso lo investiga el juzgado número número 49 de Madrid, después de que uno de los policías, sindicalista afiliado a Comisiones Obreras, denunciase amenazas de muerte contra él. El denunciante se mueve ahora con escolta.
El Ministerio del Interior investiga desde septiembre improperios similares en otro grupo de Whatsapp de agentes de la Policía Nacional en Zaragoza que se citaron para protestar contra la presencia de los líderes de Unidos Podemos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y 400 cargos electos de partidos de izquierdas y nacionalistas en un acto en la capital aragonesa.
De nuevo fue una minoría de un colectivo integrado por 250 funcionarios policiales que integraban el chat la que monopolizó la conversación, repleta de ataques a distintos dirigente políticos de izquierdas. La red se había creado para reclamar la equiparación salarial de policías y guardias civiles a los cuerpos autonómicos.
Por la misma época, el Gobierno también se vio obligado a intervenir para frenar las llamadas despedidas patrióticas que se organizaron en algunos cuarteles de la Guardia Civil al contingente desplazado a Catalunya, con motivo del referéndum del 1 de octubre.
Las imágenes de la salida de los todoterrenos ondeando banderas españolas por las ventanillas entre gritos de “a por ellos” contribuyeron a cargar todavía más la atmósfera en Catalunya, donde parte del independentismo utilizó los vídeos como prueba de que acudían a invadirlos. El ministro Juan Ignacio Zoido dictó instrucciones para que el instituto armado no patrocinase esos homenajes y evitar que tuviesen lugar en instalaciones oficiales.
Un portavoz del Ministerio del Interior asegura a eldiario.es que el departamento de Zoido “condena este tipo de manifestaciones y muestra tolerancia cero con cualquier expresión de violencia o contenido ultra”. La investigación por lo ocurrido dentro del recinto de la Guardia Civil en Córdoba -Interior asegura que esto y no lo acontecido fuera es su competencia- continúa instruyéndose sin que todavía haya conclusiones.
En cuanto a la participación de policías nacionales en la protesta contra Unidos Podemos, el Ministerio no ha abierto ningún expediente porque espera a que concluya la causa penal abierta. Será entonces cuando se analice si hay responsabilidades reglamentarias, según marca la normativa interna.
El afloramiento de comportamientos ultras en las Fuerzas de Seguridad es un asunto complejo que mezcla cuestiones de distinto tipo: la reivindicación de sindicatos y plataformas para lograr que policías y guardias civiles cobren igual que los Mossos y la Ertzaina, las clásicas diputas por competencias entre fuerzas policiales y una desconfianza generalizada de Policía Nacional y Guardia Civil en los Mossos, fundamentalmente en sus mandos, a quienes acusan de inacción durante el referéndum independentista y las polémicas cargas del 1 de octubre.
Conservadores, no ultras
Es sabido que históricamente la mayoría de profesionales que integran las Fuerzas de Seguridad son personas con tendencias políticas conservadoras que sitúan por delante de otras preocupaciones cuestiones como la unidad de España. Cosa distinta es que haya excepciones y funcionarios que se sitúen fuera del marco constitucional y que en estos últimos meses con la polarización que ha propiciado el procés hayan decidido expresarlo en foros públicos.
Dirigentes que conocen bien las distintas policías por dentro aseguran que la ideología conservadora de muchos de los miembros de las Fuerzas de Seguridad no se tradujo, por ejemplo, en hostilidad hacia los gobiernos del PSOE por parte de los mandos o la base de los Cuerpos . “Tampoco había whatsapp en esa época”, asegura con cierta sorna un dirigente socialista que tuvo altas responsalibilidades en Interior.
La experiencia de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha sido distinta desde el principio. Los sindicatos de la Policía Municipal recibieron en pie de guerra al primer gobierno de izquierdas en 24 años en la capital de España. Las reivindicaciones laborales de la plantilla se tiñeron de un fuerte contenido ideológico. Al concejal de Seguridad Javier Barbero lo perseguieron por la calle decenas de funcionarios policiales durante una protesta laboral entre banderas de España y gritos de “perroflauta” o “rojo de mierda”.
Que en los últimos meses el conflicto catalán ha excitado los ánimos de un sector minoritario de las Fuerzas de Seguridad que simpatiza con ideas de ultraderecha no es un secreto para nadie. Y, paradójicamente, se produce 40 años después del restablecimiento de la democracia y en un momento en el que los agentes que ingresaron en las Fuerzas de Seguridad en los estertores del franquismo o los primeros años de democracia o se han jubilado o están próximos a hacerlo.
Un sindicalista policial, con los nazis
En una de las protestas en la estación de Atocha en Madrid, entre el colectivo de ultras que acudieron a recibir a los dirigentes independentistas que llegaban en Ave para declarar en el Tribunal Supremo estaba el líder de un sindicato de la policía municipal, Julián Leal, que presentó su renuncia cuando se airearon sus fotos junto a los integrantes del grupo neonazi de Hogar Social Madrid.
Leal sigue sin embargo como presidente de la Junta Local de Personal, el órgano que aglutina a las centrales sindicales, en representación del sindicato mayoritario, Colectivo Profesional de la Policía Municipal, y tiene un asiento como observador en el tribunal que examina a los aspirantes a entrar en el cuerpo local, según avanzó eldiario.es. El Ayuntamiento de Madrid valora retirar al antiguo dirigente sindical de ese tribunal.
En el Gobierno de Manuela Carmena existe el convencimiento de que hay un problema en la policía municipal donde la gran mayoría de los funcionarios tienen un comportamiento ejemplar, pero también existen grupos más o menos organizados de simpatizantes de ultraderecha, además de policías muy enfrentados al equipo de Ahora Podemos, ya sea por diferencias ideológicas o por pérdidas de privilegios. “Los chats son la punta del iceberg de un problema que empezamos a detectar y que no puede ir a más”, señala una fuente municipal que admite preocupación entre los miembros del Gobierno que se ha personado en la causa en la que están imputados tres de sus agentes. Este lunes declararan en un juzgado de Plaza de Castilla como imputados acusados de un delito de amenazas contra el compañero que denunció sus comportamientos en las redes sociales.