El abrupto cierre de la comisión de investigación sobre la policía política hace prever un desacuerdo total en las conclusiones de la misma, lo que reduce las posibilidades de que el Congreso aporte luz a las maniobras policiales contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El PSOE ha vuelto a votar con PP y Ciudadanos para evitar nuevas comparecencias, justo después de que el máximo responsable de esas maniobras, el comisario Eugenio Pino, se excusara ante los diputados en que está inmerso en dos procesos judiciales para no responder a preguntas clave sobre su actuación.
Pino, sin embargo, deberá responder en septiembre en uno de esos procesos judiciales. Según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas, el exdirector adjunto operativo de la Policía declarará como imputado el 13 de septiembre. Seis días después lo hará por videoconferencia su antiguo subordinado, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, actualmente destinado en México.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11, Juan Javier Pérez, ha citado a ambos policías para que aclaren de dónde y cómo obtuvieron la información que intentaron introducir en la causa de los Pujol a través de un pendrive aportado a la Audiencia Nacional.
El juez Pérez ha imputado a Pino después de que su compañero de la Audiencia Nacional José de la Mata remitiera la causa a los juzgados de Plaza de Castilla. De la Mata había abierto una pieza separada ante el temor de que el pendrive pudiera anular toda la investigación contra los Pujol. Los testimonios recabados antes por el juez hicieron aflorar los métodos irregulares de la Operación Cataluña.
De la Mata concluyó: “No solo no ha podido determinarse que la obtención de documentos incluidos en ese 'pendrive' haya sido legítima, sino que, al contrario, ha quedado establecido que la autoridad policial”, concretamente Pino, “dio instrucciones incorrectas” a las unidades operativas a través de su subordinado para que incluyesen en el caso Pujol documentos cuyo origen y modo de obtención se ocultaba. Con esas conclusiones, el juez Pérez ha citado a Pino imputado por fraude procesal, prevaricación y falso testimonio. De la Mata está convencido de que el comisario le mintió durante su declaración en la Audiencia Nacional.
Más de una veintena de veces ha repetido Pino ante la comisión de investigación que no contestaba a las preguntas de los diputados para no perjudicarse en los procesos abiertos. También lo hizo cuando se le preguntó por cuestiones que no están inmersas en causa judicial alguna, como el informe PISA sobre la presunta financiación irregular de Podemos, confeccionado por sus subordinados en la Dirección Adjunta Operativa y sobre el que se negó a aportar dato alguno.
Otras veces Pino faltó simplemente a la verdad. Ocurrió al intentar culpar a su antecesor en el cargo de la vuelta de José Manuel Villarejo al servicio activo desde la excedencia. Villarejo regresó en 1993 y Miguel Ángel Fernández Chico, que no podrá darle la réplica al haber fallecido, fue designado DAO en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Eugenio Pino también aludió durante su comparecencia a otra causa en la que sigue imputado por injurias y calumnias. La querella fue presentada por Xavier Trias después de que el comisario insistiera en febrero, en una entrevista a El Mundo, en que tuvo una cuenta en Suiza. Ante la jueza Raquel Robles González, titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Pino declaró el pasado 13 de junio que no sabe “muy bien” quién es la fuente de la falsa información sobre Trias, al tiempo que siguió dudando de que se hubiera equivocado.
Un tercer juzgado de Madrid, el número 2, mantiene imputado a Villarejo, a su mujer y a un antiguo periodista de la web que dirige ella. Se trata de una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás en la que el comisario jubilado está acusado de realizar y difundir una grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI.
Al frente de esa investigación estuvo Marcelino Martín-Blas, enemigo de Villarejo y distanciado de Eugenio Pino. Martín-Blas pidió imputar al exdirector operativo, entre otros, el verano pasado, pero el juez Arturo Zamarriego rechazó esa posibilidad. Ahora, Zamarriego ha ascendido a la Audiencia Provincial y ha sido sustituido por María del Pilar Martínez Gamo.
La magistrada, a pesar de la oposición de la Fiscalía, sigue adelante con las pesquisas y se ha negado a separar un número indeterminado de piezas secretas abiertas por su antecesor. Recientemente ha confirmado a la comisión judicial, la que dirigió Martín-Blas hasta su jubilación en abril, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.
En el marco de esa causa, el comisario Villarejo habló por primera vez de la Operación Cataluña y confesó los datos que Interior siempre ha negado sobre las maniobras contra el proceso soberanista. En el Congreso, Pino ha dicho que si el jefe de Asuntos Internos viajó en 19 ocasiones a esa comunidad autónoma no era para investigar a políticos catalanes si no porque una joyería había regalado caros relojes a miembros de todos los cuerpos policiales, también el suyo.
Ante el juez Zamarriego, Villarejo declaró: “Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él (Martín Blas, jefe de Asuntos Internos) se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”.