Tres nombres de culpables y otros tantos de víctimas en apenas un folio de extensión. En eso han quedado las conclusiones de la comisión del Congreso sobre el uso partidista de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y en el breve texto, una de las claves de cómo sobrevivió esa estructura paralela en el seno de la cúpula del Cuerpo durante más de cuatro años: el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, destinar formalmente a los policías a un puesto que no pisaban mientras estaban liberados para espiar a la oposición.
Uno de los ejemplos más claros de ese uso fraudulento aparece en la documentación enviada al Congreso por el actual Ministeiro del Interior. Se trata del caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015 figuró en el catálogo de puestos de trabajo como jefe de sección operativa en Casa Real. Fuentes Gago no pisó jamás Zarzuela, pero en ese periodo de tiempo viajó a Barcelona una decena de veces.
En la nómina de responsables de la “persecución de adversarios políticos” que señala la Comión están el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, al que atribuyen “conocimiento y consentimiento”; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien impartió “instrucciones”; y el número dos de éste, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, responsable de las órdenes para la creación de la policía política.
Los tres comparecieron ante la comisión de Interior. El uso tramposo del catálogo de puestos de trabajo apareció de forma reiterada en el interrogatorio a Pino, quien aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tener a Fuentes Gago en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander. La portavoz del Grupo Unidos Podemos, Irene Montero, no lograba salir de su asombro.
La presentación de una fachada como algo totalmente regular es un argumento del Ministerio del Interior desde que eldiario.es desvelara en noviembre de 2014 que una estructura secreta se escondía en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino. Su principal función entonces eran las investigaciones prospectivas de casos de corrupción en políticos separatistas.
En aquella información se mencionaba la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), otro ejemplo de pirueta burocrática para esconder su verdadera función. La UPEC es la fusión en tiempos de Pino de dos estructuras ya existentes. Donde antes había una veintena de funcionarios, se pasó a 110 tras la fusión. Las atribuciones de la UPEC, sin embargo, fueron las mismas que antes de la fusión, supuestamente.
Asuntos Internos, la opacidad
Otro ejemplo de fraude fue la manipulación de la unidad más opaca de la Policía, Asuntos Internos, para cometidos distintos del que tenía atribuido en exclusiva: investigar delitos con policías implicados. En su seno se alojó la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), puesta en marcha en 2012, pero que no fue regularizada hasta una instrucción de 2015 que causó estupor en el seno de la Policía. La BARC de Asuntos Internos podía acceder a la información de cualquier caso que considerara conveniente.
La excusa de su existencia era revisar actuaciones policiales erróneas o deficientes. Se da la circunstancia de que el Eugenio Pino consideró rápidamente que dos de ellas podían ser la investigación del 11-M, el atentado ocurrido tres días antes de la victoria electoral de Zapatero, y el caso Faisán, el chivatazo policial a una red de cobro del impuesto revolucionario de ETA en pleno proceso de paz de 2006.
La actuación de la BARC, por tanto, sitúa al PSOE como una de las tres víctimas de la policía política, según las conclusiones de la comisión del Congreso. Los otros dos perjudicados a los que se nombra en el folio de las conclusiones son “el nacionalismo catalán”, y es aquí donde se cita el caso de Xavier Trias por la cuenta falsa en Suiza, y Podemos, por la redacción y difusión en determinados medios del informe PISA sobre la falsa financiación irregular de Podemos, según determinó la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Las citadas conclusiones, según las fuentes que han tenido acceso a su textual, reprocha al Gobierno su falta de colaboración con la comisión de investigación. “Debe señalarse que la información requerida ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. No ha estado disponible de manera esencial para las comparecencias del exministro del Interior y del exdirector general de la Policía”, se quejan la mayoría de los partidos que han votado el texto. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.