Las declaraciones de bienes que los diputados presentan en el Congreso carecen de los mínimos criterios para garantizar un verdadero ejercicio de transparencia por parte de los parlamentarios españoles. Los diputados electos se limitan a cubrir un cuestionario en el que cada uno justifica hasta donde quiere el nivel de intereses y posesiones que le afectan sin que ningún órgano se encargue de velar por la veracidad o imprecisión de la información facilitada por sus señorías. Se trata de documentación desactualizada, imprecisa y sin valor documental a efectos legales.
Los diputados y senadores españoles están obligados a presentar una declaración de bienes y rentas cuando toman posesión de su escaño. Esta medida, que se viene realizando desde su inclusión en el Estatuto del Diputado en julio de 2011, buscaba responder a las demandas de transparencia que la ciudadanía reclamaba y fue tenida en cuenta poco después del estallido del 15M.
El impreso oficial para presentar la declaración que los servicios internos del Congreso y el Senado proporcionan a sus señorías consta de varios apartados, en los que de desgranan rentas, salarios, deudas y propiedades inmobiliarias y de otra índole. Se excluyen las retribuciones percibidas por su cargo público, pues estas ya son públicas.
En el artículo 18 del Estatuto del Diputado no se establecen los criterios para cubrir dicho formulario, ni tampoco se hace en el mismo documento. Por poner un ejemplo, los diputados non tienen obligación de especificar la extensión de las viviendas, locales comerciales o fincas que les pertenezcan, ni tampoco el modelo de los vehículos, embarcaciones y aeronaves [sic] que posean.
Desde el colectivo Qué hacen los diputados llevan años denunciando esta situación y otras similares. “No hay un estándar de datos, hemos hecho nosotros el trabajo”, denuncia su portavoz. “Además estos datos no se contrastan con otros organismos del Estado, como Hacienda, lo que nos parece detestable”.
Esta situación tiene como consecuencia que muchas de esas declaraciones ofrecen tanta imprecisión que raya el surrealismo. Veamos algunos ejemplos. En el capítulo de “vehículos, embarcaciones o aeronaves” de su declaración de bienes, el diputado del PP Carlos Floriano declara poseer el 50% de dos “vehículos”.
Es de suponer que con el sustantivo “vehículos” el diputado popular se refiere a dos automóviles, aunque no ofrezca datos sobre modelo y presumible valor de los mismos. Los “vehículos” que Floriano tiene a medias podrían ser, no obstante, de cualquier otra condición (barcos, aviones...) pero la ambigüedad de su declaración impide conocerlo.
La ambigüedad de Floriano se repite en muchas otras declaraciones de diputados de todos los partidos. Es el caso de Emilio Olabarría, diputado del PNV, que declara poseer dos “viviendas”, sin especificar tipología, metros y valor de las mismas.
Sin embargo, no todos aprovechan el amplio margen de detalle que permite el Congreso y algunos prefieren declarar con detalle el listado de lo que poseen. En este grupo se sitúa el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, que en su declaración explicita que su vivienda tiene una extensión de 55 metros cuadrados.
El caso de los diputados que han abandonado su escaño es todavía más llamativo: aunque mantienen un perfil en la web del Congreso, el enlace para acceder a su declaración de bienes ha sido eliminado, pese a que este no ha sido borrado de los servidores. Este es el caso de Miguel Arias Cañete, cuya declaración está disponible debido a que el enlace a ella había sido incluido en varias informaciones.
Los ciudadanos deben fiarse de la buena fe de sus representantes. Los datos que estos declaran al Congreso y al Senado no están contrastados con la agencia tributaria u otros organismos para comprobar su veracidad. En caso de que se descubran que estos son falsos, los diputados tampoco se enfrentarían a una acusación de delito de falsificación de documento público, pues esta declaración no tiene esa consideración.
El reglamento del Congreso de los Diputados no recoge ninguna medida en este sentido. La normativa que regula todo lo referente al funcionamiento de la cámara de representantes se encuentra en estos momentos en proceso de modificación.
“Existe un debate abierto en la Comisión de Reglamento del Congreso para modificarlo”, explica el representante socialista en este órgano, Pablo Martín. La intención es incluir en él medidas de transparencia más concretas. “No puede ser que en las declaraciones de bienes y rentas no se especifique el modelo de coche o la extensión de las viviendas”, denuncia el diputado, “pues alguien puede empezar la legislatura con un seiscientos y acabarla con un coche de 120.000 euros”. “Aun queda mucho por hacer”, afirma Martín.