El Congreso de los Diputados se ha visto obligado a modificar el contrato para la prestación del servicio de agencia de viajes de las Cortes Generales porque beneficiaba a El Corte Inglés. El texto inicial, que fue recurrido, recogía un requisito que sólo cumple esta empresa y otra cláusula que le favorecía por tener un mayor conocimiento del funcionamiento del Parlamento debido a que es la compañía que actualmente tiene adjudicado ese servicio.
El contrato, valorado en 3,3 millones de euros para dos años, prevé que la agencia adjudicataria organice los viajes de las delegaciones parlamentarias, es decir, los que sean oficiales. Una empresa interesada recurrió las bases del contrato al entender que El Corte Inglés salía beneficiado. El concurso se suspendió hasta que la Mesa de Contratación del Congreso ha resuelto el problema. Finalmente, ha eliminado esas dos cláusulas y ha seguido adelante con el proceso.
Uno de los requisitos que ha sido anulado es el que valoraba la presencia de la agencia en estaciones de tren -especificaba las del AVE- y en aeropuertos para dar cobertura a los viajeros en tránsito. “Singularmente en la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas”, recogía el anexo económico. Sólo la agencia de viajes de El Corte Inglés tiene una oficina en esa terminal del aeropuerto madrileño. Además, cuenta con una importante red en estaciones de Renfe. El recurrente entendía que esa cláusula se había redactado ad hoc para esa empresa.
El otro requisito que ha desaparecido ha sido el que valoraba la oferta de mejoras que pudieran interesar al Congreso para la “modernización de la Administración parlamentaria”. “El reclamante consideraba que esa cláusula generaba indefensión para quien no conociera el funcionamiento interno de la agencia del Congreso”, expresan fuentes conocedoras del procedimiento. De nuevo, según ese criterio, El Corte Inglés salía beneficiado porque, al tener el contrato vigente, es capaz de ofrecer servicios más acordes a las necesidades que hayan surgido en este tiempo.
Fuentes del Congreso explican que los puntos que El Corte Inglés podría haber obtenido gracias a esas dos cláusulas podrían haber sido “decisorios” para la adjudicación. La anulación de esos dos requisitos “garantiza que no haya ninguna duda de que se ha tenido la máxima objetividad”, añaden esas fuentes.
3,3 millones de euros sin transparencia
El Corte Inglés se hizo en 2011 con el contrato del servicio para la organización de los viajes de las delegaciones parlamentarias -incluidos los billetes, los hoteles y el alquiler de vehículos- tras la quiebra de Viajes Marsans, que era el anterior adjudicatorio. A partir de enero de 2015, fecha en la que caduca el contrato vigente, comenzará a operar el nuevo, valorado en 3,3 millones de euros para los próximos dos años.
No obstante, el valor total puede superar los 7,4 millones de euros ya que se prevé que se prorrogue dos años más (hasta finales de 2018) y, además, el Congreso puede aprobar un incremento del presupuesto anual de hasta el 20% en el caso de que el “volumen de actividad internacional” lo exija.
En definitiva, la cifra final es orientativa ya que depende de los viajes oficiales que se realicen. Además, este dato no es conocido, ya que el Congreso informa de las visitas parlamentarias que se realizan, pero no del dinero que le cuesta cada una al erario público.
No se pagan gastos de gestión
Por otro lado, los pliegos de contratación establecen mejoras en la cobertura de los seguros de los parlamentarios frente al resto de los ciudadanos. Así, uno de los requisitos que se valora es la mejora de la oferta respecto a la cobertura de los riesgos. En concreto, se refiere al “importe de la cobertura por fallecimiento o incapacidad permanente que mejore la establecida en el pliego de prescripciones técnicas particulares (750.000 euros)”. También pide la mejora del importe por pérdida de equipajes, que sitúa en 1.200 euros.
Otro de los beneficios que tiene este contrato para los diputados es que, en caso de que utilicen la agencia de viajes con propósitos personales, no se les aplicarán los gastos de gestión. “Se autoriza a la empresa a prestar cualquier tipo de servicio, propio del ámbito de actuación de las agencias de viaje, que el personal de las Cortes Generales desee contratar a nivel particular por el que no se cobrará ningún gasto de gestión”, recogen las bases del contrato. Esa ventaja incluye a todas las personas que trabajan en el Parlamento a las que “se aplicarán las mismas condiciones ofertadas oficialmente al Congreso”.