La Mesa del Congreso ha aprobado este jueves un Código de Conducta para los diputados, aplicable a partir de la próxima legislatura, que obligará a los nuevos parlamentarios a publicar sus intereses económicos particulares, abriendo la puerta a inhibirse en votaciones donde pueda haber conflicto. También deberán dar a conocer en su agenda diaria sus reuniones con grupos de influencia o 'lobbies', y rechazar todos los regalos que no sean de mera cortesía o de familiares.
Con este código se dará cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) realizó al legislativo español hace más de cinco años, cuando avisó de que, además de hacer una declaración de intereses económicos, bienes y actividades complementarias, sus señorías deberían dar cuenta de otros datos que pueden ser de interés y que ya han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.
Según el texto aprobado, al que ha tenido acceso Europa Press, los nuevos diputados elegidos el 28 de abril no sólo deberán presentar las dos declaraciones que ya se exigen al acreditarse en el Congreso, una sobre bienes y patrimonio y otra de actividades, sino que tendrán que adjuntar una tercera declaración de “intereses económicos”.
PUBLICAR LOS VIAJES E INVITACIONES RECIBIDOS
En ese escrito, que será público, los diputados deberán detallar las actividades privadas que le han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado, así como las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales, que pudieran reflejar algún tipo de interés económico.
El texto señala que los diputados deberán “tomar todas las medidas necesarias” para evitar un conflicto de intereses que pueda poner en duda su objetividad e independencia y, si no se puede resolver, deberá comunicarlo antes del debate y votación del punto que le afecte.
El Congreso creará una Oficina de Conflicto de Intereses dirigida por un letrado para asesorar a sus señorías y a la Mesa de la Cámara sobre la aplicación del Código de Conducta y para hacer comprobaciones de las declaraciones presentadas por los parlamentarios.
LAS SANCIONES, LAS DEL REGLAMENTO
Eso sí, este nuevo órgano no investigará a sus señorías, sino que esa labor seguirá estando residenciada en la Comisión del Estatuto del Diputado que contempla el Reglamento y de la que forman parte un miembro de cada grupo parlamentario.
El Código de Conducta, que finalmente se ha traducido en un acuerdo de Mesa y que no tendrá la misma fuerza legal de una Resolución de Presidencia, no contemplará sanciones para quienes lo incumplan y se remite a las previstas en el Reglamento del Congreso, que es la norma de rango superior.
En otro punto se indica que los diputados deberán hacer pública en el Portal de Transparencia del Congreso su agenda de actividades institucionales y sus reuniones con “lobbies”. A falta de que la Cámara detalle una definición de estos grupos de interés, ya que la tramitación de la reforma reglamentaria al respecto no acabó de arrancar, este Código de Conducta define como 'lobby' a aquellas como personas físicas o jurídicas que se comuniquen con cargos públicos en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos para influir sobre cuestiones relacionadas con la redacción de iniciativas legislativas.
Por otro lado, el Código Ético establece que los diputados se abstendrán de recibir obsequios o beneficios que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta. En el texto sólo son aceptables los regalos de mera cortesía o aquellos personales de amigos y familiares.
Por último, y en cuanto a las misiones de observación electoral en el extranjero, el Código de Conducta subraya que los diputados sólo podrán participar en tareas autorizadas por la Mesa del Congreso y tendrán prohibido recibir gratificaciones de ninguna clase.